- Diputado Navarro dice que la propuesta de los sandinistas es como la Ley de Ausentes, de los ochenta, que fomentó la “piñata”
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Si usted tiene un terreno sobre el que no ha levantado ninguna construcción, prepárese, porque podría pagar el doble de impuestos de un año a otro y el veinte por ciento más cada 12 meses. Y si ya tiene la casa construida, pero nadie la habita, también tendría que alistar su billetera. Este es el lado desconocido de la Ley de Vivienda Social que está a punto de ser dictaminada en la Asamblea Nacional.
El proyecto de ley con el cual se contempla facilitar el acceso a las viviendas de interés social a los sectores menos pudientes, también significará un duro golpe para aquellas familias que tengan terrenos sin edificación o casas sin habitar, porque tendrán que pagar impuestos progresivos del veinte por ciento anual sobre sus bienes inmuebles.
Esta ley es promovida por la Red de Vivienda Digna y respaldada íntegramente por el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
“Esto es para quitarle los terrenos a la gente, es una confiscación solapada”, denunció ayer el diputado Wilfredo Navarro, del Partido Liberal Constitucionalista (PLC).
LOS TERRENOS BALDÍOS Y LAS CASAS DESOCUPADAS
El literal a) del artículo 17 de la iniciativa, establece que los dueños de los terrenos baldíos pagarán anualmente un impuesto equivalente al de la tasa municipal de cada zona, el cual será incrementado en un veinte por ciento cada año.
Y el literal b) se refiere a las casas y edificios desocupados: “Se pagará también anualmente y su monto será equivalente al del Impuesto de Bienes Inmuebles, incrementándose cada año en un veinte por ciento”.
“Estarán exoneradas del pago de este impuesto las casas y edificios que estén en proceso de mejoramiento u ofrecidas en arrendamiento o venta, por un lapso de un año a partir del momento en que quedaran desocupadas”, añade el artículo.
Navarro valoró como confiscatorio el proyecto.
“Nosotros (PLC) estamos de acuerdo con que haya una ley que facilite la vivienda a los nicaragüenses, pero lo grave es que en este proyecto de ley, como fue introducido, se establece una serie de amenazas a la propiedad privada”, indicó.
“Si el Estado quiere promover la inversión en viviendas populares, que lo haga en terrenos del Estado, pero aquí están penando a la persona que tiene su terrenito pero que a lo mejor no tiene para hacer su casa”, sostuvo.
ERA MÁS DURO, DICE PORRAS
El diputado del FSLN, Gustavo Porras, admitió que en un principio la idea era que cualquier terreno baldío fuera usado para levantar una vivienda de “carácter social”.
“Te quiero decir que la sociedad civil era más dura, decía que donde hubiera terrenos vacíos habría que construir, porque la gente necesita. Pero consensuamos con el Invur”, precisó Porras.
El diputado y sindicalista defendió el proyecto y acusó a Navarro de ser un “derechista de primera”.
“Como él (Navarro) tiene dos casas y tiene una casona no sé dónde, allí en Altos de Santo Domingo, pues no tiene problemas. Pero la gente que no tiene dónde habitar, necesita que se le solucione el problema, y si hay un terreno baldío allí, o se utiliza o se construye en él o se ve qué se hace; pero cómo vas a tener a un ser humano sin tener dónde vivir y con basureros por todos lados, libres, baldíos”, señaló Porras.
EL SÚPER INVUR Y LAS ALCALDÍAS
Pero Navarro ve más anomalías en el anteproyecto. Por ejemplo el hecho de que el Invur y las alcaldías serán los que obtendrán nuevas y amplias facultades, algunas contrarias a la ley.
El Invur tendrá potestad para exonerar o imponer impuestos, y también para regular las normas de construcción.
“El Invur y las municipalidades establecerán las medidas de facilitación y estímulo con el propósito de optimizar la inversión en la producción de suelo urbanizado, como la modificación de las normativas de edificación, la aplicación de exoneraciones tributarias y la imposición de gravámenes a la edificación inadecuada”, estipula el artículo 22 de la iniciativa.
Navarro señaló que sólo la Asamblea Nacional está autorizada para aprobar leyes en materia tributaria.
“Denunciamos que el FSLN, solapadamente, aparte de las agresiones públicas, viene agrediendo al empresario privado, la propiedad privada y con base en leyes silenciosas está cercenando los principales derechos de los ciudadanos. No vamos a permitir estos abusos”, manifestó Navarro.
Por otro lado, el artículo 18 del proyecto brinda al Invur la facultad para revocar la cesión de terrenos que el Estado efectuó a favor de particulares.
“El FSLN está estableciendo facultades confiscatorias contra los privados, los particulares, y lo podrán hacer el Invur y las alcaldías. Si a un particular el Estado o las alcaldías le cedieron algún terreno, en una permuta, en una cesión o una compra, esa ley establece que las alcaldías y el Estado pueden afectar esas transacciones para dejarlas sin efecto. Se pierde la garantía jurídica para el privado que hace una negociación con el Estado y allí hay otras características confiscatorias”, dijo Navarro.
Las nuevas facultades que el proyecto quiere brindar al Invur y a las alcaldías son para la creación de un Banco de Tierra que facilite la construcción de viviendas de interés social, cuyos terrenos no podrán ser menores a los 36 metros cuadrados.
“Es correcto que se desarrolle un fondo para ir facilitando las posibilidades de construcción de viviendas sociales, como facilitando las ubicaciones y lugares de dónde construirlas, y en ese sentido debe haber un organismo del Gobierno encargado de esas cosas, y está el Invur como un organismo del Estado”, justificó Porras estas potestades del Invur.
COMO LA LEY DE AUSENTES
“Aquí están confiscando no sólo los terrenos baldíos sino las casas desocupadas. Imaginate, estamos en la misma situación de cuando impusieron aquella Ley de Ausentes, que si te ibas seis meses (del país) lo perdías todo. Aquí, si no construís en determinado tiempo, te lo confiscan, y eso es una barbaridad”, alertó Navarro.
A PUNTO DE SALIR DEL HORNO
El presidente de la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos, Eliseo Núñez Hernández, coincidió con Navarro al decir que el Invur obtendría amplias potestades si el proyecto de ley se aprueba tal y como está.
El legislador por la Alianza Liberal Nicaragüense añadió que la iniciativa está a punto de ser dictaminada.
“Tiene toda la razón Wilfredo (Navarro), nosotros por eso no hemos dictaminado esta ley. La íbamos a dictaminar en estos días, pero nos habló el asesor, Bayardo Arce, diciendo que el Gobierno necesita mandar unas consideraciones al respecto”, afirmó Núñez Hernández. Agregó que pocas veces los proyectos de ley son aprobados tal y como llegan al parlamento.
