- En el 2010 los liberales de ambas bancadas podrían despolitizar los Poderes
La Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), con 15 miembros oficiales en el parlamento y dos cedidos administrativamente al Movimiento Renovador Sandinista (MRS), advirtió ayer que el año 2010 podría marcar el futuro del país, debido a que elegirán a magistrados en los poderes Electoral y Judicial, así como a contralores, procurador y subprocurador de los derechos humanos, y a miembros de las juntas directivas del Banco Central y de la Superintendencia de Bancos.
El diputado Eduardo Montealegre (BDN) sostuvo ayer que la elección de al menos siete magistrados electorales, cuatro judiciales y cinco contralores, pondrá a prueba los verdaderos intereses de las bancadas en el parlamento.
La elección de todos esos cargos exige mayoría calificada de 56 votos, de un total de 92 que integran el congreso.
Montealegre indicó ayer que las diversas bancadas deberían respaldar a personas que fortalezcan la institucionalidad y no a políticos que lleguen a defender intereses partidarios.
“Debemos elegir a personas comprometidas con la transparencia y al respeto a la voluntad popular”, señaló Montealegre.
Desde el año 2000 el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), dirigido por Arnoldo Alemán, y el Frente Sandinista (FSLN) que dirige el presidente Ortega, se han repartido los cargos del Estado que se eligen en el parlamento.
El PLC promueve en la actualidad un pronunciamiento en contra de las reformas constitucionales que busca el FSLN, pero Montealegre exigió ayer “acciones concretas”.
“Hay un dicho muy cierto y dice ‘si me engañan una vez, es culpa del que me engañó. Si me engañan dos veces, es culpa de nosotros que nos dejamos engañar’. Nosotros vamos a hacer una propuesta muy seria en relación con el 2010”, dijo Montealegre.
El legislador, que denunció un fraude en los comicios municipales del 2008, opinó que para las elecciones regionales de marzo del 2010 el panorama podría despejarse, pues se comprobará si el PLC y el FSLN mantendrán vigente su pacto con la escogencia de dos magistrados electorales en febrero de ese mismo año.
