- El mandatario logra legalización de sus CPC y que la Corte mantenga control previo sobre leyes, mientras Alemán recupera convivencia familiar
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“Por sus frutos los conoceréis” dice el Evangelio, y los frutos de una reactivación del pacto entre el presidente Daniel Ortega y el dirigente liberal Arnoldo Alemán quedaron claros ayer, con dos sentencias judiciales que emitió la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
Una mantiene intacta la facultad judicial del control previo sobre las leyes, al legalizar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), con lo cual la Corte podrá regular la facultad del Legislativo de aprobar y publicar leyes.
La otra pone en vigencia las reformas constitucionales del 2005.
Dichas reformas declaran inconstitucional —dos años después— la Ley Marco, pero deroga también otras leyes conexas, como la que reformaba el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social y la que creaba la Superintendencia de Servicios Públicos.
Fuentes judiciales dijeron que las dos sentencias se firmaron bajo un clima de tensión, debido a que los magistrados sandinistas se negaban a restituir la convivencia familiar y regresarle el beneficio de país por cárcel a Alemán, revocados en diciembre.
Finalmente, la Sala Penal de la CSJ confirmó la competencia de la juez de Ejecución de Sentencia y Vigilancia Penitenciaria, Roxana Zapata, para que restituyera el régimen de convivencia familiar a Alemán.
Los 16 magistrados de la CSJ también resolvieron en otra sentencia, declarar inconstitucionales dos Leyes Marco: una Ley Marco del 2005 que suspendió las reformas constitucionales de ese año, y una prórroga a esa Ley Marco aprobada en el 2007 que establecía que se congelaban las mismas hasta el 20 de enero de 2008 (dentro de nueve días).
Asimismo, la CSJ también declaró inconstitucionales la Ley de Superintendencia de Servicios Públicos, la Ley de Intendencia de la Propiedad y la Ley del Seguro Social, al considerar que se omitió el proceso de consultas necesarias.
EL NOMBRAMIENTO DE LOS MINISTROS
A partir de hoy Ortega deberá acordar con el parlamento el nombramiento, y el parlamento podrá destituir ministros y embajadores, sin embargo, la destitución deberá contar con la aprobación del 60 por ciento del total de diputados. La misma regla se aplica para la ratificación del nombramiento de futuros ministros o embajadores.
Por su parte, Ortega recobró la facultad de crear los Consejos que estime conveniente, aunque sin funciones ministeriales ni fondos estatales.
OTRO GARROTE
El diputado liberal Wilfredo Navarro calificó como “peligrosas” las dos sentencias judiciales, debido a que le otorgan al FSLN, que domina el Poder Judicial, la potestad de declarar inconstitucional cualquier ley, al considerar que no fueron lo suficientemente consultadas.
“Ojo, esto es peligroso también, porque le da a la Corte Suprema la facultad para declarar inconstitucional cualquier ley que políticamente no le interese al Frente Sandinista, con el simple argumento de que no fue consultada como dice la Constitución. La Suprema anda buscando otro garrote para someter al proceso de formación de la ley”, precisó Navarro.
LAS SENTENCIAS
El mandatario, quien asistió ayer al parlamento a entregar su Primer Informe Anual de Gobierno, celebró la sentencia que le permite crear los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y otra que dio inmediata vigencia a las reformas del 2005, que limitan al Poder Ejecutivo en lo relativo al nombramiento y destitución de ministros.
Según Ortega, se dio un “paso más” hacia un sistema de gobierno parlamentario “ampliamente participativo”.
“Nos sentimos satisfechos, porque dimos un primer paso, y la Asamblea va a conocer y aprobar los nombramientos de ministros, embajadores y todo lo que está establecido en esa reforma”, dijo Ortega.
El mandatario también celebró la desaparición de la Superintendencia de Servicios Públicos (Sisep), la Intendencia de la Propiedad, la Ley del Seguro Social, de las que Ortega y su partido fueron los principales impulsores durante el período de Enrique Bolaños.
EL ARMA SIGUE CARGADA
Los magistrados judiciales no tocaron el tema del control previo a las leyes, por lo cual Navarro consideró que la crisis de fondo está vigente, debido a que la CSJ puede evitar la aprobación y publicación de otras leyes en cualquier momento.
“El derecho constitucional de la Asamblea de emitir leyes sin control previo no está solucionado, esa es la crisis, y mientras eso no sea solucionado, es como que aquí no ha pasado nada”, advirtió Navarro.
Pero eso dependerá de cuántos de los 52 diputados opositores se mantengan dentro del llamado Bloque Contra la Dictadura. A raíz de la crisis, el Bloque había decidido aprobar un Presupuesto de la República distinto al enviado por el Ejecutivo, pero no todos los 52 diputados comparten esa visión, comenzando por el presidente de la Comisión Económica, el liberal Francisco Aguirre Sacasa.
LEYES PARA BOLAÑOS
El vicepresidente de la CSJ, el magistrado sandinista Rafael Solís, explicó que declarar inconstitucional la Ley Marco era la única manera para también declarar inconstitucional la Sisep, el Instituto de la Propiedad Reformada Urbana y Rural y la Ley de Seguridad Social, diseñadas para restar facultades al Ejecutivo en tiempos de Enrique Bolaños.
Según Solís, el consenso en la Corte era que no había necesidad de cargar al Gobierno con la Sisep, el Instituto de la Propiedad y la Ley del Seguro Social.
El presidente de la CSJ, Manuel Martínez, explicó que las leyes secundarias, refiriéndose a la Ley Creadora de la Sisep y demás, no pueden estar sobre la Constitución.
“Nosotros declaramos constitucionales las reformas porque fueron tramitadas conforme a Derecho, las dependencias que crearon fueron conforme leyes ordinarias, entonces tuvimos la facultad por interés nacional de declararlas inconstitucionales, para no recargar el Presupuesto de la República, porque sacaríamos al país del Fondo Monetario y de toda esa macroeconomía que no podemos ponerla en peligro”, indicó Martínez.
CONTROL PREVIO
Los magistrados de la CSJ decidieron no pronunciarse sobre si debe haber control previo o no sobre el proceso de formación de las leyes en la Asamblea Nacional.
“Sobre el control previo, la Asamblea dice que no se puede interrumpir el proceso de formación de la ley, sobre eso posiblemente vamos a tener un diálogo directo con la Asamblea. Nosotros venimos planteando la reforma de la Ley de Amparo y ahí se va a ver eso”, dijo el magistrado Francisco Rosales.
Solís comentó que los diputados del Bloque Contra la Dictadura deberán valorar si tienen los votos para proceder a una negociación y reformar la Ley de Amparo en el punto del control previo.
(Con la colaboración de María José Uriarte).
