- Proyecto regulará cobros por embargos
El diputado liberal Wilfredo Navarro anunció ayer que ya está en trámite un proyecto de ley que tocará las “bolsas” a los jueces que cobran por las ejecuciones de embargos.
Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), sostuvo que la iniciativa “frenará un poco los abusos” en el Poder Judicial, cuyos jueces supuestamente cobran hasta un diez por ciento del total de los embargos que ejecutan.
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, el también diputado liberal José Pallais, dijo que la iniciativa permitirá controlar los fondos que por ahora son utilizados discrecionalmente por los jueces.
LEY “SENSIBLE”
Navarro, primer secretario de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, precisó que el proyecto establece la organización de un grupo de abogados que se encargaría de ejecutar los embargos y que la parte interesada ya no pagaría directamente a los jueces, sino que el dinero iría a una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
“Este equipo de jueces que estamos proponiendo va a ser pagado por la Corte Suprema de Justicia, y el que quiera una ejecución, un embargo, un requerimiento, va a tener que ir a una oficina, solicitar al juez ejecutor, pagar allí el honorario y no pagarle al juez, porque ese dinero va a servir para incrementar los ingresos de la Corte Suprema de Justicia”, detalló Navarro.
El legislador añadió que se especificará el monto de dinero que recibirá la CSJ en concordancia con el valor de los embargos.
Los excedentes que recibiría el Poder Judicial serían utilizados para engrosar el fondo de retiro de sus empleados.
“Con esto vamos a evitar los abusos en los cobros ilimitados en las ejecuciones (de embargos) por parte de jueces. Va a estar tasado, es decir un embargo de cien mil córdobas ‘cuesta tanto’, y va a ir a un banco, ese dinero va a una cuenta de la Corte y se eliminan todos los abusos que cometen en este momento”, dijo Navarro.
ACABARÁ COMPETENCIA ENTRE JUECES
El diputado Pallais consideró que la iniciativa anulará “la competencia” que libran actualmente los jueces.
“Es importante regular este viejo problema de los requerimientos, de los embargos y de todas las diligencias que son fuera de los despachos y que ocasionan todo un mercadeo, incluso compiten los jueces unos con otros, cobran y es un beneficio particular de los judiciales”, indicó Pallais.
YA NO TENDRÍAN QUE ABANDONAR SU DESPACHO
Además, Pallais comentó que de aprobarse la iniciativa, los jueces ya no tendrían que abandonar su despacho para ejecutar los embargos, como ocurre por ahora.
“La iniciativa pretende que haya jueces nombrados por la Corte Suprema de Justicia, que se dediquen específicamente a estas tareas, y de esta forma los jueces no se verán afectados al salir del despacho y dejar abandonada la tramitación de las causas que están bajo su conocimiento”, comentó Pallais.
El legislador alegó que la regulación propuesta asegura un trámite expedito de los casos. “Creo que es lo más transparente y justo”, subrayó.
A CONTROLAR INGRESOS
Ni Navarro o Pallais ofrecieron un monto específico del dinero que anualmente reciben los jueces por ejecutar embargos, sin embargo coincidieron en que debe controlarse esa práctica.
“La ley contempla que se debe cobrar, lo que pasa es que no está regulado de cuánto debe ser el cobro y entonces se dan cobros desproporcionados, exagerados. Muchas veces las partes andan urgidas, porque el embargo es una medida precautelar de emergencia, el requerimiento también”, sostuvo Pallais.
“Queremos controlar todos esos ingresos para frenar los abusos de esos jueces. Ese es un servicio que presta un funcionario público, que se llama ejecutor de embargo. Queremos especificar que el juez que está en su despacho ya no va a poder hacer ejecuciones, eso sólo le va a corresponder al juez ejecutor”, manifestó Navarro.
“El juez está para dar servicio en el Juzgado, entonces todas esas cosas que son fuera de los Juzgados son las que hay que terminar”, concluyó el legislador.
La Ley creadora de los Jueces de Ejecución de resoluciones judiciales fue introducida al parlamento el 31 de octubre pasado, por Navarro.
El proyecto estipula la creación de los Juzgados de Ejecución de Resoluciones Judiciales, con capacidad y competencia para ejecutar mandamientos judiciales de embargos preventivos, embargos ejecutivos, requerimientos, desahucios, deslindes y amojonamientos y aposición de sellos, así como todas las relativas a ejecuciones judiciales.
Según la iniciativa, la ejecución de una resolución por un monto de 100 a 250 dólares, costará un arancel de 15 dólares. Cuando las sumas sean superiores a los mil dólares, se cobrarán los 15 dólares, más un cuatro por ciento del excedente. El porcentaje disminuirá en la medida que el monto del excedente incremente.
