- En aplicación de la Ley de Acceso a la Información
Aunque existe un avance considerable desde el punto de vista legislativo con la aprobación de la Ley de Acceso a la Información Pública y su Reglamento falta que las entidades públicas, mixtas, subvencionadas o privadas que manejan recursos públicos y otros beneficios, creen las oficinas de acceso a la información, indicó ayer María Adilia Serrano.
“Es necesario hacer un llamado a las instituciones que se pongan al día, con la creación de las oficinas de acceso a la información”, señaló Serrano.
A juicio de la experta, ahora que Nicaragua cuenta con una Ley de Acceso a la Información, es necesario que se midan los avances de acuerdo con la implementación.
“Se debe revisar si las entidades obligadas han creado sus oficinas de acceso a la información que es el primer paso”, mencionó Serrano durante su participación en la Cátedra Internacional de Derecho a la Información, que concluyó ayer en la Universidad Centroamericana (UCA).
En la cátedra, que duró dos días, también participaron la especialista mexicana Perla Gómez y el chileno Moisés Sánchez.
FALTA AVANZAR
Serrano manifestó que tienen conocimiento de que algunas instituciones ya crearon las oficinas de acceso a la información. Sin embargo, insistió en que “lamentablemente son la minoría”.
El objeto de la Ley de Acceso a la Información es “normar, garantizar y promover el ejercicio del derecho de acceso a la información pública existente en los documentos, archivos y bases de datos de las entidades o instituciones públicas, las sociedades mixtas y las subvencionadas por el Estado”.
La Ley 621 fue aprobada en diciembre pasado y en enero se publicó el Reglamento.
INFORMACIÓN MÍNIMA
Además, indicó que es necesaria la “voluntad política” para que las instituciones brinden aunque sea información mínima.
En ese sentido, mencionó que hay información mínima que debe estar disponible de oficio, como la estructura de la organización, las normas jurídicas y los programas que prestan.
Asimismo, las remuneraciones de los funcionarios, los balances financieros, resultados de auditorías, entre otra información básica que debería estar disponible en los sitios web de estas instituciones.
Moisés Sánchez, de la fundación chilena Pro Acceso, expresó que el acceso a la información pública es una forma de garantizar la participación efectiva de la población.
Además, dijo que es necesario crear capacidades en los funcionarios y solicitantes, sobre el funcionamiento y los beneficios de la Ley.
En ese sentido, explicó que en Chile el Estado mismo ha buscado garantizar el acceso a la información como medida de modernización.
