El director ejecutivo del Instituto para la Democracia y el Desarrollo (Ipade), Mauricio Zúñiga, afirmó que históricamente el número de votantes en cada Junta Receptora de Votos (JRV) en la Costa Atlántica, oscila en los 235 electores, cifra que está muy por debajo del techo establecido de 400 ciudadanos, dado el sistema domiciliar que se implementa durante los procesos electorales.
Según Zúñiga, si el argumento del Consejo Supremo Electoral (CSE) es que se registran movilizaciones de ciudadanos en las comunidades afectadas por el huracán Félix, entre el 30 y 50 por ciento, esto no significa que vayan a sobrepasar el número establecido para cada JRV.
Zúñiga destacó que al resolver el Poder Electoral que se realizará un proceso de verificación en los municipios afectados, en realidad está pretendiendo un esfuerzo organizativo similar al de hacer elecciones.
“Ahí el CSE está diciendo que sencillamente las razones no son de orden logístico, ni de orden técnico, sino que eso fue una decisión de orden político”, manifestó Zúñiga.
El director ejecutivo del Ipade precisó que la cartografía del CSE desde el año 2000, está delimitada por los Centros de Votación, los cuales son conformados por las Juntas Receptoras de Votos que se habilitan en el mismo y, por lo tanto, cuando se pasan los 400 electores lo que se hace es crear la Junta Virtual en la que se ubican los que están por encima del límite señalado en la Ley Electoral.
Esta actividad se ha implementado en los últimos procesos electorales, por lo que no entiende cuál es la diferencia en los municipios afectados.
Informó que en una verificación técnica en la Costa Atlántica efectuada en el 2006 por esa organización cívica y que contó con el aval del CSE, refleja que el 28 por ciento de electores se movilizan entre cada elección, lo que significa un tercio del padrón electoral actual.
La ex magistrada presidenta del CSE, Rosa Marina Zelaya, recordó que en las primeras elecciones ese Poder fue capaz de levantar cartografía electoral nacional en cuatro días y estimó que “perfectamente, con voluntad” se puede garantizar la misma en uno o dos meses para los municipios de Atlántico Norte.
