[/doap_box]
El jefe de la bancada liberal, Maximino Rodríguez, afirmó que la resolución emitida por la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) -conformada irregularmente-, en contra del proceso de formación de la Ley 630, que derogaba la conformación de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), es otro de los puntos que el Frente Sandinista demandaba como negociación, ya que el presidente Daniel Ortega sabe que es minoría en la Asamblea Nacional.
Rodríguez señaló que la amenaza de mandar a la cárcel al ex presidente Arnoldo Alemán, fue producto de la falta de respaldo a las reformas constitucionales que le permitan la reelección y de no permitírsele el amparo en el control previo de la ley. Según el diputado Rodríguez, esto abriría la posibilidad de que cualquier persona interrumpa el proceso de formación de cualquier ley si considera que lesiona sus derechos.
“Cuando habla del control previo, significa que si una vez por una u otra razón no le gusta, se ampara y eso sí es peligroso, no la cortina de humo que él (Ortega) está lanzando, lo peligrosísimo es permitirle a Ortega y a sus sicarios, CDS, como le quieran llamar a esos magistrados (judiciales de tendencia sandinista), porque de magistrados no tienen nada, ya que no administran justicia”, indicó el jefe de bancada liberal.
El diputado liberal agregó que “ellos han dicho que ese control previo lo quieren garantizar, y eso es peligroso porque cualquier individuo que esté inmerso en el crimen organizado podría ampararse ante una iniciativa de ley que pretenda, digamos reprimir ese ilícito”.
Recordó que el proceso de formación de la ley, se entiende desde su iniciativa, hasta su publicación. “Por eso ellos (magistrados sandinistas), han hecho actos al margen de la Constitución, porque no podían fallar ante una ley que no había nacido, quien puede fallar ante una ley así, sólo los estúpidos como los señores que firmaron una resolución en contra de la Asamblea Nacional, y además la constitución de esa Sala es ilegal, es inconstitucional”, observó Rodríguez.
INSISTE EN DIÁLOGO ABIERTO
Para Maximino Rodríguez, la solución del problema es que el presidente Ortega convoque a un diálogo nacional, sin condicionamientos, con los medios de comunicación como testigos, donde se comprometa a respetar el Estado de Derecho.
“Porque no se puede negociar con un individuo que lo que pretende es imponerse a través de la fuerza, y además una negociación tiene que ser de cara al pueblo de Nicaragua”, precisó Rodríguez.
El jefe de la bancada liberal reiteró que no es con la presión de ofrecer cárcel que se va a negociar, “porque desde ningún punto de vista se puede negociar el Estado de Derecho”.
REGAÑADA A HERRERA
Rodríguez recordó que durante una encerrona que sostuvieron los miembros del PLC para analizar la resolución emitida por la Sala Constitucional de la CSJ, el ex presidente Arnoldo Alemán, le reclamó al magistrado electoral liberal, René Herrera, por el supuesto compromiso que asumió con los sandinistas, de poner los votos liberales en la Asamblea para aprobar las reformas constitucionales y el cambio de sistema de gobierno.
“El doctor Alemán le dijo en su cara, cuándo te dije yo a vos que comprometieras los votos del partido, si los comprometiste fuiste vos, no yo. Y Herrera no dijo nada, entonces se mandó el mensaje que si no le daba los votos para su proyecto personal (Ortega), que es reelegirse y quedarse en el poder de manera perpetua antes del 24 de diciembre iba a la cárcel”, destacó Rodríguez .
En ese sentido, Eduardo Montealegre, dijo que antes de sentarse a un diálogo, el primer paso es que la Corte Suprema de Justicia (CSJ) restituya a la Asamblea Nacional sus facultades de legislar sin ningún tipo de condicionamiento.
“Sin chantajes y por supuesto, en libertad absoluta para los diputados de la Asamblea Nacional de poder sentarse a aprobar una ley sin que esté sujeta a que venga un Tribunal de Apelaciones y detenga el proceso de formación de la ley”, manifestó Montealegre.
¿AMENAZAS CONTRA RAMOS Y ROSALES?
El jefe de la bancada liberal, aseguró que durante la conformación de la Sala Constitucional para emitir la resolución sobre la Ley 630, los magistrados como Francisco Rosales y Alba Luz Ramos, se habrían opuesto a la misma, “pero fueron amenazados por el magistrado Rafael Solís, quien atinó a decir que esto es una orden del comandante (Ortega)”.
