- Unir protestará frente a la Asamblea contra iniciativa que busca arrebatarles frecuencias
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Ludwin Loáisiga López
La aprobación de una reforma democrática a la Ley 200, de Telecomunicaciones y Servicios Postales, y el establecimiento de una sesión permanente de los radiodifusores nacionales para la aprobación de ésta en la Asamblea Nacional fue una de las conclusiones de la Unión Nicaragüense de Radiodifusores (Unir), que se reunió ayer para definir las acciones que seguirán en contra de la reforma que proponen los diputados Eliseo Núñez Hernández y Mario Valle, que estiman les arrebataría las frecuencias concedidas.
Unir abordó y lamentó además el cierre de Radio La Ley, ocurrido el viernes pasado en Sébaco, Matagalpa.
El presidente de Unir, Jesús Miguel Blandón, estimó que el cierre de esa radioemisora propiedad del opositor Santiago Aburto, “es un costoso error político para la democracia y Nicaragua”.
Sin embargo, Blandón pidió concentrar el reclamo en una mejor Ley 200, que sí incluya el respeto por el derecho a la libertad de pensamiento y expresión que contemplan las convenciones ratificadas por el país y especificadas en la Constitución Política.
PROPUESTA ENGAVETADA
Blandón recordó que desde agosto del 2003 han presentado a diputados de diferentes partidos políticos una propuesta gremial que busca agregar a la Ley 200 una docena de artículos, cuyo espíritu es que la Ley que regula el funcionamiento de las telecomunicaciones en el país establezca que éstas gozarán de la protección del Estado, y por lo tanto éste deberá garantizar el funcionamiento de “una radiodifusión sonora y audiovisual libre, independiente y privada”.
“La propuesta está ahí, pero no le han hecho caso. Si esta ley estuviera aprobada, nada de esto estuviera pasando (…), pero nadie ha movido un dedo para hacerlo”, reclamó Blandón.
Los artículos 46 y 68 de la Constitución Política establecen que el país es signatario de la Convención Americana de Derechos Humanos y otras declaraciones que obligan a los estados miembros a respetar, garantizar y promover la libertad de pensamiento y expresión, sin censura previa ni por medios indirectos, y que los medios o equipos destinados al ejercicio de estos derechos no pueden ser confiscados.
Sin embargo, Unir debió ayer lamentar “profundamente” en su comunicado la suspensión de transmisiones de Radio La Ley, y “el procedimiento incorrecto con el que fueron confiscados sus equipos”, que Aburto valora en 10 mil dólares.
Además, Unir también tuvo que protestar contra las declaraciones de los diputados Eliseo Núñez Hernández y Mario Valle, quienes han propuesto respectivamente que la concesión de frecuencias de radio y televisión se haga a través de subastas o licitaciones y que éstas no puedan ser heredadas a los hijos o familiares de los concesionarios. Para Unir estas propuestas atentan contra la libertad de expresión, amenazan con el establecimiento de monopolios económicos y el respeto a la empresa privada.
QUE TELCOR REGULE Y EL PODER JUDICIAL SANCIONE
La propuesta de reforma parcial a la Ley 200, que propone Unir y que fue facilitada por Blandón a LA PRENSA también pretende que “la sustanciación, decisión y sanción” sobre alguna irresponsabilidad con estos derechos corresponda “exclusivamente a los órganos del Poder Judicial”, pues las funciones del Instituto de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), como ente regulador, deben ser “de carácter técnico y administrativo”.
A propósito, el propietario de la clausurada Radio La Ley, recibido ayer entre los miembros de Unir, criticó que históricamente Telcor ha sido verdugo de los propietarios de radio y televisión y no un ente facilitador.
La propuesta de Unir también busca que las telecomunicaciones operen según el régimen de libre competencia y se prohíban las prácticas que directa o indirectamente puedan limitar o restringir esa libre competencia.
Además, que las licencias de operación deben otorgarse por un plazo de veinte años renovables por un período igual y no por cinco años como se establecìa hasta la prórroga indefinida, aprobada en septiembre pasado por la Asamblea Nacional. Otra parte de la propuesta estabelce que éstas pueden ser transferibles por los medios legales.
El propietario de Radio Corporación, Fabio Gadea Mantilla, propuso que todos los días las radiodifusoras impulsen los reclamos expuestos por Unir, cuyos miembros protestarán “posiblemente” el próximo miércoles frente a la Asamblea Nacional.
