- Sacerdote dice que tuvieron que abrir las puertas de Catedral para evitar que turbas mataran a la gente
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Como una falta de respeto a un templo católico y a la propiedad privada calificó el Vicario de la Catedral de Managua, padre Bismarck Conde, los ataques que el sábado por la tarde perpetraron las turbas orteguistas contra miembros de la Coordinadora Civil (CC) en los predios de ese templo.
“Hay golpeados, heridos y piedras. Lo miro como falta de respeto. La gente pegaba gritos, pedía que se les abrieran las puertas de la iglesia para que no los mataran… y las piedras casi llegan hasta adentro del templo. Es triste ver esos grados de violencia cuando había un permiso de parte del Arzobispo para que la CC realizara un acto cultural en nuestros predios”, dijo el padre Conde.
Relató que al salir a auxiliar a los agredidos, uno de los dirigentes de la turba, Pedro Orozco, le aseguró que estaban ahí para realizar una jornada de limpieza y llevarse a los trabajadores de los cañaverales que acampan en protesta desde el 8 de marzo en ese mismo sitio.
Sin embargo, el sacerdote considera que fue “sólo una excusa” de las turbas para justificar “la confrontación” que provocaron, ya que la basura y los visitantes no desaparecieron. “Ahí se mira la mala intención”, dijo Conde.
Advirtió a las turbas que sólo Cristo se dejó crucificar sin protestar, pero entre los humanos, cuando se provocan confrontaciones, sale a relucir lo que se lleva en el corazón.
ESTANCAN A NICARAGUA
“Yo invitaría a los que andan dirigiendo a estos grupos, a que no inciten a la violencia porque insulto genera insulto y violencia genera violencia, odio genera odio. Así nos vamos polarizando, la sociedad se va destruyendo y Nicaragua se va estancando. ¿Qué país avanza así? Ninguno”, comentó Conde.
También los instó a ser “tolerantes y a madurar políticamente”. Si “había permisos expresos de la Iglesia y la Policía y ya todo estaba montado”, por qué provocar enfrentamiento en lugar de permitir que todos ejerzan su derecho a expresarse, se preguntó.
El religioso también considera una falta de respeto a la propiedad privada el que Orozco, uno de los líderes de las turbas orteguistas, haya querido amedrentarlo, diciendo que la Iglesia no puede prestar los terrenos para actividades políticas.
“La Iglesia nunca prestaría el local para actos políticos y mucho menos para provocar confrontaciones”, dijo Conde, y añadió: “No sé quién es el joven, no lo conozco, pero no tiene por qué venir a decir lo que tenemos que hacer o disponer en una propiedad privada… Pero traté de ser pacífico, para evitar más confrontación”.
Enfatizó que la Iglesia tiene la autoridad y puede hacer en sus tierras las actividades que desee, en beneficio de la feligresía y de la población. Añadió que podrían retomar la idea de cercar el terreno y esperan que ahora, que se ha desechado la idea de construir un paso a desnivel en la zona, la Alcaldía no les vuelva a negar el permiso para hacer un muro alrededor de Catedral.
Conde dijo que hoy, más que nunca, es importante retomar la iniciativa de la Conferencia Episcopal de que todos los sectores establezcan un diálogo sincero por el bien del país.
DESTRUYEN A LA POLICÍA
La directora del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh), Vilma Núñez de Escorcia, considera que la pasividad de los agentes de la Policía y la impunidad que les otorgan a las turbas orteguistas que agreden a la población, “ante su vista y paciencia”, demuestra que el presidente Daniel Ortega está llevando a la institución hacia una “avalancha de destrucción”.
El régimen de Ortega está descomponiendo la mente de los agentes policiales, para convertirlos “en potenciales criminales”, afirmó Núñez.
Considera que esa situación se le fue de las manos a la jefa de la Policía Nacional, primera comisionada Aminta Granera, porque prácticamente ya no es ella la que tiene el control de las directrices que debe ejecutar la institución para garantizar la seguridad ciudadana.
Según Núñez, Ortega se está aprovechando del mandato de la Constitución que le otorga la jefatura suprema de las fuerzas del orden, aunque estima que con el Ejército aún no lo ha logrado por completo.
“Es una característica de los dictadores, tener bajo su control a la institución del orden para que reprima a la población. Parece que quiere formar su propia EEBI (Escuela de Entrenamiento Básico de Infantería), famosa por formar criminales que masacraban al pueblo en tiempos de (Anastasio) Somoza”, advirtió Núñez.
DESCONFÍAN DE FISCALÍA
Vilma Núñez solicitó al Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, “asumir el control de la institución que dirige” y garantizar que las denuncias de este y otros casos similares no queden en el olvido, sino que se sigan los procesos respectivos.
Miriam Espinoza, asesora legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), que acompañó a las doce personas lesionadas en el ataque del sábado, a interponer la denuncia en la Estación Cinco de la Policía, afirmó que la población está indefensa ante los grupos orteguistas.
Dijo que los afectados cumplen con el requisito legal de presentar las denuncias únicamente para completar un proceso, porque están seguros de que serán tramitadas con la misma negligencia con que actuaron los agentes policiales.
Espinoza anunció que presentarán una queja ante las altas autoridades policiales, pero los resultados los esperarán de la denuncia que presenten ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington.
Solicitarán a la CIDH que pida al Gobierno medidas cautelares para las personas que han dirigido las turbas.
