Marvin Mendoza Ortega explica que desmovilizados del Ejército fueron beneficiados por la Reforma Agraria. (LAPRENSA/C. CORTEZ)

Ex militares denuncian que Leiva quiere quitarles tierras

Ervin Leiva Urbina es identificado como un “socio” del ex convictoAlex Centeno [doap_box title=»El caso de Los Jícaros A» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] El caso de Ervin Leiva Urbina con los campesinos de Los Jícaros A, se remonta a un juicio de cesión de derechos hipotecarios promovido por Max Hernández, un antiguo abogado de los hermanos Centeno […]

  • Ervin Leiva Urbina es identificado como un “socio” del ex convictoAlex Centeno
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El caso de Ervin Leiva Urbina con los campesinos de Los Jícaros A, se remonta a un juicio de cesión de derechos hipotecarios promovido por Max Hernández, un antiguo abogado de los hermanos Centeno Roque, que representaba a la sociedad Agropecuaria Santa Elena, contra Agroindustrial Montelimar S.A. (AMSA).

El juicio se dirimió en el Juzgado Tercero de Distrito Civil de Managua, que por entonces presidía la ahora magistrada del Tribunal de Apelaciones de Managua, Vida Benavente.

Hernández cedió los derechos de crédito e hipoteca contra AMSA, a favor de Blanca Margarita Castaño Calero, esposa del ex convicto Norwin Meneses Cantarero. Luis Enrique Meneses Cantarero, hermano de Norwin, está casado con Mirna Auxiliadora Centeno Hidalgo, hermana de Alex Centeno Roque.

Luego, en una venta forzada tramitada en ese juicio, Castaño Calero adquiere la propiedad por el precio de 17.7 millones de córdobas.

Posteriormente se la vende a José Vicente Loáisiga Toruño en cinco millones de córdobas, un supuesto ganadero del municipio de Quilalí (lugar de origen de los Centeno Roque) y concuño de Ervin Leiva, quien es el apoderado general de Loáisiga y ha emprendido todas las acciones judiciales contra los colonos de Los Jícaros A, incluso un violento desalojo en noviembre de 2005.

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Desmovilizados del Ejército de Nicaragua que fueron beneficiados con 273 manzanas de tierra a través de un título de Reforma Agraria en 1989 tras los acuerdos de concertación, denunciaron supuestas acciones dolosas en la Intendencia de la Propiedad, con el objetivo de arrebatarles sus propiedades.

Marvin Mendoza Ortega de la Asociación de Militares en Retiro, dijo a LA PRENSA que tras estas acciones está una persona de nombre Ervin Leiva Urbina, quien pretende quedarse con la propiedad que les fue entregada a ellos por el Instituto Nicaragüense de Reforma Agraria.

Leiva Urbina sostiene un conflicto con campesinos de Los Jícaros A, un caserío de San Bartolo, San Rafael del Sur, en tierras del Ingenio Montelimar, por la posesión y dominio de una propiedad de 2,091 manzanas de tierra que colinda con el Océano Pacífico y según Mendoza (quien mostró documentos legales y planos topográficos del inmueble de los desmovilizados), esta persona también pretende apropiarse de su propiedad.

Leiva Urbina, quien es identificado como un “socio” del ex convicto por quiebra bancaria, Alex Centeno Roque, llegó a desalojar a los campesinos de sus casas con apoyo de la Policía y un juez.

LA PRENSA esperó a Leiva Urbina toda la semana pasada en vista de que el pasado lunes se comunicó con uno de los jefes de Información de este Diario para decir que vendría a ofrecer su versión sobre el caso de las tierras en Montelimar.

HAY TIERRAS ESTATALESEN JUEGO

“Lo que ha habido aquí es una actitud dolosa. Esas tierras que tienen los colonos son del Estado. Aquí hay que ponerle coto a esto, las nuestras nos la dio el Estado y, la Cornap (Corporación Nacional del Sector Público) certificó la entrega que a nosotros se nos hizo de esas 273 manzanas de tierra”, dijo el ex miembro del Ejército.

De acuerdo al razonamiento de Mendoza, no es posible que las tierras que Leiva se disputa con los colonos de Los Jícaros A, en la zona de San Bartolo y Zapote, jurisdicción de San Rafael del Sur, sean de particulares, pues las mismas pertenecen al Estado en tanto las empresas que las adquirieron en la primera mitad de la década de los noventa no pagaron.

“Hasta donde yo entiendo, pero sólo el Gobierno lo puede asegurar, la empresa que adquirió el Ingenio Montelimar no pagó lo que debía, pero sí vendió. La pregunta es: ¿cómo vendieron algo que no era de ellos?”

INTENDENCIA DE LA PROPIEDAD Y PGR CALLADITAS

Desde hace tres semanas LA PRENSA ha intentado conocer una versión sobre este caso, tanto de la Intendencia de la Propiedad como de la Procuraduría General de la República (PGR), pero ha sido imposible que se nos dé una respuesta sobre el caso.

La vocera de la institución, Auxiliadora Rayo, prometió que tramitaría una entrevista con la Procuradora Civil, Nelly Castro, pero hasta la fecha no habido una respuesta a nuestras innumerables solicitudes de información .

Sin embargo, el Procurador General de la República, Hernán Estrada, ha dicho que están trabajando en el ordenamiento de la propiedad y que esa institución luchará contra las mafias de robatierras.

Actualmente la PGR sostiene una campaña publicitaria en la que hace diferentes advertencias a quienes pretenden tener derechos sobre tierras estatales.

“No trance sobre propiedades en las que aparece el Estado o sus instituciones, puesto que no le serán inscritas”, dice uno de los cintillos publicitarios que se publican en los medios escritos locales.

“No siga tramitando sus títulos supletorios y las transferencias que involucran bienes del Estado, puesto que no le será otorgado el certificado catastral para su inscripción, estamos trabajando para ordenarnos de una vez”, dice otro.

La empresa a la que se refiere Mendoza es Agroindustrial Montelimar (AMSA), que era presidida por una persona llamada Armando Téllez. Esta sociedad adquirió unas 12,500 manzanas de tierra de las antiguas propiedades del Ingenio Montelimar, pero que luego las transfirió a otra sociedad, y otra parte de las tierras las perdió por supuestas deudas que tenía con los hermanos Centeno Roque.

LES QUERÍAN REVOCARTÍTULO

El problema se derivó cuando la ahora ex intendente de la Propiedad, Mireya Molina Torres, intentó anular, por la vía administrativa, el título de Reforma Agraria de los ex militares, bajo el argumento de que los beneficiarios del título no se encontraban en posesión de la propiedad.

El ahora ex director de Titulación de la Intendencia de la propiedad, Ciro Orozco Berríos, emitió dos constancias contradictorias a solicitud de Ervin Leiva Urbina.

La primera, con fecha 22 de marzo del presente año indica que “en los registros físicos y computarizados que lleva esta institución no se encontró registro de emisión de título de Reforma Agraria supuestamente emitido el 23 de septiembre de 1989 a favor de Marvin Mendoza Ortega y otros.

En la segunda, emitida ocho días después, el 30 de marzo de 2007, Orozco asegura que “por haberse comprobado un lapsus material al buscar la información, la cual se encuentra efectivamente en nuestros archivos” se anula la constancia anterior, es decir, el ex funcionario dijo que sí existe el título de Reforma Agraria a favor de Mendoza Ortega y otros.

INTENDENCIA SACÓLAS MANOS

“Ellos, por la vía administrativa, no podían anular un título de propiedad. Nosotros fuimos militares, pero tuvimos la oportunidad de estudiar y el camino para la anulación de un título es un juicio civil que se llama anulación de asiento registral, de modo que sí hubo una actitud dolosa desde la Intendencia”, aseguró Mendoza, quien además mostró una carta con fecha de mayo de este año, firmada por Molina y Orozco, en la que anulaban todo lo que ellos mismos habían certificado en las constancias y resoluciones de marzo.

“Lo hicieron porque sabían que nosotros teníamos razón y porque les demostramos la legalidad de nuestra documentación. No pueden ellos venir a pretender quitarnos, con resoluciones administrativas nuestros derechos”, agregó.

“En esa carta revocan todo lo que habían hecho y dicen que por haber un conflicto, el mismo se debe dirimir en la vía judicial”, explicó Mendoza.

Según el ex militar, lo que Leiva tiene es una confusión con los linderos de la propiedad que adquirió.

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