- Magistrado Solís: FSLN podría introducir un recurso de amparo y otro por inconstitucionalidad
El magistrado Rafael Solís, miembro de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), informó ayer que en el seno sandinista planean introducir un recurso de amparo y otro por inconstitucionalidad, para intentar legalizar a los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) dentro del Poder Ejecutivo.
El parlamento derogó ayer a los CPC del Poder Ejecutivo, pero el diputado sandinista Gustavo Porras confirmó que recurrirán por inconstitucionalidad ante el Poder Judicial.
“Tiene que hacerse todo ese proceso, pero lo más importante es profundizar la conformación de los CPC”, indicó Porras al terminar la sesión de ayer.
En materia constitucional la ley permite recurrir por la vía del amparo y por la constitucional, por lo tanto los defensores de los CPC harán uso de estos dos tipos de recursos, según informó Solís.
El magistrado de tendencia sandinista explicó que en el caso de un recurso de amparo será la Sala Constitucional la que resolverá.
Solís añadió que los recursos por inconstitucionalidad los resuelve la Corte Plena.
La CSJ tiene ocho magistrados del Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), que domina el mandatario Daniel Ortega, y otros ocho del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), bajo el dominio del ex presidente Arnoldo Alemán.
Si los sandinistas al final introducen los dos recursos, el Poder Judicial emitirá dos resoluciones en torno a los CPC.
Para un recurso de amparo, la ley establece un plazo de 60 días para que los magistrados resuelvan, y para el recurso de inconstitucionalidad se demora más.
No obstante, Solís indicó que los magistrados darían prioridad al caso, debido a la importancia que representa para el Gobierno.
Con 52 votos a favor los diputados derogaron ayer por mayoría a los CPC de la estructura estatal.
El FSLN considera que se viola la Constitución y que el Poder Legislativo invade las funciones del Ejecutivo.
Sin embargo, el analista y filósofo Alejandro Serrano Caldera sostuvo que no existe ninguna violación constitucional, debido a que el parlamento derogó a los CPC del Gobierno, pero no prohibió el derecho ciudadano a organizarse.
“No se ha violado ninguna norma de la Constitución Política, el hecho de que exista el derecho a participar no se viola, distinto es que se hubiera dicho que se prohíban que se organicen estos CPC, pero lo que decidieron (los diputados) es que no forman parte del Poder Ejecutivo”, precisó Serrano Caldera.
MAGISTRADOS PLC CON LA PAPA CALIENTE
El especialista en derecho constitucional, Gabriel Álvarez, señalo que son los ocho magistrados judiciales del PLC los que tienen la presión sobre sus hombros.
Álvarez explicó que en el caso de los ocho magistrados del FSLN ya se conoce que respaldarán la vinculación del CPC con el Poder Ejecutivo.
Pero al mismo tiempo, se espera que los ocho magistrados del PLC rechacen esa relación, en concordancia con la postura que tuvieron ayer los diputados.
“Todo esto implica continuar con la pretensión que ya hemos visto en los últimos años, de usar al Poder Judicial como instrumento político, porque lo que no logran en términos de debate parlamentario, pretenden alcanzarlo a través de la judicialización de la política”, indicó Álvarez.
El diputado por el PLC, Wilfredo Navarro, auguró que el tema de los CPC se “trabará” en el Poder Judicial, al chocar los ocho magistrados del PLC con los ocho del FSLN.
“Mi posición es que si se introduce un recurso por inconstitucionalidad, la Corte Suprema no podría pronunciarse al respecto, por la división que hay”, dijo Navarro.
El Poder Ejecutivo instalará el Gabinete Nacional, con los CPC, el 30 de noviembre.
Álvarez consideró que los CPC representan un peligro para la democracia.
“Los CPC son verdaderas amenazas a la autonomía municipal, a la eficiencia de los ministros, al principio de legalidad, a la democracia misma”, dijo.
