Derrota política. El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, y el delegado del CPC, Elías Chévez, lucen resignados al reformarse la Ley 290. (LA PRENSA/ B. PICADO)

CPC quedan derogados del Ejecutivo

FSLN podría recurrir a la CSJ [doap_box title=»¿Veto o papa caliente a la CSJ?» box_color=»#336699″ class=»archivo-aside»] Ahora el presidente Daniel Ortega tiene dos opciones para tratar de detener la reforma a la Ley 290: puede vetarla dentro de los próximos 15 días, o recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ). Si la […]

  • FSLN podría recurrir a la CSJ
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Ahora el presidente Daniel Ortega tiene dos opciones para tratar de detener la reforma a la Ley 290: puede vetarla dentro de los próximos 15 días, o recurrir de amparo ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

Si la veta puede enfrentarse a una nueva derrota en el parlamento, pues la ley se aprobó con 51 votos.

“Si cualquier ciudadano se siente afectado por la resolución, perfectamente lo puede presentar dentro de los sesenta días después de la promulgación de la ley”, dijo Manuel Martínez, presidente de la CSJ.

Por su parte, Eduardo Montealegre, señaló: “Veremos en primer lugar si los magistrados liberales del Poder Judicial votan a favor o en contra, pero no hay nada de lo que se aprobó hoy (ayer) que esté en contra de la ley, porque estamos volviendo las cosas a como estaban antes de febrero y en esa época nada era inconstitucional”.

LÉSTER JUÁREZ[/doap_box]

El gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) sufrió ayer un golpe político en el parlamento, al derogarse la vinculación entre los cuestionados Consejos del Poder Ciudadano (CPC) y el Gobierno de Daniel Ortega.

La Alianza Liberal Nicaragüense (ALN), Partido Liberal Constitucionalista (PLC) y Movimiento Renovador Sandinista (MRS) sumaron ayer 51 votos para vencer al FSLN.

Luego de que se publique la reforma a la Ley 290, de Organización y Competencia del Poder Ejecutivo, el presidente Ortega podrá crear mediante decreto únicamente secretarías, pero tendrá prohibido dar vida a los CPC, uno de sus proyectos clave.

Los sandinistas insistieron ayer en que los CPC se instalarán en el llamado Gabinete Nacional el próximo 13 de septiembre, que fiscalizarán a los funcionarios y que estarán integrados por más de un millón de personas en todo el país.

ÚLTIMO ALIENTO

El último aliento legal que tienen los CPC es un potable recurso por inconstitucionalidad que el Poder Ejecutivo o la bancada del FSLN podría introducir ante el Poder Judicial, donde comparten 16 sillas con el PLC que domina Arnoldo Alemán, el socio del presidente Ortega en el llamado pacto.

El alegato del FSLN es que la derogación de los CPC viola la disposición constitucional que permite a los ciudadanos organizarse libremente.

Pero representantes de la ALN, el PLC y el MRS señalaron que la reforma a la Ley 290 no prohíbe en ningún momento a las personas formar las organizaciones que estimen conveniente.

La reforma sí obliga al Ejecutivo a separarse por completo de los CPC.

“Ya existe una Ley de Participación Ciudadana, de tal manera que cualquier nicaragüense puede organizarse cómo y dónde quiera, no hay ningún problema, porque la misma Constitución Política así lo establece”, señaló el jefe de bancada del PLC, Maximino Rodríguez.

El actual Consejo de Comunicación y Ciudadanía que preside la primera dama, Rosario Murillo, deberá llamarse Secretaría de Comunicación, tras publicarse la reforma a la Ley 290, explicó el diputado José Pallais, presidente de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos.

FSLN ACORRALADO

El coordinador de la bancada del FSLN, Edwin Castro, calificó como “arrogante” judicial y políticamente la reforma aprobada ayer, y su colega Martha Marina González insistió en que el Ejecutivo debe recurrir por inconstitucionalidad.

“Es una lógica totalmente absurda, porque la organización de la gente está basada en la Constitución Política, y el artículo dos de la Constitución dice que la soberanía no la ejercemos nosotros, no seamos arrogantes políticos. La soberanía la ejerce el pueblo”, argumentó Castro.

La reforma de ayer también plantea que el Estado debe promover la igualdad de condiciones para todas las organizaciones y consejos que formen los ciudadanos.

Pero el delegado de los CPC por Managua, Elías Chévez, señaló que el 13 de septiembre se instalará el Gabinete Nacional, que presidirá el presidente Ortega.

Chévez agregó que los CPC no se detendrán en sus funciones fiscalizadoras.

“Este fin de semana vamos a organizar a los delegados para el nivel de municipios y de departamentos, para la reunión que vamos a tener con el Presidente de la República el 13 de septiembre. La reforma no nos altera en nada. Sólo que nos eliminaran a un millón de nicaragüenses”, advirtió Chévez.

A la sesión de ayer ingresaron miembros de los CPC, quienes cantaban la ya clásica “El Pueblo Unido” o gritaban “Poder Popular, Poder Popular”, cada vez que intervenía uno de los representantes de la ALN, PLC o MRS.

“Esas consignas que hoy estamos escuchando eran las que le gritaban a Su Santidad, Juan Pablo II”, recordó el presidente de la ALN, Eduardo Montealegre.

TRIFULCA CON GRUPO PROCEDULACIÓN

Durante un momento, los integrantes de los CPC protagonizaron una trifulca contra otro grupo de personas, que exigía a los legisladores presionar a las autoridades electorales para que los nicaragüenses en el exterior sean cedulados.

Debido a los alborotos, el presidente del parlamento, el sandinista René Núñez, amenazó en varias ocasiones con suspender la sesión.

“Esos Consejos son importados de Venezuela, son importados de Libia. Aquí somos nicaragüenses y no necesitamos andar importando conceptos erróneos en este país”, declaró Montealegre.

Por su parte, el diputado sandinista Gustavo Porras, dijo que los CPC se integrarán al Consejo de Planificación Económica y Social, a los Consejos Municipales y a los Departamentales.

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