- Por un caso de calumnias
Un juzgado local penal de Managua emitió una cédula en la cual solicita a la Asamblea Nacional de Nicaragua el retiro de la inmunidad al presidente del Consejo Supremo Electoral (CSE), Roberto Rivas Reyes, por una querella de calumnias interpuesta por la abogada Helga Asher.
El Juzgado Octavo Local Penal de la Circunscripción de Managua, que dirige el juez Celso Urbina, resolvió el pasado 25 de marzo pedir la desaforación de Rivas.
El primer secretario de la Asamblea Nacional de Nicaragua, Wilfredo Navarro, dijo ayer que todavía no había recibido la solicitud.
“En el caso de Rivas no hay ninguna solicitud en la Asamblea. Lo que tiene que venir no es una simple cédula, tiene que venir una solicitud del juez, en la cual acompañen los documentos de la acusación y otros documentos, para solicitar que hagamos el trámite correspondiente en relación a la inmunidad de un magistrado, para ver si se retira o no la inmunidad, para continuar el proceso penal”, indicó Navarro.
Cuando reciba la solicitud oficial, el parlamento se verá obligado a conformar una comisión especial para estudiar el caso y luego el plenario (dominado por el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional) tendría que decidir con un mínimo de 47 votos si Rivas pierde o mantiene su inmunidad, por el caso de calumnias.
LAS DECLARACIONES DEL MAGISTRADO RIVAS
Asher introdujo una querella por calumnias en contra de Rivas, por unas declaraciones que el magistrado electoral vertió el pasado 15 de diciembre en el parlamento, adonde un grupo de diputados llevó una manta que decía “Elecciones fraudulentas”, en referencia a los cuestionados resultados de los comicios de noviembre.
“La voy a llevar (la manta) a presentar el día que se haga la acusación contra aquellas personas que estuvieron falsificando credenciales de fiscales en un edificio frente al Banco Central y estuvieron falsificando actas de escrutinio en un cuarto del Hotel Princess”, dijo el 15 de diciembre Rivas.
El presidente del CSE ha defendido en todo momento los resultados publicados, tras los comicios de noviembre, aunque el Poder Electoral nunca ha ofrecido el ciento por ciento de las actas.
Las elecciones municipales de 2008 fueron denunciadas como fraudulentas por los liberales, quienes exigieron (hasta ahora sin éxito) un recuento con la presencia de observadores independientes.
