- Por contrataciones del Estado
El Colegio de Contadores Públicos de Nicaragua, el más antiguo del país, realizará hoy sábado la elección de su junta directiva, una jornada que podría ser marcada por la polarización política del momento.
Uno de los candidatos a presidir el Colegio, Federico Marenco, confió en que la elección sea “una fiesta cívica”.
Marenco es auditor interno del Banco de Crédito Centroamericano, S.A. (Bancentro) y propone a sus electores impulsar la unidad de los miembros del Colegio de Contadores, lo que incluye reincorporar a miembros que por una u otra razón se han retirado de la organización.
El Colegio de Contadores Públicos celebró recientemente los 50 años de su creación y ahora se prepara para el cambio de autoridades, las cuales podrían ser elegidas en un ambiente tenso, dado que sectores vinculados al actual Gobierno quieren conseguir el control de la organización, informaron fuentes que pidieron el anonimato.
LEY DE CONTRATACIONES
Las fuentes explicaron que esta elección coincide con el interés del Gobierno, de que se apruebe una nueva Ley de Contrataciones del Estado, porque pretende realizar más contrataciones de manera directa.
El Gobierno también estaría interesado en controlar las auditorías internas de las instituciones del Estado.
No obstante, contadores consultados por LA PRENSA confían en que sea una elección tranquila y prevalezca el interés colectivo.
Marenco dijo que una de las prioridades que tiene el Colegio es la capacitación de los afiliados, para enfrentar los retos del desarrollo de las finanzas, tanto privadas como públicas.
“Desarrollaremos talleres y seminarios sobre Normas Internacionales de Auditorías (NIA) y Normas de Información Financiera (NIF), para impulsar y promover su adopción aplicable en Nicaragua”, explicó.
Esto significa una relación más estrecha con la Dirección General de Ingresos (DGI), para compartir responsabilidades en la capacitación de los miembros, “para efectos de registrarnos como certificadores por medio del dictamen fiscal”, dijo Marenco.
“Lucharemos con vehemencia y por todos los medios posibles para que legalmente sólo los contadores públicos autorizados podamos emitir el dictamen fiscal y que éste sea obligatorio para los grandes contribuyentes”, indicó.
