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El directivo del organismo de observación nacional Ética y Transparencia, Roberto Courtney dijo que a pesar de las maniobras que se observan en el desarrollo del proceso electoral, para eliminar la participación de otras organizaciones políticas que no coinciden con las voluntades de los partidos mayoritarios, es prematuro afirmar que puede implementarse un fraude durante los comicios municipales.
Para Courtney, en este momento no es recomendable precipitarse, a pesar de los espacios dentro de la contienda electoral para impulsar maniobras y voluntades políticas a favor de los partidos más poderosos (liberal y sandinista), ya que eso no significa que se geste un fraude en Nicaragua.
“O que el mismo (fraude) sea inminente, actualmente hay peligros, hay amenazas, pero tenemos la confianza de que el proceso (electoral), se va a poder llevar a buen término como en ocasiones anteriores, no es que esté libre de amenaza, es que las mismas, antes de dar el caso por perdido a lo que llaman es a hacer los esfuerzos necesarios para que podamos tener un proceso electoral aceptable”, precisó Courtney.
INHIBICIÓN DE PARTIDOS
El directivo de Ética y Transparencia también se refirió al proceso que desarrolla el Consejo Supremo Electoral (CSE), de cancelación de la personalidad jurídica a cuatro organizaciones políticas, lo que a su juicio, no solamente sería ilegal, sino violatorio a una serie de compromisos internacionales, así como una verdadera amenaza a las libertades públicas, ante la falta de méritos para iniciar ese proceso administrativo.
“Si ignoran toda las pruebas de que llenan los requisitos (los partidos políticos señalados), entonces sería cualquier cosa, menos cumplir con el Estado de Derecho, (los magistrados electorales) se convertirían en verdugos institucionales, manipulando y violando leyes para hacer violaciones a la democracia”, comentó Courtney.
ACREDITACIÓN PENDIENTE
El organismo Ética y Transparencia aún no ha solicitado de forma oficial su acreditación ante el Poder Electoral, confirmó Roberto Courtney, aunque para el directivo, una vez que les sean entregados los formularios contemplados en el reglamento de observación electoral aprobado por ese Poder del Estado, estarían entregando la documentación correspondiente en 48 horas.
De acuerdo con el reglamento aprobado por el CSE, los organismos observadores deberán entregar una solicitud por escrito en ese Poder del Estado por el representante legal del mismo, hasta sesenta días antes de la fecha de celebración de los comicios, y en dicho formulario deberá adjuntar los términos de referencia que indiquen el perfil, experiencia y alcance de la observación que pretenden realizar.
JUEZ Y PARTE
Hasta el momento el único organismo que firmó un convenio de observación fue el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica (CEELA), agrupación a la cual pertenece el Poder Electoral.
“Ése es un apéndice del CSE, es parte de ese CEELA, es decir, es prácticamente el Consejo Electoral acreditándose a sí mismo, no hay que sorprenderse entonces que se acredite de forma expedita y ajenos a los reglamentos, porque es como acreditarse a sí mismo”, indicó Courtney.
“El CEELA por razones de composición y origen (…), en la que incluso el CSE le paga sus gastos, está limitado en lo que podríamos hablar de independencia con respecto al tribunal electoral, y eso limita algunas de sus facultades como observador, como por ejemplo, independencia, lo que le reclaman los partidos políticos”.
Se conoce que ni el Ejecutivo a través de Cancillería, ni el mismo Poder Electoral, han realizado invitaciones a otros organismos de observación electoral internacional para que se acrediten, tales como la Organización de Estados Americanos (OEA), por lo que la diputada Jamileth Bonilla considera que las agrupaciones políticas deben ser más beligerantes, en cuanto insistir a esos organismos para que gestionen su acreditación ante el Poder Electoral.
El Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade) tampoco ha solicitado su acreditación ante el CSE. Mauricio Zúñiga cuestionó anteriormente algunos aspectos contenidos en el reglamento aprobado por ese Poder del Estado en materia de observación electoral.
