- CGR no recibirá uno por ciento del presupuesto
Las presunciones de responsabilidad penal serán aprobadas por dos tercios de los contralores (tres de cinco propietarios) y no por unanimidad, como lo establecía el dictamen de la nueva Ley Orgánica de la Contraloría General de la República (CGR), que ayer los diputados empezaron a aprobar en lo particular.
De esa forma los legisladores evitaron un candado en el ente fiscalizador, porque hasta el mismo contralor Lino Hernández había dicho la semana pasada que no estaba de acuerdo con que las presunciones penales se aprobaran por unanimidad.
Para los casos civiles y administrativos, las decisiones se tomarán con el voto favorable de tres contralores.
Por otro lado, la CGR no recibirá el uno por ciento del presupuesto nacional, como establecía el dictamen de ley.
Los diputados acordaron que el ente fiscalizador obtenga los “recursos suficientes”, sin entrar en mayores detalles.
El diputado sandinista Douglas Alemán, miembro de la Comisión de Probidad y Transparencia, explicó que la nueva ley permitirá a la CGR nombrar y destituir a los auditores internos.
La CGR estará facultada para rastrear no sólo a las instituciones públicas, sino que también a todas las instituciones privadas, pero a éstas en lo concerniente al uso de recursos públicos que pudieran administrar.
Por otro lado, el representante por el Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Maximino Rodríguez, propuso que la nueva Ley Orgánica de la CGR estableciera un techo a las exclusiones de procedimientos, pero la moción no tuvo eco en el parlamento.
Rodríguez indicó que su propuesta nació a raíz de las millonarias exclusiones de procedimientos que la CGR ha aprobado desde el año 2007, cuando asumió la Presidencia Daniel Ortega.
“Tengo informes, en mis manos, de que hay instituciones del Estado que ya gastaron cuatrocientos millones de córdobas con las famosas exclusiones de procedimientos y así nacen empresas de maletín, pertenecientes al partido de Gobierno”, denunció.
