- Señala Asociación de Confiscados
El secretario ejecutivo de la Asociación de Confiscados de Nicaragua, Alfonso Castellón Ayón, aseguró que la posible aprobación de la Ley de la Vivienda Social puede ser “el inicio del caos” por atentar contra la propiedad privada.
“El derecho de propiedad privada es sagrado y se tiene que respetar… No da derecho a que se haga de nuevo ese error”, enfatizó Castellón al recordar las confiscaciones de los años ochenta.
Mencionó que si llega a aprobarse esa ley, de la forma en que está prevista, “automáticamente hay elementos de algún tipo de confiscación”.
Castellón manifestó que el Estado no tiene “ningún derecho” de gravar con el doble del impuesto a las personas que tienen terrenos ociosos por distintas circunstancias.
“De alguna manera es una forma solapada de buscar un tipo de confiscación y que definitivamente traería nuevos problemas entre los confiscados, que han estado callados, y los que serían perjudicados”, comentó.
VIOLA CONSTITUCIÓN
Dijo que esta Ley de Vivienda Social es violatoria de la misma Constitución Política, que en su artículo 44 señala que “los nicaragüenses tienen derecho a la propiedad personal que les garantice los bienes necesarios y esenciales para su desarrollo integral”.
El proyecto de ley contempla un duro golpe para aquellas familias que tengan terrenos sin edificación o casas sin habitar, porque tendrían que pagar impuestos progresivos del veinte por ciento anual sobre sus bienes inmuebles.
Esta ley es promovida por la Red de Vivienda Digna y respaldada íntegramente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
Pero el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Wilfredo Navarro, denunció que esa ley se utilizaría para quitarle los terrenos a la gente, en una “confiscación solapada”.
“Nosotros (PLC) estamos de acuerdo con que haya una ley que facilite la vivienda a los nicaragüenses, pero lo grave es que en este proyecto de ley, como fue introducido, se establece una serie de amenazas a la propiedad privada”, indicó.
NADA CONSENSUADO
El diputado Agustín Jarquín, aliado al FSLN, manifestó ayer que todavía no existe consenso en lo relativo a la imposición de nuevos impuestos que contempla un proyecto de Ley de Vivienda Social.
“En el aspecto de crear gravámenes no lo estamos considerando. Si todavía hay una propuesta en ese sentido, eso no tiene una sanción de parte nuestra”, indicó Jarquín.
El proyecto de Ley de Vivienda Social dice, en su artículo 17, que las personas con terrenos baldíos pagarán el doble de impuestos, igual que aquellas con casas deshabitadas.
Jarquín insinuó ayer que la Comisión de Infraestructura y Servicios Básicos, que tiene en su poder la iniciativa, no ha discutido nada sobre los posibles nuevos impuestos.
“A mí me sorprende lo desinformado que está LA PRENSA, porque la iniciativa de ley que estamos revisando nosotros, en el curso del dictamen, no contempla esos aspectos, más bien la ley no se mete a temas fiscales”, aseguró Jarquín.
Pero sus colegas Wilfredo Navarro, Eliseo Núñez Hernández y Gustavo Porras sí admitieron que la ley incluye la creación de nuevos gravámenes.
El diputado sandinista Gustavo Porras dijo que en un principio la idea era que cualquier terreno baldío fuera usado para levantar una vivienda de “carácter social”.
