- El Movimiento por Nicaragua denuncia “rosario” de atropellos del actual Gobierno sandinista
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El Movimiento por Nicaragua (MpN) elevó ayer una alarma a la ciudadanía por el peligro en que se encuentran la libertad de expresión y la democracia en el país, por el gobierno que dirige Daniel Ortega.
En un pronunciamiento publicado ayer, la organización cívica destacó las acusaciones por injurias y calumnias que miembros de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) efectuaron en contra de LA PRENSA, los asaltos a tres radioemisoras de Managua y las amenazas a varios periodistas.
“Lamentablemente estos hechos se han venido acumulando, no ha habido un cambio ni una voluntad política del Gobierno por revertir esta peligrosa ruta hacia el autoritarismo”, indicó Violeta Granera, directora del Movimiento por Nicaragua.
EL “ROSARIO”
Además “del absurdo y amañado juicio” en contra de LA PRENSA y “la campaña de difamación en contra de Jaime Chamorro Cardenal”, el Movimiento por Nicaragua señaló que la libertad de expresión está en peligro por las amenazas de muerte en contra del caricaturista Manuel Guillén y el presentador de televisión Jaime Arellano.
El organismo expresó su preocupación por la libertad del asesino de Carlos Guadamuz (el sandinista William Hurtado) y los beneficios que quieren brindar a quien fulminó a la periodista María José Bravo, el ex alcalde liberal Eugenio Hernández.
Los ataques en contra de las radios Corporación, El Pensamiento y 15 de Septiembre también son causa de preocupación.
PIDEN INVESTIGACIÓN
El periodista Eduardo González, de Radio Corporación, mencionó que “lo que llama la atención en el caso particular de las radios, es la forma coincidental, sistemática y referida en contra de algunos medios de información, (que sufren) el vandalismo, el robo y la displicencia de la Policía Nacional por investigar a profundidad el daño causado a los transmisores de Radio Corporación, Radio El Pensamiento y Radio 15 de Septiembre”.
El Movimiento por Nicaragua demandó a la Policía Nacional una exhaustiva investigación de todos los hechos, al Poder Judicial castigar a los culpables, y al parlamento la aprobación de una ley que prorrogue las licencias de transmisión de los medios radiofónicos y televisivos.
