La Asamblea en la que representantes de organizaciones de la sociedad civil discutieron y aprobaron, hace días, la Propuesta a la Nación para Cambiar el Rumbo del País. (LA PRENSA/Archivo/ B. Picado)

CC insiste en plan para el desarrollo

Sociedad civil reitera propuestas al Gobierno para resolver problemas sociales, económicos y políticos [doap_box title=»Falta de políticas impedirá captar recursos» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Irvin Larios, del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), dice que si después de dos años y medio el Gobierno no ha podido hacer un Plan Nacional de Desarrollo, ni ha retomado […]

  • Sociedad civil reitera propuestas al Gobierno para resolver problemas sociales, económicos y políticos
[doap_box title=»Falta de políticas impedirá captar recursos» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»]

Irvin Larios, del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges), dice que si después de dos años y medio el Gobierno no ha podido hacer un Plan Nacional de Desarrollo, ni ha retomado el que dejó el ex presidente Enrique Bolaños, lo más adecuado es que acoja el documento presentado por la Coordinadora Civil, que cuenta con un “mar de propuestas para beneficio de la nación”.

Recuerda que un país no puede funcionar sin un Plan Nacional de Desarrollo, porque la cooperación se alinea a ellos y cuando no existe hay dificultad para captar recursos.

A pesar de la reacción violenta de grupos afines al Gobierno ante la presentación de la Propuesta, dice que seguirán promoviéndola. En los próximos días instalarán las mesas de trabajo con la cooperación internacional, diversos sectores económicos y sociales y con los técnicos del Gobierno, aunque ellos digan que tienen orden del Consejo de Comunicación que preside la primera dama Rosario Murillo de no relacionarse con organizaciones ajenas a los CPC.

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La furia desatada por las turbas progubernamentales contra los miembros de la Coordinadora Civil (CC) hace más de diez días, opacó la discusión de la Propuesta a la Nación para Cambiar el Rumbo del País.

El documento, que surgió como alternativa a la falta de un Plan Nacional de Desarrollo, fue concretado después de varios meses de consulta con diversos sectores de la población y ofrece solución a problemas graves que afectan a la sociedad.

La Propuesta fue aprobada por las 23 redes temáticas y territoriales que forman la CC, durante su Asamblea General anual que se desarrolló el 8 de agosto, horas antes del ataque de las turbas. Algunas de las propuestas que contiene sugieren respaldar al Gobierno, especialmente en aquellas políticas que benefician a los más pobres y excluidos del país, dice Irvin Larios, director del Instituto de Investigaciones y Gestión Social (Inges).

PROPUESTA ECONÓMICA

El documento ofrece solución en tres campos. En el económico, sugiere poner en práctica políticas anticíclicas, para contrarrestar el efecto de la crisis económica mundial.

Según el economista Adolfo Acevedo, para lograrlo es indispensable implementar una política fiscal expansiva e incrementar la inversión pública en infraestructura básica, mediante un manejo más adecuado de las reservas internacionales; la promoción del acceso a programas internacionales de Derechos Especiales de Giro y a través de la incorporación de la cooperación venezolana al Presupuesto General de la República. Para esto sería necesaria una forma fiscal.

“Registrar el crédito venezolano en el presupuesto es una necesidad para financiar la inversión pública. Además, es para aprovechar una oportunidad que el país nunca había tenido, porque son al menos 300 millones de dólares adicionales”, afirmó Acevedo.

También se recomienda promover una negociación con el Fondo Monetario Internacional (FMI) que permita ampliar la disponibilidad de crédito para financiar las políticas anticíclicas y ampliar las recaudaciones fiscales a través de transformaciones progresivas en el sistema tributario.

Según Acevedo, eso permitiría que “por primera vez los ricos de este país paguen lo que les corresponde”, ya que mientras mayor sea el ingreso mayor será el porcentaje que se pague en impuestos.

La propuesta también sugiere incentivar el ahorro de las empresas, disminuyendo la tasa de gravamen a los dividendos cuando sean retenidos, revisar exoneraciones y exenciones de impuestos, y limitarlas a lo dispuesto en la Constitución, fomentar la inversión mediante mecanismos alternos a los incentivos tributarios y reactivar la agricultura para garantizar la seguridad alimentaria de los más pobres. Además, se recomienda crear un banco de fomento que capte fondos para que pueda garantizar el financiamiento a la producción y que no esté politizado como el actual.

EN LO SOCIAL

En lo social, la propuesta contempla elevar al 7 por ciento el porcentaje del PIB que se invierte en Educación para aprovechar la ventana de oportunidades que ofrece el Bono Demográfico.

Según Larios, en este momento Nicaragua goza de la oportunidad que se presenta pocas veces y que consiste en que la población en edad de trabajar es mayoritaria. Sin embargo, este grupo mayoritario ve limitadas sus oportunidades porque su nivel escolar muy bajo, es por ellos que se debe aumentar la inversión en educación para capacitar a esta fuerza laboral para que pueda luchar en el marco de la economía global por mejores oportunidades.

Además, se contempla universalizar la educación primaria, lograr que al menos el 80 por ciento de los niños concluya la primaria y elevar los porcentajes de matrícula en la secundaria. Larios explica que es necesario poner especial interés para que esto se cumpla también en la zona rural.

Otras recomendaciones para el campo social son aumentar el porcentaje de inversión en el presupuesto para el sector Salud y redistribuir 35 millones de dólares del crédito asociado al suministro de petróleo venezolano, hacia inversiones en dicho sector.

LA PROPUESTA POLÍTICA

Larios dice que también las garantías políticas son un derecho humano que también debe respetarse, por eso la Propuesta estableció soluciones a estos problemas. Sugieren, promover un verdadero diálogo nacional inclusivo, restablecer el Consejo de Planificación Económica y Social (Conpes) y reformar la ley de participación ciudadana para incorporar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) para que no sigan actuando de manera ilegal.

Además, poner fin al tema del fraude electoral a través de un recuento de actas, renuncia o destitución de los magistrados del Consejo Supremo Electoral y reforma a la Ley Electoral mediante propuesta del grupo Promotor.

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