- CGR presentará en marzo informe de auditoría, pero oposición exigirá una nueva revisión
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Entre enero del 2005 y abril del 2007 la Alcaldía de Tipitapa, a cargo del sandinista Norman Córdoba (2005-2009), practicó el adelanto de dietas y beneficios adicionales a los concejales, otorgó préstamos personales a particulares con dinero público y permitió el pago por otros servicios a empleados permanentes, entre otras inconsistencias, según los hallazgos del borrador del informe de la auditoría hecha por la Contraloría General de la República (CGR) a esa municipalidad, al cual tuvo acceso LA PRENSA.
El contralor liberal Lino Hernández aseguró que éstas y otras inconsistencias, sobre este período de administración, serán presentadas en un informe de auditoría en marzo.
Sin embargo, Jadher Alvarado, ex candidato a alcalde del Movimiento Vamos con Eduardo, que participó aliado al Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y ahora es concejal en Tipitapa, dijo a LA PRENSA que ellos desconocen los detalles de esa auditoría y exigirán una nueva sobre todo el período de la administración de Córdoba, porque consideran que una completa revelará mayores datos sobre la administración que él califica de corrupta.
“Para nadie es un secreto, todos hemos visto, la gente denuncia, que el ex alcalde ha tenido un incremento en su capital personal increíble y tendría que demostrar cómo es que él entró con una bicicleta y ahora anda con camionetas del año y denuncias de otras cosas, que si las hizo legal tiene que demostrarlo”, reclamó Alvarado.
LA PRENSA consultó al ex alcalde sobre estos reclamos y la investigación de la CGR, pero Córdoba se limitó a responder, una y otra vez, tras cada pregunta de este Diario, que él esperará el informe de la Contraloría porque “cualquiera puede decir lo que quiera, pero la Contraloría es la que dirá lo que halló”.
Entre mayo y junio del 2007, el ciudadano Marvin Parrales denunció ante la CGR los supuestos malos manejos de la administración de Córdoba, por los pagos a concejales, donaciones, reembolsos y préstamos extraños, alquiler de equipos o pagos por servicios a empleados de la Alcaldía y uso de terceros para desembolsos.
El adelanto de la CGR revela que en el período auditado la Alcaldía de Tipitapa también pagó unos 34 mil córdobas extras a su asesor legal para temas de legalización de barrios; y Córdoba se compró un juego de sofás por más de ocho mil córdobas, sin cotización, y a una empresa que no es proveedora pública, incumpliendo con esa y otras acciones mencionadas la Ley 323, de Contrataciones del Estado, y la Ley 40 de Municipios y sus Reglamentos.
