- La Fiscal Electoral pide a la Policía que investigue algo que ella misma puede constatar con sólo salir a la calle
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La fiscal electoral Blanca Isabel Salgado Jarquín, aseguró a LA PRENSA que la oficina que ella dirige espera los resultados de la investigación que ordenó de oficio sobre el uso de las instituciones del Estado con fines proselitistas a favor del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La funcionaria explicó que la semana pasada solicitó a la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ), a cargo de la comisionada mayor Glenda Zavala, que investigara la supuesta comisión de delitos electorales en las instituciones del Estado, porque “a través de los medios de comunicación, esta Fiscalía (Electoral) supo que en determinadas instituciones y ministerios de Estado se encontraba pegada propaganda electoral, y a efecto de determinar en cuáles de esas instituciones del Estado y para identificar los ministerios y las personas que han cometido ese delito electoral, se ordenó la inspección en todos y cada uno de los ministerios y entes autónomos del Estado”.
Salgado afirmó que dieron diez días a la DAJ para recibir los resultados, pero no precisó cuándo vencerá ese plazo.
La fiscal electoral detalló que los resultados que esperan de la DAJ son fotografías de “esos afiches que están pegados, y a la vez le rindieran entrevista de todas las autoridades superiores, ministros de Estado y directores de los entes autónomos, para saber quién autorizó pegar propaganda política”.
DELITOS A LA VISTA
Desde meses antes de la campaña electoral, los medios de comunicación han denunciado con fotografías, descripciones y vídeos el uso de los bienes del Estado, como edificios y vehículos, para fines proselitistas. Incluso se han reportado varias ocasiones en las que los funcionarios del Estado presiden actos proselitistas en horas laborales.
Estas acciones violan la Ley Electoral y la Ley de Probidad de los Servidores Públicos.
Sin embargo, hasta antes del 25 de septiembre, cuando inició oficialmente la campaña, las autoridades respondían que no podía juzgarse el delito electoral porque la campaña aún no era formal. Pero ahora que ya lo es, la historia no ha variado.
Este mismo lunes, el representante legal de la opositora Alianza Partido Liberal Constitucionalista (Alianza PLC), Lulio Marenco, denunció ante la fiscal electoral a unas cuarenta instituciones del Estado por la colocación de propaganda de los candidatos del FSLN.
Salgado dijo que revisarán esas denuncias, para ver si se corresponden con las pruebas de la Policía o son nuevas, pero insistió en que “esperan que se cumpla el plazo”, que, a pesar de la insistencia, no precisó.
