- Esta situación es muy grave, dice diputado Pallais
Al menos 1.7 millones de nicaragüenses verán hoy expirar la vigencia de sus cédulas de identidad y, por tanto, quedarán impedidos, a partir de mañana, de efectuar cualquier tipo de gestión legal. El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, el diputado liberal José Pallais, calificó como “muy grave” esta situación, pues legalmente los afectados ni siquiera podrán cobrar un cheque en los bancos.
El magistrado electoral Luis Benavides sostuvo que las cédulas que hoy expiran son por lo menos 1.7 millones, y podrían llegar a los dos millones.
La crisis post electoral, que paralizó al parlamento, impidió que los diputados aprobaran una prórroga a las cédulas de identidad, que las haría válidas hasta el 31 de diciembre del año 2012.
Pese a que el Consejo Supremo Electoral (CSE) emitió una resolución administrativa, que extiende la vigencia de las cédulas de identidad, el magistrado Benavides calificó esa acción como “ilegal”, debido a que sólo la Asamblea Nacional está facultada para reformar la Ley de Identificación Ciudadana.
“Es una situación muy grave para el funcionamiento de las operaciones y de la vida económica, y para el ejercicio de los derechos civiles de los ciudadanos”, alertó ayer el diputado Pallais.
RESOLUCIÓN ILEGAL
El magistrado electoral José Luis Villavicencio informó la semana pasada que la resolución administrativa que prorroga la validez de las cédulas de identidad, fue tomada en noviembre y supuestamente le enviaron una copia a la Superintendencia de Bancos (SIB) y a la Cancillería, para asegurarse de que los ciudadanos puedan realizar sus gestiones legales sin problemas.
Villavicencio defendió las “facultades administrativas” del CSE para emitir la resolución, pero Benavides, también magistrado electoral, calificó todo el proceso como ilegal.
“Esa resolución hasta está mal redactada, porque dice ‘habilítense las cédulas vencidas o las que están por vencerse’, pero no dicen por cuánto tiempo. Mi criterio es que sólo la Asamblea Nacional puede reformar o elaborar leyes. La mentalidad de la resolución encierra buenos propósitos, nadie lo puede negar, pero tampoco nadie puede negar que le corresponde a la Asamblea Nacional legislar, conforme a lo que dice la Constitución Política de Nicaragua”, dijo Benavides.
LA PRENSA conoció que hasta ayer las distintas instituciones bancarias no habían recibido ningún tipo de notificación de la Superintendencia de Bancos (SIB) respecto al vencimiento de las cédulas de identidad.
Los bancos cierran labores hoy y las reanudarán el dos de enero del 2009, con aproximadamente dos millones de nicaragüenses con cédulas caducas.
CIUDADANOS SIN DERECHOS
El diputado Pallais, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), manifestó que los ciudadanos a quienes se les vencen sus cédulas de identidad hoy, estarán impedidos de realizar cualquier acto ante un notario o ante los bancos, a partir del primero de enero del 2009.
“Habrá miles de nicaragüenses que estarán limitados en el ejercicio de sus derechos ciudadanos, porque la Ley de Identidad Ciudadana exige cédulas vigentes. No podrán hacer operaciones bancarias, porque los bancos tienen la obligación de exigir una cédula vigente para cobrar un cheque, por ejemplo, dentro de las múltiples operaciones bancarias”, indicó Pallais.
“El Estado tiene la obligación de exigir la cédula para todos los trámites administrativos y para la obtención de licencia, pasaporte, carné del INSS (Instituto Nicaragüense de Seguridad Social)”, añadió el legislador.
Las cédulas que hoy expiran ya habían sido beneficiadas con una prórroga aprobada por la Asamblea Nacional y se esperaba que un nuevo proyecto se ratificara para extenderles su vida otra vez, pero nada de eso ocurrió a causa de las denuncias de fraude electoral.
Según el proyecto de ley que está varado en el parlamento, cada año el CSE debe elaborar cien mil cédulas de identidad, pero no tiene la capacidad para cumplir con su obligación.
“La presentación de la cédula de identidad ciudadana es indispensable para todos los trámites legales, como ejercer el voto, tomar posesión de cargos públicos, celebrar contratos de trabajo, obtener o renovar pasaporte, licencia de conducir, carné del Seguro Social, cédula del Registro Único del Contribuyente y cualquier otro documento de esta naturaleza; recibir pagos o giros del Estado, de los municipios o de instituciones autónomas; realizar operaciones bancarias; contraer matrimonio civil, matricular a los hijos o pupilos en escuelas y/o colegios públicos o privados; iniciar acción judicial y realizar cualquier otra gestión ante los tribunales de justicia y demás organismos estatales, regionales y municipales, entre otros”, señala el proyecto de ley en la exposición de motivos.
OTRO ATROPELLO AL PARLAMENTO
El magistrado Benavides consideró ayer que el propósito de la resolución de sus colegas en el CSE es bueno, aunque ilegal.
Benavides sostuvo que ni siquiera fue convocado a la sesión de magistrados en que se aprobó la polémica resolución administrativa.
“Eso es resorte, es competencia de la Asamblea Nacional, porque es una reforma a la Ley 152, Ley de Identificación Ciudadana, y además a mí no se me citó para esa sesión donde se tomó esa resolución, que podrá tener buenas intenciones pero la realidad es que no se me tomó en cuenta, y sólo la soberana Asamblea Nacional puede reformar una ley”, admitió Benavides.
“En todo el país se vence una cantidad inmensa de cédulas. Hay 3.8 millones de nicaragüenses en el padrón, me imagino que puede haber casi dos millones de cédulas que se vencerían, tal vez 1.7 millones de cédulas que se vencerían en toda Nicaragua, es bastante, es enorme”, agregó Benavides.
El atropello del CSE al parlamento se sumaría a los cometidos por el Poder Ejecutivo.
Los diputados opositores han acusado al presidente Daniel Ortega de violar la Constitución al legislar por decreto y permitir la entrada al país de barcos de guerra rusos, y de reformar el Presupuesto, sin el aval del parlamento.
¿Y LOS CIUDADANOS En LA RAAN?
Por otro lado, los ciudadanos que habitan en los siete municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) que acudirán a las urnas el 18 de enero del 2009, también tendrán sus cédulas de identidad vencidas.
Pero Pallais manifestó que ese caso ya está resuelto por el CSE.
Según dijo, las autoridades electorales acordaron que considerarán válidas las cédulas de identidad que presenten los votantes el 18 de enero, aunque legalmente hayan caducado.
