- Impulsa reformas
Con el objetivo de reducir privilegios a los bancos emisores de tarjetas de crédito e hipotecas y brindar mayores oportunidades a los usuarios de las mismas, el diputado liberal Wilfredo Navarro impulsará una reforma a la Ley General de Bancos, instituciones financieras no bancarias y grupos financieros.
De acuerdo con Navarro, esto es parte de “una cruzada contra los delincuentes de corbata, que son los bancos”, a quienes acusó de aprovecharse de las “necesidades” de las personas y entregarles de forma indiscriminada tarjetas de crédito que “tienen prácticamente postrada a la clase media y a la clase pobre de este país”.
“Se aprovechan para acercarse a los usuarios y así entregar la tarjeta, sin revisar la capacidad financiera del cliente, y una vez que dan la tarjeta, comienzan a generar una serie de mecanismos desde los cobros para ahogar a los usuarios; conozco casos de personas que su deuda principal era de tres mil córdobas y ahora va por los quince o veinte mil córdobas”, precisó Navarro.
El parlamentario liberal aseguró que las instituciones financieras han creado una red de corrupción, ya que utilizan a funcionarios del Poder Judicial para que les faciliten los trámites, cuando embargan al usuario.
CRÍTICA A JUECES
“En este aspecto, participan de una manera malsana y malvada, abogados, jueces, registradores y una serie de funcionarios públicos, que son comprados por los bancos, si vas a los registros, ahí los bancos tienen personal que pagan ellos para que les realicen todas sus tareas”, afirmó el parlamentario liberal.
Dijo que tiene información sobre supuestas anomalías de este tipo en ciertos juzgados como el de Tipitapa, donde algunas instituciones financieras presentan todas sus demandas, las que son tramitadas de manera expedita “y en perjuicio de cualquier tarjetahabiente”, abusando de la facultad y derecho que tiene el cliente, porque lo obligan a renunciar a su domicilio.
Un aspecto que también se revisará, para disminuir la presión de las deudas a los tarjetahabientes, son las tasas de interés, las cuales oscilan de acuerdo con Navarro, en un 60 por ciento anual, a los que se suman los gastos y servicios, los que calificó de “inmorales y leoninos”.
Es por esa razón que en la iniciativa se expone que las oficinas judiciales, administrativas o de registro público no podrán disponer de personal de los bancos o personal pagado por ellos, o dedicados a atender a ellos solamente, con objeto de agilizar sus gestiones o inscripciones propias.
Indica que podrán abrir personal, oficinas y sistemas de agilización, siempre y cuando sea en beneficio de la generalidad de los usuarios.
La propuesta de reformas a la Ley General de Bancos contempla la derogación de al menos 9 artículos.
Asimismo, se señala que toda demanda deberá interponerse en el domicilio del demandado, o en el domicilio del demandante, o en el lugar donde habrá que cumplirse la obligación.
Añade que si el deudor renuncia a su domicilio, se entenderá que solamente renuncia a ser demandado en su propio domicilio.
