La Ley de Acceso a la Información Pública aún no cuenta con la reglamentación correspondiente, a pesar que le fue entregada una propuesta al Gobierno desde agosto pasado, sin que hasta ahora haya respuesta.
Se tiene previsto que la Ley de Acceso a la Información inicie su aplicación en diciembre, pero de acuerdo a Orestes Papi, de la Fundación Violeta Chamorro, hay personas que opinan que no existen condiciones para realizarlo de forma correcta.
“Porque los archivos no están ordenados, porque hay ciertas informaciones que están botadas en determinados lugares”, precisó Papi.
Para Papi, argumentos como ese pueden ser pretextos para retrasar la implementación de la ley.
Teresa Dolz, secretaria ejecutiva de la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, México, considera que la aplicación de la ley “será tan difícil como ustedes mismos (ciudadanía) lo quieran hacer”.
De acuerdo con la experiencia en su país, Dolz reconoció que no ha sido una tarea fácil la implementación de la ley, ya que han tenido que sortear una serie de obstáculos, sin embargo, asegura que actualmente se ven los resultados, al haber voluntad no sólo de los ciudadanos, sino también de los servidores públicos.
Uno de los principales problemas que se pueden enfrentar a juicio de Dolz, es la falta de recursos, pero esto puede ser superado con el apoyo de la misma empresa privada, ya que en el caso de México, reciben incluso respaldo de los mismos ayuntamientos.
“Esto no ha sido más que un trabajo de concientización, de sensibilización de parte de la Comisión hacia todos los servidores públicos, para que puedan desempeñar su labor como lo marca la ley”, apuntó Dolz.
Por su parte María Adilia Serrano explicó que existen desafíos previo a la implementación de la Ley de Acceso a la Información Pública, entre los que destaca que la aplicación debe enmarcarse en los precedentes y estándares internacionales.
Otro aspecto es avanzar en la reglamentación que se encuentra en manos del Gobierno y la creación de los órganos de aplicación de la ley.
Menciona también que se debe dar respuesta a las solicitudes de información y la facilitación de la impresión o copia del documento que se haya solicitado.
Serrano es del criterio que lo importante es que entre en vigencia la ley, y no centrarse en la discusión si se debe esperar que se capacite a los operadores de la misma, es decir a los funcionarios públicos y a la misma ciudadanía.
“¿Qué necesitamos primero?, ¿esperar a que todo mundo esté capacitado”, el cambio de mentalidad no va a operar, si no hay una especie de obligatoriedad hacia ese cambio.
En la actualidad existen instituciones como el CSE, que niegan información a los medios de comunicación y a la misma ciudadanía, a pesar de ser pública.
