- En caso Cenis, y pide a Centeno que tome control de la Fiscalía
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El candidato a alcalde de Managua por la Alianza Partido Liberal Constitucionalista-VCE, Eduardo Montealegre, pidió ayer la remoción del fiscal especial Armando Juárez, porque tiene intereses “personales, familiares y partidarios” en la acusación que presentará en su contra por el caso de los Cenis.
“Quiero decirle al señor Fiscal General (Julio Centeno Gómez), que ya es hora que tome el control de la Fiscalía; que se ponga al frente de este caso; que es hora que evite los conflictos de interés, y que remueva al fiscal especial don Armando Juárez, porque tiene conflictos personales, partidarios y familiares en este caso”, expresó Montealegre.
ABOGADO DE “PANCHITO” Y PRIMO DE LENÍN CERNA
“Dicen que entre una de las cosas (por las) que a mí me van a acusar es por conflictos de intereses, los cuales no existen, pero don Armando Juárez fue abogado de don Francisco Mayorga, es sobrino de Lenín Cerna y es de todos conocida su vinculación partidaria”, mencionó.
Montealegre señaló que Juárez se desempeñó como abogado defensor del ex presidente del extinto Banco del Café (Bancafé), Francisco Mayorga, cuando éste fue acusado y encarcelado por la quiebra de esa entidad bancaria.
“En LA PRENSA del 2001 encontré que el fiscal Armando Juárez aparece en una fotografía donde dice que es (fue) el abogado defensor de don Francisco Mayorga”, indicó, haciendo referencia al juicio por la quiebra del Banco del Café, propiedad del ex presidente del Banco Central, Francisco Mayorga.
El fiscal especial ya vivió una situación en que fue removido de un caso al quedar en entredicho su idoneidad.
En el famoso caso de Arenas Bay, hace un año, el periodista Carlos Fernando Chamorro demostró que Juárez tenía vínculos de negocio con uno de los investigados, el contralor suplente Vicente Chávez.
Asimismo, desde entonces se publicó el supuesto parentesco entre Juárez y el ex jefe de la Seguridad del Estado sandinista y colaborador cercano del presidente Daniel Ortega, Lenín Cerna Juárez. Ni el fiscal especial ni Cerna Juárez han negado el parentesco.
PROCURADOR ESTRADA TAMBIÉN
Asimismo, Montealegre manifestó que en LA PRENSA del 24 de febrero del 2001 se publicó una declaración del ahora Procurador General de Justicia, Hernán Estrada, donde se evidencia aún más el conflicto de interés en el caso de los Cenis.
“¡Enhorabuena!, exclamó por su parte el socio minoritario del Bancafé, Hernán Estrada, al comentar que el Poder Judicial al fin se está lavando la cara al empezar a castigar los delitos de cuello blanco”, indica la publicación de LA PRENSA de la época.
Montealegre reiteró que además de querer realizar un juicio político en su contra, se presenta una “investigación parcializada” porque “los acusadores tienen conflictos de intereses por vínculos personales, familiares y partidarios”.
“También podría haber conflicto de interés de parte de don Hernán Estrada, quien además de ser primo-hermano mío, fue socio minoritario del Banco del Café”, indicó Montealegre.
MÁS SOSPECHAS
Montealegre aseguró que resulta “sospechoso” que altos funcionarios del actual Gobierno aparecían como socios y directivos de Interbank y del Banco del Café.
“(Estos funcionarios) estuvieron vinculados a las quiebras bancarias y a los hermanos Centeno Roque, que fueron los principales causantes de las quiebras tanto del Interbank como del Banco del Café”, mencionó.
Agregó que “de todos es conocida la relación de los hermanos Centeno con el Frente Sandinista (FSLN)”.
Montealegre señaló que este juicio que pretenden empezar en su contra tiene como único propósito evitar que gane la Alcaldía de Managua.
Recordó que Centeno Gómez fue quien llevó el juicio en contra de las quiebras bancarias y reiteró que en ese sentido espera que “tome el control” de la Fiscalía.
LISTADO PASA A 46
La Fiscalía decidió darse su tiempo para realizar “ajustes” a la acusación en el caso de los Cenis, y ahora se habla de acusación contra 46 personas, y aumenta la versión extraoficial que indica que el atraso es consecuencia de las negociaciones directas entre el presidente Daniel Ortega y representantes de los banqueros.
Ayer, la fiscal adjunta Ana Julia Guido, en declaraciones al oficialista Canal 4 de televisión, sostuvo que son 22 personas las que serán acusadas como coautores, 21 como cooperadores necesarios y tres como cómplices de una serie de ilícitos cometidos, entre los que destacó fraude al Estado.
Guido negó que estén negociando nombres en la lista inicial y que el atraso en introducir la acusación —sobre la cual no dio fecha ni hora— es porque no tienen prisa. Además, porque según dijo, han encontrado otros elementos que fortalecerán la acusación ante el judicial, aunque no detalló cuáles son esos elementos nuevos.
“Ha sido una investigación muy profesional, técnica, muy especializada, en la que hemos contado con la colaboración de muchos especialistas en Economía muy conocidos en el país. Hemos llamado a más de 100 personas en esta investigación, aquí van juntas administradoras, juntas liquidadoras, directivos del Banco Central, (ex) ministros de Hacienda, todos los que de una u otra manera han sido mencionados en esta investigación”, sostuvo la funcionaria.
Consultado el Fiscal General de la República, Julio Centeno Gómez, manifestó que el fiscal Armando Juárez le había manifestado ayer que “estaba estudiando y revisando el contenido de todos los elementos probatorios y que posiblemente en los próximos días se va a presentar la acusación (…) Él tiene derecho para profundizar su tema, de estar evaluando todos los elementos”, dijo.
Ante las críticas de los periodistas de que pese a que es el Fiscal General de la República, no ofrece detalles del caso, éste respondió: “Todo lo manejo pero dentro de los ámbitos jurídicos, y la delegación es un traspaso de funciones, yo no voy a estar interrumpiendo a las personas delegadas”.
Sobre la propuesta de Montealegre de que asuma la investigación, Centeno expresó que “no he leído nada de eso y no puedo pronunciarme”.
CONTRALOR DEFIENDE DECRETO CREADOR DE CENIS
Por su parte, el contralor Guillermo Argüello Poessy defendió el decreto emitido por el ex presidente Arnoldo Alemán, sobre la emisión de Cenis, alegando que el decreto en sí no es delictivo, porque únicamente trataba de proteger los intereses legítimos de los ahorrantes. “Distinto fue lo que se hizo después”, agregó Argüello.
El contralor calificó como una incongruencia el que por un lado se está demandando por la vía penal a los ex funcionarios que emitieron los Cenis, mientras que por otro lado se están pagando los Cenis, en alusión a la reciente renegociación de la deuda con los bancos adquirentes de Cenis, por parte del actual Gobierno.
