- Siempre que se garantice la observación
La propuesta de impulsar un referendo para que sea la ciudadanía la que determine si le da validez o no a la ley de declaración de nulidad de las elecciones, que la oposición pretende aprobar en la Asamblea Nacional, es una salida viable a la crisis política del país, a juicio del abogado constitucionalista Omar García.
Explicó que la realización del referendo es “devolverle o someterle a consulta a quien tiene la titularidad de la soberanía, si está o no está de acuerdo con esa propuesta, que incluso es delegatario de esa soberanía quien la está impulsando”, en referencia a la Asamblea Nacional.
El artículo 2 de la Constitución de la República señala que “la soberanía nacional reside en el pueblo y la ejerce a través de instrumentos democráticos decidiendo y participando libremente en la construcción y perfeccionamiento del sistema económico, político y social de la nación. El poder político lo ejerce el pueblo por medio de sus representantes libremente elegidos por sufragio universal, igual, directo y secreto sin que ninguna otra persona o reunión de personas pueda arrogarse este poder o representación. También podrá ejercerlo de manera directa por medio del referendo y del plebiscito, y otros procedimientos que establezcan la presente Constitución y las leyes”.
García dijo que de expresarse la población mediante un referendo si respaldan o no el que se repita el proceso electoral, supone también ejercer la máxima expresión de la democracia.
APROBAR OBSERVACIÓN
La ex presidenta del Consejo Supremo Electoral (CSE), Rosa Marina Zelaya, coincide en que la realización del referendo puede brindar una salida viable a la crisis postelectoral, la que ha tenido consecuencias también en lo económico, dada la suspensión de ayuda de Estados Unidos y la amenaza latente de países europeos.
Sin embargo, uno de los problemas que observa Zelaya es que el referendo, tal como lo establece el artículo 2 de la Ley Electoral, lo organiza, dirige y supervisa el CSE; y tomando en cuenta el grave deterioro que existe sobre ese Poder del Estado, en lo que se refiere a su credibilidad, sería riesgoso.
Otro problema serían los recursos económicos, ya que el referendo implica hacer una especie de elección, aunque no descarta que los mismos se puedan obtener del ofrecimiento que hizo la Unión Europea.
Tanto Zelaya como Omar García son del criterio de que los parlamentarios pueden aprobar una extensión, cuando se someta el referendo, en la cual se deje establecido que las autoridades electorales deberán acreditar observación electoral nacional e internacional, para que no exista desconfianza, no sólo de parte de los actores políticos sino también de la población que asista a ese proceso.
García considera que en el referendo también se debe aplicar la opción de que, en caso de ganar el que se realicen nuevas elecciones, se deje establecido que se debe acreditar a observadores electorales.
