- Liberales suspenden discusión de la ley antifraude energético, que es requisito del FMI
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Los diputados de las dos bancadas liberales de la Asamblea Nacional se unieron ayer en una declaración que motivó la suspensión de la discusión en lo particular de la polémica Ley del Uso Responsable del Servicio de Energía Eléctrica y advirtieron sobre la amenaza a la democracia, si cualquier Poder del Estado o institución suspende las elecciones en tres municipios de la Región Autónoma Atlántico Norte (RAAN) que resultaron afectados por el huracán Félix.
Según la declaración firmada por los diputados de la Bancada Democrática Nicaragüense (BDN, antes ALN) y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), solamente la Asamblea Nacional está facultada para suspender cualquier tipo de elección en el país, con una reforma a la Ley Electoral.
La declaración no fue votada por incumplir requisitos de ley, pero la sesión fue suspendida hasta nuevo aviso.
La declaración discutida por los liberales también fue apoyada por el jefe de la bancada del Movimiento Renovador Sandinista (MRS), Enrique Sáenz. Pero no por los sandinistas y sus aliados de la Convergencia, que criticaron el dominio del tema por la suspensión o no de esas elecciones, sobre la discusión de la legislación también conocida como ley antifraude energético.
Por otra parte, había diputados ayudando a hacer quórum a la bancada gobiernista, como Juan Ramón Jiménez y Mario Valle, quienes a pesar de que fueron electos en la boleta del MRS, desde un inicio han votado con los sandinistas; y Ramón Macías y Eliseo Núñez de ALN, que ahora funcionan también como aliados del FSLN.
ADVIERTEN AMENAZA DIRECTA A LA DEMOCRACIA
El documento indica que los diputados de “diferentes bancadas democráticas” rechazan “la intención del Poder Ejecutivo y los magistrados del Consejo Supremo Electoral (CSE), de suspender el proceso electoral en los municipios Waspam, Bilwi y Prinzapolka, de la RAAN”.
Para los diputados una acción semejante del CSE o cualquier intento de otro Poder o entidad del Estado “constituyen una amenaza para la democracia, para todo el proceso electoral y para la participación ciudadana”, por obstaculizar el derecho político a elegir y ser electo.
Además, afirman que esto “fracturaría gravemente las relaciones armónicas (entre los diferentes poderes del Estado) establecidas en la Constitución Política de Nicaragua, y daría paso al surgimiento de un nuevo e innecesario conflicto de competencia o inconstitucionalidad”, que paralizaría por segunda ocasión la Asamblea.
Los diputados argumentan que “sería discriminatorio y violatorio a los derechos constitucionales” de los habitantes de esos tres municipios.
Además, califican de “improcedente e inaplicable” el argumento del CSE para suspender el proceso en base al artículo 179 de la Ley Electoral, que faculta a esa entidad para resolver cualquier asunto en materia electoral que no esté previsto en esa ley, como la suspensión de los comicios en tres de los 153 municipios del país que elegirían sus autoridades en noviembre.
Para los diputados, la suspensión necesitaría de la aprobación de una reforma a la Ley Electoral, que por ser de rango constitucional exigiría una mayoría calificada del parlamento con el voto de 56 de sus 92 diputados.
ENVIARÁN CARTA AL FMI Y VERÁN AGENDA COMÚN
El jefe de la bancada del PLC, Maximino Rodríguez, agregó que el mismo grupo de diputados enviará una carta al Fondo Monetario Internacional (FMI), a propósito de que la suspensión de la discusión en lo particular de la ley antifraude afectaría el Programa Económico Financiero que tiene el Gobierno con ese organismo por los próximos tres años.
Según Rodríguez, la carta expresará al FMI que “como diputados sí tenemos interés de que Nicaragua se mantenga dentro del programa, pero tenemos mucho más interés por conservar el sistema democrático en Nicaragua y eso también es interesante para todos los nicaragüenses”.
La jefa de la Bancada Democrática, María Eugenia Sequeira, pidió también “que el FMI presione también al Gobierno de Daniel Ortega a que respete la Constitución de la República, el Estado de Derecho y la institucionalidad en este país”.
Sequeira subrayó que “si no hay gobernabilidad, no hay estabilidad en este país, no hay inversión y no hay desarrollo económico y por lo tanto el Fondo Monetario y todas las organizaciones internacionales tienen que exigir al Gobierno que respete la institucionalidad en este país, si no aquí va a haber un caos democrático y económico”.
El diputado del MRS, Enrique Sáenz, también expresó en el plenario que una suspensión de las elecciones en Waspam, Bilwi y Prinzapolka por parte del CSE sentaría un mal precedente para la suspensión de cualquier otro tipo de elección en cualquier municipio del país y por cualquier otro motivo, violentando así la democracia.
Rodríguez y Sequeira coincidieron en que trabajarán estos días en el desarrollo de una agenda común, que según Sequeira será “de interés social y económico para la nación”.
MONTEALEGRE BOTA ARGUMENTO DE ORTEGA
El diputado de la Bancada Democrática, Eduardo Montealegre, también aprovechó para criticar la supuesta prioridad de la Autonomía Regional para suspender el proceso, como argumentó la noche del lunes el mandatario Daniel Ortega.
“Creo que la Autonomía es importante, pero estas son elecciones municipales, y la RAAN y la RAAS están dividas en municipios y la Constitución Política es la que rige las elecciones municipales. La Ley de Autonomía no contiene nada en temas de elecciones municipales, por tanto el presidente Ortega ha sido mal asesorado”, respondió Montealegre.
Ortega recordó el lunes que en febrero el Consejo de la RAAN pidió al CSE la suspensión de los comicios en tres de los ocho municipios de esa región, por lo que habría que respetar esa decisión de esa autoridad.
Pero según Montealegre, “el Consejo Regional no tiene ninguna facultad legal para suspender ninguna elección”.
En cambio, el diputado del partido indígena Yatama, aliado al Frente Sandinista, Brooklyn Rivera, celebró el argumento de Ortega y calificó como “una posición extrema y polarizante” la presión de los diputados de la oposición en favor del desarrollo de los comicios.
