- Montealegre envía carta a CGR para que informe sobre aval al Ejecutivo
Eduardo Montealegre, diputado de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN), pidió ayer a la Contraloría General de República, hacer públicas todas las resoluciones que aprobó en el 2008 para realizar contrataciones directas por más de dos mil 700 millones de córdobas, al Gobierno.
Por medio de una carta enviada a los contralores, Montealegre exigió un informe sobre los criterios que utilizaron para “la masiva” autorización de exclusiones de procedimientos de la Ley 323, otorgados el año pasado. También solicitó hacer pública la totalidad de las resoluciones que el ente fiscalizador autorizó durante el año 2008 para la exclusión de procedimientos en contrataciones del sector público.
“Queremos que le den una explicación al pueblo de Nicaragua… Yo soy diputado de la Asamblea Nacional y tengo derecho como diputado, porque aprobamos el presupuesto, a pedirle cuentas a la Contraloría, y si no las dan ya sabrán ustedes y toda la nación”, expresó Montealegre.
La carta dice que “de ser veraces dichos datos, se estaría poniendo de manifiesto que las instituciones del Estado, con la aprobación de la Contraloría General de la República, han estado violentando abiertamente la Ley de Contrataciones del Estado, al hacer de las compras directas no una excepción como establece la ley, sino una regla general en las contrataciones públicas”.
A LA VISTA DE TODOS
Montealegre también citó una resolución publicada en la pagina web de la CGR, en la que se hace mención de la compra de 40 vehículos y siete bicicletas por más de C$10 millones, la cual se hizo con exclusión del procedimiento, con el argumento de “si se aplican los procedimientos establecidos en nuestro sistema nacional de contrataciones del Estado y a los plazos señalados, resultaría materialmente imposible realizar tales adquisiciones antes del cierre presupuestario 2008”.
“SÓLO EN ESTADO DE EMERGENCIA”
Montealegre sostuvo que solamente cuando azotó a Nicaragua el huracán Mitch (en 1998) hubo mayor monto de exclusión de procedimientos que hoy”, lo cual por el estado de emergencia estaba justificado.
“En ningún otro período ha habido ese monto bajo exclusión de procedimientos, y es injustificable”, insistió.
Además, considera que la contratación a empresas por medio de la exclusión de procedimientos va en contra de la transparencia, en contra de la libre competencia y afecta a las empresas del sector privado.
También cree que es importante haya una explicación de parte de las autoridades, y por eso solicitará a la comisión correspondiente en la Asamblea Nacional, que invite a los señores contralores para que expliquen las razones por las cuales aprobaron más del 25 por ciento del monto de inversión pública presupuestado para el año pasado con esa modalidad de procedimiento.
