- Dicen a empresarios que la institucionalidad no es asunto partidario
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La empresa privada de Nicaragua debería tomar una posición más beligerante en la defensa de la institucionalidad política del país, observaron Edmundo Jarquín, ex candidato presidencial por el MRS y Francisco Aguirre Sacasa, presidente de la Comisión Económica de la Asamblea Nacional, durante el programa Primera Plana, de LA PRENSA y Canal 2.
Edmundo Jarquín, del MRS, consideró que el caso Arenas Bay es un caso emblemático, porque es la primera vez que un empresario se decide a emprender una denuncia que el Gobierno debió haber investigado y no convertirla en un tema político.
Sin embargo, añadió que a él le parece extraña la actitud pasiva de los organismos gremiales del sector privado, “mientras el Gobierno reprime a otros empresarios a través de las instituciones del Estado”.
YA NO USAN LAS ARMAS
“Estamos frente a una nueva forma de autoritarismo”, señaló al recordar que antes las viejas dictaduras utilizaban al Ejército y la Policía para reprimir, pero en la actualidad varios países están usando el caso de autoritarismo institucional, donde se utilizan a las instituciones del Estado para reprimir, meter miedo y chantajear.
“Nada más antidemocrático que eso, lo peor es que Nicaragua se perfila en esa dirección”, dijo.
LAS PRESIONES
Para Jarquín, la actitud del presidente Daniel Ortega en su discurso del 19 de julio pasado forma parte de una historia ya conocida en Nicaragua y en otras partes: “desde un perfil autoritario le dicen a los empresarios si no te metés en política podés hacer negocio” y señaló que esa práctica fue normal en la Alemania de Hitler, en Italia con Mussolini y con Somoza.
ORTEGA CONFRONTA A EMPRESARIOS Y POLÍTICOS
Puso como ejemplo que en el acto del 19 de julio el presidente Daniel Ortega se refirió a la “seriedad y espíritu constructivo que estarían teniendo sectores empresariales”, mientras que a los opositores les llamó “conspiradores, porque éstos abiertamente manifestaron su preocupación por el poder que podrían tener los Consejos del Poder Ciudadano (CPC) en el país”.
Jarquín expresó que es una opción del sector privado meterse o no a la política, pero aclaró que si se forma parte de un organismo gremial de trabajadores o empresarios, esto es una organización de la sociedad civil, por tanto tiene responsabilidades frente a toda cosa pública.
“¿Qué es más público en lo político que la defensa de la institucionalidad democrática?” , se preguntó.
Aclaró que diferente es que los organismos del sector privado, gremiales, profesionales o sindicales tomen actitudes partidarias. “Pero posiciones políticas frente a la institucionalidad del país nos incumbe a todos”, dijo el ex candidato presidencial del MRS.
POSICIÓN MÁS FUERTE
Por su parte el diputado Aguirre Sacasa aseguró que coincidía con la posición de Jarquín y consideró que el Cosep debería adoptar una posición fuerte contra “la falta de transparencia y el tráfico de influencia” y valoró que eso está muy lejos de confrontar al Gobierno.
Para Sacasa, a seis meses de gestión, el Gobierno está perfilando una tendencia que no es la más saludable para Nicaragua, “ojalá el Gobierno corrija su rumbo, tenga un derrotero más positivo”.
EL CLIMA FAVORABLE
Añadió que es tiempo que el Gobierno se dé cuenta que la prioridad número uno “es buscar cómo reducir la pobreza” creando un clima favorable para que el sector privado se desarrolle e invierta más en el país y agregó que incluso la empresa privada está buscando cómo asegurar su capital: “Los grandotes tienen cómo protegerse, han ido reduciendo su riesgo aquí en Nicaragua”, dijo.
Sacasa lamentó que en la actualidad un buen grupo de profesionales exitosos estén saliendo del país en busca de un futuro más estable.
Enumeró algunos casos como el Grupo BAC, que vendió la mitad del banco a la empresa General Electric, y el Grupo UNO que vendió su banco y su operación de tarjeta de crédito a Citi Corp.
“Entonces vemos cómo están tomando acciones legítimas para reducir riesgo acá y dedicarse a otras actividades”, dijo Aguirre.
Además, mencionó el caso de cómo el Grupo Pellas realizó una fuerte inversión en las playas de Panamá, cuando bien pudieron haber invertido en Nicaragua.
Aguirre comparó estos casos con la situación del pequeño pulpero, que para colmo es afectado por el resto de problemas que aquejan al país, como los cortes de energía eléctrica, por lo que consideró que el Gobierno debe de analizar seriamente la ruta que lleva.
UNA AGENDA PRIORITARIA
Sacasa se mostró preocupado por el uso que se le está dando a varios millones de dólares, que podrían estar entrando al fisco y que provienen del petróleo que viene de Venezuela.
“No sabemos qué uso se le va a dar”, explicó, por esa razón aseguró que el PLC, ALN y MRS están trabajando en un proyecto de ley que se presentará en la Asamblea Nacional para asegurar la transparencia de los usos de todos los préstamos y donaciones que entren al país.
Asimismo, aseguró que están trabajando un pronunciamiento donde se habla de reformar la Ley de Carrera Judicial, “para asegurar que los jueces y los magistrados de la República sean personas con un compromiso y valores éticos”, y que ello permita empezar a desmontar a “un poder judicial muy criticado en Nicaragua y que no da seguridad a la población, de que si un caso llega a la Corte se va a resolver de una manera transparente”.
Otro de los temas que se analizará en la Asamblea Nacional será la Ley de Libertad de Prensa, la que contará con el apoyo del MRS, PLC y ALN.
