Los organismos no gubernamentales Hagamos Democracia y el Movimiento por Nicaragua (MPN) rechazaron ayer los señalamientos que hizo el presidente Daniel Ortega durante la clausura del primer encuentro de Cortes Regionales e Internacionales de Justicia.
Ortega criticó a los representantes de esos organismos de ocupar los cargos de dirección por imposición y no por el consenso de la sociedad civil, sin embargo, Violeta Granera, directora del MpN, y Yader Loza, de Hagamos Democracia, rechazaron los ataques del mandatario, porque consideran que fueron descontextualizados.
Granera dijo que Ortega persiste en un error conceptual, ya que los electos son los funcionarios públicos, quienes tienen que responder por sus acciones y no la sociedad civil.
“No es la primera vez que el presidente Ortega vierte opiniones como estas y me parece que él persiste en un error conceptual absoluto, porque quienes elegimos a los funcionarios públicos y los jefes de los funcionarios públicos somos cada uno de nosotros que estamos aquí”, señaló Granera.
Agregó que a los miembros de la sociedad civil “no nos tienen que elegir para levantar la voz, para opinar, para orientar la acción del Estado, o para controlar y evaluar lo que están haciendo los diputados, porque ellos están al servicio nuestro”.
Granera dijo sentir vergüenza por los comentarios de Ortega, quien cuestionó a las organizaciones de la sociedad civil.
Ortega dijo en su discurso ante los magistrados de las Cortes de Justicia del mundo que “en pleno huracán ellos (MpN) marchando ¿de dónde sacan recursos? ¿Quién les entrega los recursos? Todos sabemos de donde vienen esos recursos ¡todos lo sabemos! Y, ¿quién los elige a ellos que se dicen representantes de la sociedad civil? ¿Quién los elige? ¡No han pasado por una sola elección!”
Sin embargo, el director de Hagamos Democracia, Yader Loza, manifestó que el discurso de Ortega estuvo fuera de la realidad nicaragüense, porque la misión de los organismos no gubernamentales es la de vigilar y controlar la administración pública, y que los funcionarios del Gobierno están en la obligación de rendir cuentas claras y transparente a la población.
