- Objetivo es neutralizar a opositores
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La estrategia del presidente Daniel Ortega de impulsar el “Plan Semana Santa” tiene como premisa “eliminar o dominar” a la oposición, de acuerdo al ex presentador de televisión Jaime Arellano, quien asegura que además de enjuiciar a Eduardo Montealegre también se contempla iniciar procesos judiciales contra Carlos Fernando Chamorro, Sofía Montenegro, un banquero que aún no identifican y su persona.
Arellano dijo que lo único que le sorprendió al conocer lo publicado por el director de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), Ricardo Trotti, era que se denominara “Plan Semana Santa”, pero que ya había sido informado de que existía esa situación, por la misma persona que le comunicó las negociaciones que se realizaban en 1999 para implementar el pacto libero-sandinista, por lo que la considera “una fuente confiable”.
Sin embargo, Arellano explicó que el principal objetivo de la estrategia de Ortega, es “limpiar el camino” para impulsar las reformas constitucionales y la reelección indefinida.
Dichas reformas derivarían en un cambio del sistema de Gobierno actual a un semiparlamentario, para lo cual, afirma el ex presentador, cuenta con la venia del ex presidente Arnoldo Alemán.
“La idea es eliminar a Eduardo Montealegre, que es la figura liberal, buscar la manera cómo eliminar a Enrique Quiñónez, sacarlos del juego (político) y después ir a cada uno de los diputados y decirles: mirá, vos no tenés más opción política, aquí se acabaron las opciones políticas, o estás conmigo o te quedás en el aire, entonces, si querés tener un futuro político, tenés que estar conmigo”, aseveró Arellano.
El planteamiento es anunciar el proceso de reformas a la Carta Magna el 19 de julio próximo, durante la celebración del trigésimo aniversario de la revolución sandinista, y si es posible que ya estén aprobadas en primer legislatura. No obstante, Arellano considera que la estrategia de Ortega podría enfrentar algunas dificultades.
“Es un plan que se les está complicando por una posición fuerte de la comunidad donante, nosotros hemos platicado con embajadores y señalan que el congelamiento de la ayuda se mantiene, no bastan discursos, se necesitan acciones concretas de este Gobierno, que pareciera que el señor Ortega y doña Rosario Murillo no están dispuestos a hacerlas”, precisó Arellano.
PLAN NO ES NUEVO
Para el diputado Pedro Joaquín Chamorro Barrios, el plan de Ortega no es nuevo, sino que es el mismo que ha implementado en sus ansias de mantener el poder.
“Yo realmente no tenía conocimiento de un plan que se llame Semana Santa, pero sí creo que hay una estrategia de ampliar el poder de Daniel Ortega, y de mantenerse en el poder indefinidamente, esa estrategia la ha tenido siempre. Si eso coincide con un determinado período de tiempo, como decir Semana Santa, o no, eso no lo sé”, indicó Chamorro.
Éste agregó que el interés es “irse apropiando de diferentes instancias del poder público, como por ejemplo, el control de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, ese fue el último eslabón de la estrategia”.
PRIMERAS SEÑALES
Además de los juicios “políticos”, Arellano ve como primeras señales del plan de Ortega, reglamentar los recursos que vienen destinados a los organismos no gubernamentales, para tener un control de los mismos, así como la implementación de la “Ley Arce” mediante el rechazo del recurso de inconstitucionalidad que se encuentra en la Corte Suprema de Justicia (CSJ), lo que no fue negado por el magistrado sandinista Francisco Rosales cuando fue consultado por periodistas sobre ese tema.
Rosales, quien es presidente de la Sala Constitucional de la CSJ, admitió que el recurso en contra de la denominada “Ley Arce” está pronto para ser fallado, porque ya está siendo analizado.
En una conferencia de prensa ayer dijo: “LA PRENSA dice que es inconstitucional la ley que grava las importaciones. Aprovecho para decirles que se ha venido trabajando (el recurso), nos vamos a pronunciar sobre la ley que gravó las importaciones y que la Constitución establece la exoneración de esas importaciones”, precisó Rosales.
Al consultarle sobre lo denunciado por Trotti en cuanto al “Plan Semana Santa”, el magistrado Rosales indicó que son rumores. “Que se rechace (el recurso contra la ‘Ley Arce’), yo creo que sería tal vez a lo mejor hasta sano, pero habría que discutirlo en el seno de la Corte”, apuntó Rosales.
El judicial agregó que sobre el desafuero de Montealegre y el retiro de la primera comisionada Aminta Granera sólo son rumores, ya que el presidente Ortega se comprometió a respetar la institucionalidad.
El ex magistrado Alfonso Dávila Barboza criticó la puesta en marcha del denominado “Plan Semana Santa”.
“Es lamentable y vergonzoso que se estén fraguando planes en la Semana Santa en que rememora la Vida y Pasión de Nuestro Señor Jesucristo, para ejecutar actos que dejen como resultado vergüenza, rencores y vivir temores que signifiquen una pasión dolorosa para los nicaragüenses amantes de la libertad, la democracia y el respeto a la vida institucional que fortalecen el Estado de Derecho”, advirtió Dávila Barboza.
INTIMIDACIÓN
Arellano estima que la resolución que emita el Poder Judicial debe garantizar al presidente Ortega la neutralización de los medios de comunicación.
“Ellos (Gobierno) ya decidieron que necesitan debilitar o eliminar a la oposición en este país, y estemos claros de que la oposición la han hecho los organismos no gubernamentales que se mantienen firmes denunciando y apoyando la lucha por la institucionalidad y el Estado de Derecho”, dijo el ex presentador de televisión.
“La oposición en este país, desgraciadamente por la falta de credibilidad y acción de la mayoría de la clase política, recae en algunos medios de comunicación y sobre todo en LA PRENSA y El Nuevo Diario, ustedes (medios de comunicación) son un dolor de cabeza permanente para este Gobierno que necesita la manera de cómo debilitarlos, chantajearlos, eliminarlos. Ya hemos visto que han utilizado el sistema judicial para tratar de intimidar”, apuntó Arellano.
La implementación de la “Ley Arce” implica el pago de impuestos a la introducción de insumos como el papel que se importa para imprimir el periódico, por lo que al elevarse los costos de producción, se encarece el producto y esto dificulta el acceso de la población a la información. Se conoció que ayer los magistrados de la Sala Constitucional trabajaban en lo relacionado al recurso contra la “Ley Arce”.
