La cancelación “ilegal” de la personalidad jurídica del Movimiento Renovador Sandinista (MRS) y del Partido Conservador (PC) contribuye a la ilegitimidad del actual proceso electoral municipal, según advirtió ayer el Grupo Cívico Ética y Transparencia (EyT).
El director ejecutivo del organismo de observación electoral, Roberto Courtney, expresó la “preocupación porque de confirmarse esta acción (la cancelación de los dos partidos) se cometería una injusticia por la aplicación selectiva de la ley, se estarían cerrando peligrosamente las necesarias vías cívicas al disenso, la libertad de opciones políticas y la participación ciudadana más elemental”.
Según Courtney, esta situación sumiría al actual proceso electoral municipal “en una creciente ilegitimidad”, presidida por el retiro del liberal Eduardo Montealegre en la presidencia de la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), el adelanto de unos dos meses en el calendario electoral y la posposición de las elecciones en los municipios de Atlántico Norte, entre otros casos.
Para el organismo, todos los siete partidos políticos nacionales que inscribieron a sus candidatos, luego publicados por el Consejo Supremo Electoral (CSE), cumplen con los requisitos para participar en el proceso, tal como antes lo afirmó el tribunal, por lo que esta aplicación tardía de la ley también es “selectiva y de forma dirigida contra de los opositores políticos”, afirmó.
EyT defendió que el PC inscribió en tiempo a sus candidatos y que la supuesta falta del MRS contra sus estatutos era causa de una suspensión temporal y no de una cancelación de su personería, y criticó la falta del CSE contra el uso que el Frente Sandinista (FSLN) da a las instituciones públicas para su proselitismo político, contra la Ley Electoral.
“El CSE es espuela para algunos y montura para otros y eso en sí mismo es ilegítimo e ilegal. Una institución no puede argumentar cumplimiento de la ley, cuando lo está cumpliendo de forma selectiva”, dijo Courtney, sobre las deferencias del Consejo.
CSJ TIENE OPORTUNIDAD PARA REIVINDICAR
Ante la cancelación de sus personalidades jurídicas, el PC optó por la vía administrativa al interponer un recurso de revisión ante el CSE, y el MRS por un recurso de amparo ante el Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), el cual podría ser aceptado, aunque la Corte Suprema de Justicia (CSJ) tendría la última palabra al respecto.
Para Ética y Transparencia, la intervención de la CSJ restaurando a lo inmediato y sin ambigüedades el pluralismo político y la vigencia de los derechos humanos en el país, representa la esperanza del pueblo nicaragüense y una gran oportunidad al Estado de reivindicarse y evitar daños mayores a nuestra frágil democracia y endeble sostenibilidad económica”.
