- Posiciones divididas en cúpula liberal
Los miembros del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), aunque en un primer momento habían decidido aprobar de manera unánime un emplazamiento dirigido a los tres magistrados propietarios y un suplente de tendencia liberal, del Consejo Supremo Electoral (CSE), para que asumieran una actitud de denuncia ante las irregularidades cometidas durante el proceso electoral, ahora analizan si éste debe ser aprobado o no.
Las dudas surgen luego de la denuncia que realizaron el pasado sábado los magistrados liberales René Herrera y José Marenco Cardenal, sobre la diferencia entre los resultados provisionales que ellos tienen y los publicados por el CSE.
De acuerdo a fuentes políticas, los magistrados Herrera y Marenco tuvieron conocimiento de la resolución de emplazamiento que sería discutida y aprobada hoy en la reunión del CEN, por lo que se adelantaron “para lavarse la cara”.
Cabe señalar que ambos liberales han secundado todo lo actuado por el resto de magistrados de tendencia sandinista en el Poder Electoral. En su intento de revertir la situación, provocaron que algunos miembros del PLC opinen ahora que se les debe brindar una segunda oportunidad.
En la resolución se plantea una demanda para que los magistrados Herrera, Marenco Cardenal, Luis Benavides y el magistrado suplente Julio Osuna (los dos últimos se han mantenido al margen de las decisiones de sus homólogos) hagan un “pronunciamiento categórico y público en conferencia de prensa, condenando todas las irregularidades, arbitrariedades y violaciones ocurridas dentro del viciado y claramente fraudulento proceso electoral municipal”.
Los magistrados Herrera y Marenco Cardenal revelaron que los datos publicados no coincidían con los informes internos, por lo que exigen que las cosas regresen a su estado inicial. A la vez dijeron que no se prestarían a manipulaciones de ningún tipo, aunque dejaron claro que no iban a volver a pronunciarse sobre los casos de Managua y León.
El candidato a vicealcalde de la capital por el PLC, Enrique Quiñónez, a pesar de la posición adoptada por Herrera y Marenco, mantuvo su crítica hacia la actuación del Poder Electoral.
“Es el Consejo Supremo Electoral, con esos vaivenes que vemos, que un día están magistrados con ellos, otro día no están, un día se contradicen, otro no, aparecen certificaciones alterando completamente el padrón de los diferentes municipios, son ellos los que están ahorita envueltos en una situación (de la) que no hallan cómo salir”, indicó Quiñónez.
Otro de los puntos contenidos en la resolución señala que el PLC exige “en el marco de los principios democráticos que inspiran a nuestras organizaciones y miembros, y por el bien de la nación nicaragüense, que estos magistrados se abstengan de participar en decisiones antidemocráticas, en concurso con el resto de miembros del Consejo Supremo Electoral de tendencia sandinista, y que por el contrario; asuman en cada momento, posiciones en defensa de la democracia y a favor de la institucionalidad de Nicaragua”.
La resolución sería firmada por representantes de los partidos políticos que incluyen la Alianza PLC, así como por diputados de las diferentes bancadas de oposición en la Asamblea Nacional.
Algunos miembros del PLC señalaron a los magistrados Herrera y Marenco Cardenal de recibir privilegios en ese Poder del Estado, lo que fue desestimado por ellos mismos.
Extraoficialmente se conoció que, aunque los magistrados Herrera y Marenco dieron un primer paso al reclamar por la variación en 10 municipios, no descartan que decidan hacer un frente común con sus homólogos Benavides y Osuna, para denunciar que el proceso electoral fue viciado y, por lo tanto, cabe hacer una declaratoria de nulidad.
