- Legisladores rompen quórum de nuevo y exigen al presidente Núñez mandar a publicar rechazo al veto
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Los diputados liberales consideraron ayer que el amparo del Tribunal de Apelaciones de Managua (TAM), a favor de los Consejos del Poder Ciudadano (CPC), violenta el Estado de Derecho, es una “burda manipulación política” y es un golpe de Estado al parlamento nicaragüense.
Según el presidente de la Comisión de Justicia de la Asamblea Nacional, José Pallais, el TAM está invadiendo la facultad constitucional del Poder Legislativo de aprobar leyes.
“No puede haber democracia, no puede haber República sin Estado de Derecho y al querer compartir la facultad de legislar, el Poder Judicial está inmiscuyéndose arbitrariamente en esta facultad constitucional de la Asamblea”, dijo Pallais.
Como en un duelo de pistoleros, que tiene por un lado a una mayoría de miembros del Poder Legislativo y por otro al Poder Ejecutivo y al TAM, los diputados liberales rompieron ayer de nuevo el quórum en el parlamento, en protesta porque su presidente, René Núñez, sigue sin publicar una ley que derogue la facultad del presidente Daniel Ortega de crear mediante decreto los consejos que estime conveniente.
La parálisis legislativa, que ayer detuvo la aprobación de una ley que fomenta a las micro, pequeñas y medianas empresas, amenaza con provocar una mayor crisis entre poderes del Estado, a causa de los CPC que impulsan el presidente Ortega y la Primera Dama, Rosario Murillo, quienes el 30 de noviembre instalarán el gabinete nacional de esos organismos partidarios.
GOPE A ESTADO DE DERECHO
Los diputados del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), la Alianza Liberal Nicaragüense- Partido Conservador (ALN-PC) y el Movimiento Renovador Sandinista (MRS) firmaron una resolución que critica la actuación del TAM y exigen a Núñez que publique la ley que deroga los CPC.
Pero el propio Núñez se opuso a que ayer se votara la resolución y ordenó enviarla a la Primera Secretaría, provocando que una mayoría de diputados abandonara el plenario y la sesión se suspendiera por segundo día consecutivo.
“Rechazamos y condenamos enérgicamente la burda manipulación política que se continúa haciendo del Poder Judicial, para obstaculizar el ejercicio democrático de las competencias constitucionales de esta Asamblea Nacional”, dice la resolución.
“Demandamos al Poder Judicial su actuación en estricto apego a la Constitución y a las Leyes de la República y a no dejarse manipular por intereses ostensiblemente partidarios. El pueblo exige su contribución al fortalecimiento del Estado de Derecho”, añade la resolución.
Los sandinistas, dijo la diputada Alba Palacios, acatarán la resolución del TAM y esperarán a que la Corte Suprema emita una resolución sobre los CPC.
Los liberales advirtieron que continuarán paralizando las sesiones del Poder Legislativo, que no aprobarán los proyectos que envíe el Poder Ejecutivo y adelantaron que la Presidencia de la República corre el riesgo de quedar sin presupuesto, si Ortega continúa despachando en la Secretaría del Frente Sandinista (FSLN).
AMPARO NO CABE
El presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos de la Asamblea Nacional, José Pallais, acusó al TAM de asestar un golpe de Estado al parlamento por admitir un recurso de amparo de los CPC y ordenar la no publicación de la reforma a la Ley 290.
Pallais explicó que el único recurso que podía introducirse era el de inconstitucionalidad, pero no el de amparo.
Wilfredo Navarro, diputado por el PLC, acusó a los tres magistrados del TAM (los sandinistas Gerardo Rodríguez, Vida Benavente y la liberal Perla Arróliga) de pertenecer a los CPC, por lo que habrían admitido un recurso de amparo en contra de la reforma a la Ley 290.
Pallais consideró que la decisión del TAM no tiene ningún valor legal, porque viola la Constitución.
“Para mí, la decisión del TAM no tiene ningún valor, no debe ser respetada ni acogida y tiene obligación el presidente (del parlamento) de mandar a publicar la Ley, conforme fue rechazado el veto presidencial por el voto de 52 diputados”, precisó Pallais.
PRESIDENTE CSJ NO VE NADA DE MALO
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, el liberal Manuel Martínez Sevilla, considera que si los magistrados de la Sala Civil Dos del TAM resolvieron suspender el acto, con relación a la derogación de los CPC, tendrían sus razones y por tanto hay que respetar su actuación, ya que la misma ley establece los recursos correspondientes, de los que hicieron uso las personas que se sintieron afectadas por la decisión de la Asamblea Nacional.
“Ve hombre, la voluntad del pueblo no está contenida en una disposición legal, la Constitución consagra el derecho del individuo de asociarse como le dé la gana, yo no veo por qué tanta alharaca, si quieren organizarse con todo el abecedario, que se organicen, hombre tienen su derecho”, indicó el presidente del Poder Judicial.
Agregó que todos los recursos que son presentados en el TAM son agilizados, pero justificó la celeridad con que actuaron los magistrados al recurso presentado por dirigentes sandinistas, ya que dijo, hay circunstancias de carácter nacional que implican tener mayor diligencia para resolver.
Dijo que para evitar “sutilezas que la ley todavía contiene” existe un proyecto de reformas a la Ley de Amparo, la que establece una prohibición de recurrir contra las actividades del Poder Legislativo.
CPC VAN EL 30 DE NOVIEMBRE
La crisis deja las puertas abiertas al presidente Ortega para que instale el gabinete nacional el 30 de noviembre.
Elías Chévez, delegado de los CPC por Managua, dijo ayer que la población debe esperar la fecha de instalación del gabinete nacional de los CPC.
“Vamos a seguir actuando normal, tranquilos, oyeron. Lo que dijo el Presidente es lo que vamos a hacer”, señaló Chévez.
“Ya se dijo todo lo que se ha planteado y esperen el 30, a ver qué pasa, para que se actúe y vamos a ver todo el informe y todo lo que allí se va a desarrollar”, añadió Chévez.
