- FSLN demanda “ley” y liberales van por decreto
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El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) demandó ayer que la amnistía se apruebe como una ley en el parlamento, que estaría sujeta a un veto presidencial y no como un decreto que no necesitaría de la firma del mandatario Daniel Ortega.
Los diputados liberales impulsan un decreto de amnistía para anular al presidente Ortega la posibilidad del veto.
“Ahí hay un error, porque la Constitución dice bien clara ‘Ley de Amnistía’, lo dice bien claro. Cualquiera puede decir misa, pero la Constitución es la máxima ley de la República y dice ‘Ley de Amnistía’ y ustedes lo saben”, dijo ayer el coordinador de la bancada por el FSLN, Edwin Castro.
Sin embargo, la Constitución y la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional no especifican que la amnistía es una ley, aunque tampoco precisa si es un decreto.
Las amnistías aprobadas en los años noventa fueron bajo condición de ley.
La Constitución establece que corresponde a los diputados conceder amnistías e indultos.
El presidente de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Enrique Quiñónez, informó ayer que los liberales en la comisión analizan las vías legales para aprobar la amnistía como un decreto y no como una ley.
“Se van a hacer las consultas debidas y después se va a definir si es por vía ley o por vía decreto. Porque no hay ninguna Ley de Amnistía, ni una Ley de Indulto. Están plasmadas como un derecho que tiene la Asamblea Nacional y eso lo vamos a analizar”, manifestó Quiñónez.
LA CONSTITUCIÓN Y LA LEY ORGÁNICA
En su artículo 138, numeral tres, la Constitución estipula que es una de las atribuciones de la Asamblea Nacional “conceder amnistía e indulto por su propia iniciativa o por iniciativa del Presidente de la República”, aspecto que también contempla el artículo treinta, en el numeral tres de la Ley Orgánica del parlamento.
El artículo 62 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional, en su numeral uno, dice que son materias de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos la amnistía y el indulto.
No obstante el artículo 89 del estatuto parlamentario, al definir qué se entiende por decreto legislativo, enumera los diferentes casos, pero no hace mención ni de la amnistía ni del indulto.
Quiñónez manifestó que en la comisión legislativa aprobarán lo que esté más apegado a la verdad, “pero no lo más apegado a la verdad del FSLN”.
ALN ECHA SEGUNDA
La amnistía favorecerá a Arnoldo Alemán y Eduardo Montealegre, dos dirigentes políticos que enfrentan procesos judiciales.
La amnistía requiere de 47 votos y las bancadas del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN-PC) suman 44.
Jamileth Bonilla podría ser la número 45, ya que ha dicho que respalda a título personal una amnistía. Pero es en 45 que se acaban los votos.
Los legisladores se basarán en el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional para aprobar una amnistía como decreto.
La jefa de bancada por la ALN-PC, María Eugenia Sequeira, admitió ayer que la amnistía “es necesaria” para que los dirigentes políticos dejen de ser rehenes del FSLN.
Sequeira y el diputado miembro de la Comisión de la Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, Augusto Valle, respaldaron ayer en nombre del partido la aprobación de una amnistía.
Según Sequeira, el FSLN ha instalado en Nicaragua “un sistema dictatorial”, que no quiere rastros de democracia en el país y chantajea con presiones a los líderes de la oposición, por lo que “se ha llegado a un punto tal donde ya se necesita definitivamente una amnistía”.
La diputada indicó que esta amnistía “va como un interés de nación, de defender la democracia en este país”, de manera que “no se trata sólo de (proteger a) Eduardo Montealegre o Arnoldo Alemán”.
Valle valoró que “hay tentáculos de poder” del FSLN en las instituciones judiciales y hay un interés por “decapitar a algunos líderes que intenten pegar un grito en contra de los caprichos trasnochados del Frente Sandinista y de Daniel Ortega en particular”.
Pero sostuvo que la amnistía “no irrumpirá el marco jurídico” del país al extender la misma a los funcionarios y sus familiares hasta el cuarto grado de consanguinidad, como se ha divulgado.
TELLER: HAY QUE REVISAR PROYECTO
El vocero nacional del PLC, Leonel Teller comentó que el actual proyecto de amnistía necesita “una revisión profunda” porque el objetivo es detener “la persecución política contra los líderes democráticos desatada por el Frente Sandinita”. Teller dice que le PLC no está de acuerdo con un dictámen que brinda amnistía a una amplia gama de personas.
LA POLÉMICA
Y es el alcance que tendrá la amnistía lo que más polémica ha despertado en los últimos días.
Un proyecto que circula entre los miembros de la comisión de Gobernación y que en público es rechazado por los diputados, habla de una amnistía que cobijaría a los parientes hasta en un cuarto grado de afinidad de las personas que han sido nombradas en las presunciones de la Contraloría General de la República (CGR).
Castro manifestó que esa iniciativa promueve la impunidad.
“Es un mensaje a la impunidad. Las amnistías son para problemas políticos y allí no hay ningún problema político y ningún problema social, hay robo”, aseguró Castro.
EL CARDENAL A ESCENA
Quiñónez expresó que el tema sigue abierto al debate y adelantó que hoy a las 11:00 a.m. se espera la asistencia del cardenal Miguel Obando y Bravo para conocer su posición en torno al tema.
“Yo sé que el FSLN ya trabaja su dictamen desfavorable, es su derecho. Pero no es apegado a la moralidad, porque ellos son amnistiados, se acogieron a una amnistía en marzo de 1990 y la aprobaron los mismos sandinistas, ni siquiera habían tomado posesión los diputados de la Unión Nacional Opositora”, criticó Quiñónez.
Mientras, el diputado Salvador Talavera manifestó que no es el momento de abordar si la amnistía debe ser aprobada como ley o decreto, debido a que ni siquiera existen los 47 votos para aprobarla.
