- Magistrado liberal rechaza que pacto Alemán-Ortega alcance a la Corte
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Ver Infografia > La Corte Suprema de Justicia (CSJ), sobre la cual el presidente Daniel Ortega ha demostrado poseer gran influencia, podría seguir emitiendo resoluciones que “lastimen el Estado de Derecho” en el país producto del pacto Alemán-Ortega, según el diputado del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), Enrique Quiñónez, quien también afirmó que su partido asumirá un “costo político” por las resoluciones de sus magistrados.
Quiñónez declaró esto tras reconocer que el país recibió con “sorpresa” el hecho ocurrido el pasado 10 de enero en el que “los magistrados liberales salieron aprobando de oficio” (junto a los sandinistas, dos resoluciones en beneficio de Ejecutivo y contra el Legislativo, envueltos en una crisis política-institucional), aunque fuera contraproducente con la posición que tenemos muchos diputados de tendencia democrática.
A pesar del temor del diputado liberal, su compañero de partido y magistrado de la Corte, Edgard Navas, niega la existencia de una nueva edición del pacto entre el mandatario Daniel Ortega y el ex presidente y reo Arnoldo Alemán, condenado a veinte años de prisión por delitos contra el Estado.
Al menos 52 diputados de la oposición se quejan por el establecimiento de un control previo sobre las leyes, de parte del Ejecutivo a través de la CSJ, la que al ratificar el derecho del Presidente a emitir decretos administrativos reconoció también la instalación de los polémicos Consejos del Poder Ciudadano (CPC), que coordina la esposa de Ortega, Rosario Murillo, y funcionan como órganos paraestatales.
Sin embargo, para Navas el control previo es aún una materia pendiente para la Asamblea, pues sostuvo que los magistrados liberales de la Corte (ocho de 16 en total) son del “criterio de que la Asamblea Nacional no debe ser interrumpida en el proceso (de publicación de la ley)”.
Navas también niega que la repentina restitución del régimen de convivencia familiar a Alemán, quien goza del beneficio de país por cárcel suspendido el 13 de diciembre pasado, sea parte de un repacto del PLC con el presidente Ortega.
“Cuando en este país se trata de que las cosas vuelvan a la normalidad, de que las aguas recuperen su cauce siempre se habla de repacto”, dijo Navas, quien luego rechazó comentar más sobre el régimen que ahora le permite a Alemán salir por todo el país a pesar de su condena.
LA PRENSA intentó sin éxito durante el fin de semana ubicar al resto de magistrados liberales de la CSJ.
Navas se plantó en que la sentencia de la CSJ reconoce el derecho del Presidente para promulgar decretos administrativos, como el creador de los controversiales CPC luego que la Asamblea lo rechazara, pero no significa el control previo sobre las leyes, esto lo deben “analizar” los diputados.
SUGIEREN “CUIDADO” CON ELECCIÓN DE MAGISTRADOS
Mientras, el diputado Enrique Quiñónez indicó que debería “procurarse más cuidado” en la elección de los próximos magistrados de la Corte, a algunos de los cuales se les vence su período a mediados de este año.
“Creo que va a haber mucha oposición de ciertos magistrados que los hemos visto más preocupados por intereses que beneficien al Frente Sandinista que los que puedan beneficiar a nuestro país”, dijo Quiñónez, aunque rehusó revelar las identidades de los magistrados liberales a quienes acusó de “decir una cosa, afirmar una posición y luego hacer lo contrario”.
Según Quiñónez, el PLC no apoyará como magistrados a quienes impartan justicia partidarizada y se muestren interesados en “seguirle dando al Frente Sandinista todos los caprichos que Ortega quiere”.
Aunque, para el también diputado del PLC, Wilfredo Navarro, el rol de la CSJ en un fortalecimiento del pacto “terminó” con la presentación de las resoluciones entregadas a Ortega en el parlamento y ahora lo que resta es la negociación entre la oposición y los sandinistas para negociar la publicación de una interpretación auténtica de la Ley de Amparo o su reforma.
