- Liberales pretenden así evitar pasar por el veto presidencial
Los diputados liberales están buscando la manera de evitar que una futura amnistía sea bloqueada por el presidente Daniel Ortega.
La idea es que dicho perdón tenga la figura de un decreto legistativo y no de una ley, para evitar el veto.
De acuerdo a un anteproyecto de amnistía que ya circula entre los miembros liberales de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, el artículo 89 de la Ley Orgánica de la Asamblea Nacional establece que los decretos legislativos no requieren de una sanción del Poder Ejecutivo.
De tal forma que de aprobarse el “Decreto de Amnistía General y Reconciliación Nacional”, el presidente Ortega quedará con las manos atadas, viendo cómo Arnoldo Alemán y otros políticos, posiblemente Eduardo Montealegre, se verán libres de todo proceso Civil, Penal o Administrativo en contra de ellos y sus familiares hasta el tercer grado —ascendente, descendente o colateral— de consanguinidad o afinidad.
“De conformidad con el párrafo final del artículo 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua, este decreto de amnistía no requiere sanción del Poder Ejecutivo y entrará en vigencia a partir de su publicación en cualquier medio escrito de comunicación social, sin perjuicio de su posterior publicación en La Gaceta, diario oficial”, dice el artículo siete del decreto de amnistía que impulsarán los liberales desde la Asamblea Nacional.
LA PRENSA tuvo acceso ayer al borrador del decreto de amnistía, aunque el presidente de la Comisión de Paz, Defensa, Gobernación y Derechos Humanos, Enrique Quiñónez, indicó que todo se trata de especulaciones.
“Todo eso hasta el momento es pura especulación, nosotros vamos a esperar a que se dé el dictamen favorable o desfavorable, de mayoría o de minoría, de cada uno de los diputados”, adujo Quiñónez.
El Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y una parte de la Alianza Liberal Nicaragüense-Partido Conservador (ALN- PC), respaldan la amnistía al alegar que de esa manera le quitarán al presidente Ortega y al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) “el arma judicial” que tienen en la cabeza de varios políticos, entre ellos Alemán y Montealegre.
El FSLN se opone a la amnistía, al decir que se perdonarán y olvidarán delitos comunes y no delitos políticos.
Los diputados del FSLN no asisten a las sesiones de la Comisión de Gobernación y rechazarán con sus votos la amnistía.
AMPLÍSIMA AMNISTÍA
Por otro lado, el proyecto propone beneficiar a los implicados directos por la Contraloría General de la República (PGR) y Corte Suprema de Justicia (CSJ), y a un buen círculo de sus familiares y ex colegas de trabajo.
De acuerdo al artículo uno del anteproyecto, la amnistía beneficiará a “todas las personas nacionales o extranjeras, residentes o no en el territorio nacional, que durante el período establecido en el presente decreto (14 marzo de 1990 al siete de enero 2007) ejercieron o ejercen cargos públicos”, en los distintos poderes del Estado, instituciones, entes descentralizados, regiones autónomas, departamentos y municipios del país.
La gracia de la amnistía también cobijará a todas aquellas personas mencionadas en las presunciones administrativas, civiles y penales de la CGR, sin importar su grado de participación en el delito que se les imputa, sea verdadero o no.
Y finalmente se verán beneficiados los cónyuges o ex cónyuges, convivientes o ex convivientes en unión de hecho, parientes hasta el tercer grado de consanguinidad o afinidad, ya sean ascendentes, descendientes o colaterales de los imputados.
La amnistía detendrá todos los procesos en contra de los beneficiados.
Quiñónez explicó que analizarán con la CGR cuántos ex funcionarios de Estado se verán favorecidos con la amnistía. El diputado liberal estimó en doscientos los ex funcionarios que recibirán el perdón y olvido de los supuestos delitos.
DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO
Además, el decreto ordena detener todos los procesos a la CGR, CSJ, tribunales, Policía Nacional, Ministerio Público, Procuraduría General de la República y/o cualquier otra instancia administrativa, regional o municipal, o autoridad de cualquier otra naturaleza.
El diputado Salvador Talavera dijo ayer que algunos diputados de la comisión legislativa todavía no deciden respaldar el dictamen de amnistía debido al costo político que cargarán sobre sus hombros.
El decreto parlamentario aclara en su artículo dos que la amnistía no favorecerá a los narcotraficantes ni a los inculpados por lavado de dinero, entre otras actividades relacionadas con el tráfico ilegal de estupefacientes y sicotrópicos.
LOS QUE ESTÁN EN CONTRA
El Centro Nicaragüense de Derechos Humanos ya se pronunció en contra de la amnistía y ayer le tocó el turno a la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH).
“Esta iniciativa es una ofensa a la justicia y al pueblo de Nicaragua y por ende no podemos estar premiando a las personas que han sido señaladas por actos de corrupción”, dijo el representante de la CPDH, Marcos Carmona.
