- Expertos electorales coinciden en que lo urgente es elegir nuevos magistrados imparciales
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Aunque el presidente Daniel Ortega ofreció realizar un referendo revocatorio, como muestra de su Gobierno por “el respeto del derecho del pueblo, de escoger a quien quiera de los candidatos, para que con el voto el pueblo premie o castigue”, en realidad no existen garantías de que la voluntad popular sea respetada en ningún proceso administrado por los actuales magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), advirtieron a LA PRENSA los expertos electorales Rosa Marina Zelaya y Roberto Courtney.
Zelaya, quien fue presidenta del CSE, advirtió que el referendo revocatorio no es una figura contemplada en la Constitución Política ni en la Ley Electoral, por lo que los resultados de un referendo de esta naturaleza no serían vinculantes y agregó que para incluir esta figura haría falta reformar este marco legal, lo cual tardaría unos dos años.
Según Zelaya, de esta manera los resultados de un referendo revocatorio tampoco serían aplicables de inmediato, pues la conclusión de las reformas calzaría con el final del período de las actuales autoridades, “entrampando en el tiempo” los resultados de éste.
Por eso, la experta estimó que la propuesta hecha por Ortega el pasado 19 de julio en la Plaza de la Fe, en Managua, no es urgente, oportuna ni afortunada.
LO QUE URGE SON MAGISTRADOS IMPARCIALES
Zelaya y el director ejecutivo de Ética y Transparencia (EyT), Roberto Courtney, coincidieron en que lo urgente es definir los requisitos para elegir nuevos magistrados electorales, profesionales e independientes.
A propósito, la ex magistrada recordó que entre febrero y junio del próximo año vence el período de los siete magistrados propietarios y los tres suplentes que integran el tribunal electoral y calificó esto como “una oportunidad de oro” para elegir nuevas autoridades honestas que renueven la credibilidad y confianza en el sistema electoral.
Zelaya sugirió que con esas nuevas autoridades, en las elecciones nacionales del 2011 se puede dar a los nuevos diputados electos el mandato de una Asamblea Constituyente.
Según la ex funcionaria, esos legisladores quedarían a cargo de la redacción de una nueva Constitución, que podría establecer de una vez la figura del referendo revocatorio y sus procedimientos. Pero subrayó que ésta deberá ser consultada y aprobada por los ciudadanos.
REFERENDO SERÍA COSTOSO
La ex magistrada también destacó que si ahora se realizara un referendo revocatorio sin reformas constitucionales, como éste no sería vinculante, su realización se reduciría a una consulta costosa, cuando hay un millonario déficit presupuestario y el sistema electoral no tiene credibilidad, según han reclamado los partidos políticos de la oposición, la sociedad civil organizada y la mayoría de los nicaragüenses a través de encuestas de opinión pública.
Courtney precisó al respecto que el costo de un referendo es similar al de una elección nacional, porque hay que instalar mesas electorales, constituirlas y dotarlas, un proceso que en el caso de Nicaragua tiene uno de los costos más altos de la región con un promedio de 17 a 25 dólares por cada votante, es decir, un promedio total que oscilaría entre los 51 millones y 75 millones de dólares.
