- Invur se convertirá en “garrote” para las urbanizadoras, dice Navarro
El primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, Wilfredo Navarro, se opuso ayer a un dictamen de la Ley de Vivienda Social, al considerar que se le otorgan demasiadas facultades al Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (Invur).
Uno de los elementos más importantes, de acuerdo a Navarro, es que el Estado podrá declarar de utilidad pública los terrenos sin necesidad de que el parlamento lo ratifique, porque está varado otro proyecto de ley que así lo obligaría.
Asimismo, Navarro mencionó que el Invur tendrá hasta la facultad de regular las ganancias de las empresas urbanizadoras.
El numeral 14 del artículo diez del proyecto de ley, estipula que el Invur podrá controlar “los costos de los insumos en general, así como las excesivas utilidades de los agentes económicos, tanto las que se dediquen a la fabricación o construcción de materiales y otros insumos para las viviendas de interés social”.
“Estamos en contra del marco político que se le ha dado a la ley, para usarlo como garrote y zanahoria contra la empresa privada y contra los urbanizadores privados”, dijo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
El presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Eliseo Núñez Hernández (Alianza Liberal Nicaragüense, ALN), sostuvo que al Invur se le están dando más facultades.
“Pero lo que se necesita, y nadie lo ha presentado, es cómo democratizar al Invur. La iniciativa privada está pidiendo la creación de un consejo que estaría encima del Invur, pero esto no ha sido consultado. El problema es que al crearse un consejo, también los CPC (los progubernamentales Consejos del Poder Ciudadano) y todos los demás van a querer formar parte del consejo”, señaló Núñez Hernández.
El diputado Navarro también mencionó que el artículo referido a la participación ciudadana pretende beneficiar únicamente a los CPC.
Sin embargo, tanto Núñez Hernández como el diputado sandinista Gustavo Porras, negaron que el proyecto contenga carácter “confiscatorio”, debido a que las declaraciones de utilidad pública se efectuarán de acuerdo a la legislación vigente.
“Creo que quedó muy débil (el dictamen de ley), porque nosotros, la red de vivienda y el movimiento comunal, queríamos que los terrenos baldíos que tuvieran un tiempo determinado de estar vacíos, frente a las necesidades de la gente, fueran declarados de utilidad pública para realizar viviendas sociales, y eso no quedó así, quedó con una serie de trabas que van a ser imposibles”, indicó Porras.
