El diputado Eduardo Montealegre indicó ayer que el caso de los Certificados Negociables de Inversión (Ceni) podría terminar como un arma política de sus adversarios.
Montealegre, ex candidato presidencial por la Alianza Liberal Nicaragüense (ALN) y ex ministro de Hacienda y Crédito Público, defendió ayer la legalidad de la reclasificación de los Ceni, al comentar que “el Estado salió beneficiado” con aproximadamente setenta millones de dólares.
“Es importante ligar este caso, lo he dicho claramente desde el año pasado, a algo político, de persecución política hacia mi persona, simplemente porque hemos seguido una línea de no someternos, de no doblegarnos”, dijo Montealegre.
“Igual ha sido con el caso de Manuel Ignacio Lacayo, igual ha sido en el caso de Alejandro Bolaños. Y eso es lo que posiblemente inicia y quieren terminar con el caso de los Ceni y de Eduardo Montealegre, pero no nos vamos a doblegar y no nos vamos a someter”, añadió Montealegre.
Los Ceni se emitieron bajo el Gobierno de Arnoldo Alemán (1997-2002) para cubrir la quiebra de varios bancos del Sistema Financiero Nacional.
Luego se reclasificaron y algunos sectores aducen que hubo irregularidades en ese procedimiento.
Pero ayer Montealegre explicó que el consejo directivo del Banco Central de Nicaragua está legalmente facultado para reclasificar los Ceni.
Según Montealegre, la reclasificación permitió al Estado mayor tiempo para pagar las deudas y un menor porcentaje de interés, que producirá unos setenta millones de dólares en ahorros.
Asimismo, Montealegre manifestó que la reclasificación de los Ceni dejó al Estado pagando al Banco de la Producción (Banpro) y al Banco de Crédito Centroamericano (Bancentro), el mismo dinero y no más plata, como alegan algunos sectores.
“A Bancentro no se le aumentó la tasa de rendimiento, los Ceni que tenía Bancentro se vencían en febrero del 2004. Tenía una tasa del 7.93 y desde el refinanciamiento hasta que se vencían esos Ceni la tasa fue exactamente igual: 7.93 por ciento; a partir de esa fecha se le dieron títulos a diez años con la misma tasa de interés que los bonos bancarios que recibió el Banpro a diez años: 8.3 por ciento”, sostuvo Montealegre.
El diputado por la ALN señaló que detrás del caso de los Ceni podrían imponerle sanciones administrativas y civiles y abrirle causas penales, porque “los contralores, mal intencionadamente, establecerían que causó perjuicio económico al Estado de Nicaragua hasta por 270.55 millones de dólares”.
Montealegre insistió en la legalidad de la reclasificación de los Ceni, que permitieron al Estado de Nicaragua en el 2004 no pagar en efectivo más de trescientos millones de dólares, porque se prolongó el plazo en diez años, con una tasa de interés más baja y “al mismo tiempo, el valor del dinero a largo plazo se disminuye y en términos de valor presente, el Estado de Nicaragua se ahorró más o menos unos setenta millones de dólares”.
ASAMBLEA AVALÓ
Asimismo, Montealegre aseguró que la Asamblea Nacional de Nicaragua avaló todo el proceso, al aprobar desde el 2002 hasta la fecha, cada año, el pago de la deuda interna originada con los Ceni.
En 2002, mencionó Montealegre, está el voto en el parlamento del ex presidente y reo Arnoldo Alemán a favor del pago de los Ceni, dentro del presupuesto.
“Cada presupuesto, cada año, comenzando en el 2002, decía que a la partida presupuestaria de gastos corrientes que corresponde a intereses y comisiones de la deuda pública interna, se le suma la cantidad de 316 millones de córdobas, por efecto al pago, al Banco Central de Nicaragua, por los Ceni bancarios”, dijo Montealegre.
A quienes las autoridades debieran enjuiciar es a los que quebraron los bancos en la década pasada, agregó Montealegre.
La Contraloría General de la República no está facultada para declarar de nulidad los Ceni, añadió Montealegre, porque esa gestión le corresponde al Poder Judicial.
“Ninguna operación de refinanciamiento derivada de esos Ceni puede ser nula o carente de legalidad”, concluyó Montealegre.
