- Las cifras son alarmantes. Cada año son más los padres que se niegan a dar una pensión por alimentos a sus hijos, quienes sobreviven gracias a los trabajos mal remunerados de las madres. En dos años, los juicios por demanda alimenticia han aumentado más del cien por ciento, agravados por la violencia intrafamiliar. Hoy y siempre las madres piden lo mismo a los padres: sensibilidad.
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Ver Infografia > Los juicios por pensión alimenticia ocupan una parte considerable del sistema judicial.
La cantidad de padres que no quieren responsabilizarse por los alimentos de sus hijos se ha duplicado en Managua.
Cifras dadas a conocer por la Defensoría Pública de Nicaragua, reflejan que sólo en el departamento de Managua los juicios en esta materia se incrementaron considerablemente, pasando de 200 en el año 2005, a 900 casos en el 2006. En lo que va del año se registran 547.
Este dato sorprende al ser comparado con otro tipo de casos en la misma materia de familia, como los divorcios, reconocimiento de hijos, establecimiento de relación entre padres e hijos, adopciones, impugnaciones de paternidad, investigación de paternidad y/o maternidad, entre otros.
Dicho de otro modo, de 1,426 solicitudes realizadas por mujeres en esta materia, 545 son solicitudes de alimentos. ¡Ojo!, advierte Marielos Mendoza, directora de la Defensoría Pública.
La explicación a este fenómeno es la situación de pobreza en el país, según Mendoza.
La gran cantidad de madres solteras en Nicaragua, obedece precisamente a la irresponsabilidad. Falta información y educación sobre la sexualidad de forma responsable, afirma.
Y aunque nadie está “esclavizado” o “amarrado” a nadie, Mendoza cree que el problema está en la desatención de los padres hacia los hijos, después de la separación de los padres.
Esta desatención no es objeto de una política pública especial y la demanda está del lado de las mujeres, que son las más afectadas.
¿TRIBUNALES INSENSIBLES?
Alrededor de los problemas en la familia circundan otra serie de hechos que agravan este tema.
La falta de pago de las pensiones alimenticias está vinculado al desacato de sentencias judiciales que generalmente son similares: ordenan al padre asumir su responsabilidad.
Pero la retardación de justicia está carcomiendo el estómago de los niños.
Las sentencias por el pago de la pensión por alimentos no son cumplidas en gran medida.
Mendoza sostiene la teoría de que falta sensibilidad en los jueces. Pese a que los tribunales tienden a favorecer a las mujeres que demandan a los padres, los juicios de familia son vistos como cualquier otro y, a su juicio, deberían ser tratados con prioridad.
Un ejemplo con el que tienen que lidiar las madres es que los jueces normalmente no ejecutan las sentencias si no reciben una paga. En cambio, a los judiciales sí se les ve actuar en juicios mercantiles o bancarios, donde el objeto de la demanda es el dinero, según Andrea Baltodano, defensora pública.
Los jueces se quejan de la carga laboral, pero el hecho es que hay mujeres que tardan varios años en que su juicio llegue al final de una vez.
UNA MUESTRA
María del Carmen Flores Ríos (45) se dedica a vender desde ropa usada hasta carne. Comercia lo que puede para que sus tres hijos sean profesionales. Hace tres años inició con mucho ímpetu una demanda contra su ex esposo, para que asumiera la responsabilidad de los tres hijos que procrearon.
Hasta hoy no ha recibido ni un córdoba, por distintas trabas y situaciones inexplicables en los tribunales.
María del Carmen narró todo “el calvario” que ha pasado para lograr que su ex cónyuge cumpla con el pago de 1,500 córdobas para los tres hijos.
En el Juzgado Sexto Civil de Distrito de Managua se tasó ese monto en base a sus ingresos mensuales, pero ha hecho caso omiso. En un intento por hacer cumplir la sentencia con una orden judicial, fueron embargados sus bienes por valor de 18,175 córdobas en 2006.
El embargo se efectuó pero no cubrió lo adeudado y María del Carmen sólo consiguió obtener un juego de muebles, un microondas y un equipo de sonido.
Esto fue objeto de otro juicio y es así que la pareja actual del demandado reclama por la vía judicial que le sean entregados estos tres bienes, alegando que ahora le pertenecen a ella.
El juicio principal en una corte civil por la falta de pago de la pensión derivó en otro juicio y paralelamente se le abrió un proceso penal.
La Fiscalía intervino en esta fase, sin grandes resultados.
En el Juzgado Local Único del Crimen de Ciudad Sandino, el hombre fue procesado por el delito de omisión deliberada de pensión de alimentos, recibió una condena de nueve meses de prisión, que nunca se hizo efectiva porque el procesado alegó problemas de salud que le impedían permanecer en la cárcel.
María del Carmen cuenta que de nada valió un dictamen médico legal que concluía que su ex esposo podía estar en efectiva prisión.
El procesado logró su objetivo y la justicia ha continuado de su lado porque el caso pasó al Juzgado Tercero de Ejecución de Sentencia y ahí mismo le fue ablandada su situación.
“Sin notificar a la Fiscalía ni a mí, le dieron la libertad con un fiador”, comentó María del Carmen.
En este caso el padre objeto de la demanda no ha cumplido con el pago de los alimentos de sus hijos ni con la condena de prisión que le fue impuesta por incumplimiento.
Como éste, abundan los expedientes en los juzgados de Managua. La mayoría son historias de familias de escasos recursos económicos, las que tienen que recurrir a los servicios gratuitos de la Defensoría Pública.
Pero la historia cambia si se trata de padres con salarios “holgados”.
LOS CASOS PRIORITARIOS
El más reciente es el del conocido empresario Manuel Ignacio Lacayo, donde la justicia ha actuado en tiempo récord, según ha dicho su abogado Eliézer Cerda.
El mismo empresario denunció presiones externas de parte del ex jefe de la antigua Dirección General de la Seguridad del Estado (DGSE), Lenín Cerna, para que su caso avance en su contra y a un ritmo fuera de lo “normal”.
En una sentencia dictada en marzo de 2006 una juez tasó un monto de tres mil dólares como pensión alimenticia a favor de la hija de Lacayo, pero éste se ha negado a pagar esa suma.
Aunque el caso de Lacayo lleva más de un año tramitándose en los tribunales, el peso de la ley sí ha caído sobre él con rigor.
La diferencia en el trato de los jueces en ambos casos es más que una evidencia de desigualdad en los tribunales y que el “movimiento” de un expediente depende de varios factores como los “contactos” en el Poder Judicial, como ocurre en las demás materias legales.
LAS MUJERES LITIGAN
Andrea Baltodano, abogada miembro de la Unidad de Familia en la Defensoría Pública, explicó que ésta se encarga de asesorar y acompañar a las usuarias en los problemas de esta índole.
Los ocho miembros que conforman esta unidad, llevan un promedio de 650 casos cada uno. A pesar de la carga laboral, logran tramitar todos los casos aunque corren el riesgo de disminuir la calidad en los servicios que prestan.
Este problema ha sido resuelto de la manera más práctica: los funcionarios han enseñado a litigar a las mujeres usuarias.
“Se educa a la mujer en el sentido de que no debe tenerle miedo al judicial, sino que debe decirle que tiene la obligación de servirla porque para eso está ahí (…)”, expuso Baltodano.
La Defensoría Pública creció a 154 miembros y tiene presencia en 52 municipios a nivel nacional. Es así que se encuentra en la circunscripción Las Segovias, Occidente, Managua, al sur y centro del país así como en Atlántico Norte y Sur.
