Tomado de El Nuevo Herald
Un nuevo e inesperado método de presión podría ampliar el cerco del Gobierno venezolano contra opositores y sectores de la clase media de Venezuela, que se oponen a las políticas chavistas: la revisión de cuentas bancarias privadas.
De acuerdo con documentos y decisiones oficiales recientes, funcionarios del Gobierno chavista están buscando reunir información detallada de personas con cuentas, tarjetas de crédito u otros instrumentos financieros que movilicen cantidades superiores a los 200,000 bolívares fuertes (alrededor de $93,000 al cambio oficial) mensuales.
Adicionalmente, el Gobierno quiere saber detalles de las operaciones de movimientos financieros realizados entre enero del 2005 y diciembre del 2007 por la misma cantidad, una decisión que algunas entidades financieras están viendo con preocupación.
La petición, que no es nueva, podría ser revocada por las nuevas autoridades financieras nombradas esta semana por el mandatario venezolano. Sin embargo, en los últimos dos años el Gobierno mostró su intención de procesar datos de cuentahabientes con movimientos superiores a los 400,000 bolívares fuertes.
opositores claves
Entre las personas cuyas cuentas bancarias el Gobierno quiere investigar está el disidente, general Raúl Baduel, ex Ministro de la Defensa y crítico del gobierno chavista, cuya influencia en el sector militar venezolano es motivo de preocupación de la Administración del presidente Hugo Chávez.
En un comunicado firmado en mayo pasado por el Superintendente de Bancos (Sudeban) Trino Alcides Díaz, considerado un marxista radical, dirigido a todos los bancos y entidades financieras, se solicitó un listado de clientes.
“Este requerimiento viola el derecho a la intimidad y a la confidencialidad de nuestros clientes”, cuestionó el banquero Oscar García Mendoza, presidente del Banco Venezolano de Crédito, y abierto opositor al gobierno chavista.
Según García Mendoza, el Gobierno podría ampliar su exigencia de información confidencial, lo cual “puede exponer a nuestros clientes a riesgos innecesarios”.
García Mendoza escribió en una nota a los cuentahabientes que el Gobierno podría ampliar su exigencia de información confidencial, lo cual “puede exponer a nuestros clientes a riesgos innecesarios, pues no hay garantías que una vez entregada la información ésta sea debidamente salvaguardada”.
