- Nacer y no ser reconocido por el padre biológico es la cosa más común en Nicaragua. Pelear ese derecho es una historia muy complicada también. Las demandas por pensión alimenticia y de paternidad se basan en un modelo legal obsoleto que en lugar de acelerar la solución de estos conflictos, los vuelve lentos, cansados y caros para la mayoría de las madres.
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Ver Infografia > Nicaragua no sólo es un país de contrastes, sino de inverosímiles tan palpables como el hecho de que una demanda de paternidad demore hasta cinco años en ser resuelta porque se tramita con un Código Civil creado en 1904.
En aquella época estaba mal visto que las mujeres mostraran las pantorrillas y le llamaban “bastardo” a quien nacía “fuera del matrimonio”.
Ese pensamiento arcaico rige las demandas de paternidad en pleno 2006. La sociedad se ha modernizado, la tecnología ha cambiado las formas de vida y la justicia en este plano sigue en el mismo lugar, tanto así que el Código Civil de Nicaragua prohíbe investigar la “paternidad ilegítima”.
“El procedimiento es tedioso, ordinario, largo, razón por la cual existen pocos juicios de paternidad. La gente no se arriesga a enfrascarse en un proceso que se puede llevar hasta cuatro o cinco años porque la tramitación es muy formalista”, refiere el defensor público , Berny Salgado Castañeda, miembro de la Unidad de Familia de la Defensoría Pública.
Pero además de los formalismos, el Código Civil se contrapone a la Constitución Política. Mientras el primero prohíbe investigar estos casos, el artículo 78 de la Constitución literalmente dice que “el Estado protege la paternidad y maternidad responsable” y “establece el derecho de investigar la paternidad y la maternidad”.
El problema está, y en esto coinciden Salgado y el ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Iván Escobar Fornos, en que los jueces al momento de dictar una sentencia no toman en cuenta la Constitución.
Fornos defiende la tesis de que en estos casos se viola directamente la Constitución y si esto se aplicara, sería “abrir una gran puerta”.
EL ADN COMO PRUEBA Y LOS DIPUTADOS
El ex magistrado aboga porque se apruebe la realización de la prueba de ADN para investigar la paternidad. Sin embargo, el panorama es realmente desalentador, pero no del todo pesimista.
El proyecto de Ley de Responsabilidad Paterna y Materna lleva guardado más de dos años en un parlamento dominado por hombres: 69 a 21 mujeres. El proyecto propone el ADN como el medio probatorio para establecer el vínculo jurídico entre padre, madre e hijos. Pero aquí surge otro problema.
Aunque se aprobara la Ley, el Estado no tiene las condiciones para garantizar una prueba de ADN. El director del Instituto de Medicina Legal, Zacarías Duarte, confirmó que el laboratorio no funciona, pese a que en marzo del 2004 fue anunciada su creación con ayuda de la cooperación internacional.
“Tampoco hay una gratuidad todavía de este servicio, entonces la prueba de ADN se hace imposible”, agrega Salgado Castañeda.
Gertrudis Arias, Juez Segundo Local Civil de Managua, una de las que tramita estos casos, dice que ante esta situación la Universidad Centroamericana (UCA) dispuso 100 pruebas gratuitas, pero los hombres demandados se rehúsan a someterse puesto que no hay ninguna ley que se lo exija.
ESPECIALIZACIÓN
Todo el sistema pareciera estar en contra de los niños carentes de un padre que responda por sus estudios, educación y alimentación, sin embargo el Poder Judicial ha dado saltos cualitativos y se han creado unidades especializadas en casos de familia en la Defensoría Pública, el Ministerio Público y en los juzgados.
La cooperación española ha hecho aportes considerables en este paso y a finales del mes pasado fueron creados cuatro Juzgados de Familia, aunque todavía no han empezado a trabajar.
Además de la especialización en materia de familia que suponen estos avances, esto ayudará a descongestionar los juzgados civiles del país, que son los que ahora asumen los casos.
Mientras en la Defensoría Pública de Managua hay seis personas que trabajan en esa unidad asesorando y acompañando a las mujeres que necesitan este tipo de ayuda hasta lograr una sentencia por la vía civil, en la que un juez determina el monto de una pensión alimenticia, y en el Ministerio Público la unidad especializada se encarga de actuar por la vía penal.
La fiscal auxiliar Marisela Rodríguez explica que el Ministerio Público actúa cuando los padres incumplen las sentencias que aclaran el mecanismo para pagar la pensión. Es así que someten a un juicio penal a los padres por el delito de omisión deliberada de prestación de alimentos.
Actualmente la Fiscalía en Managua tramita unos 180 expedientes y en muchos casos los padres han ido a prisión por negarse a dar la pensión alimenticia a sus hijos.
JUICIOS SON RELEGADOS
La juez Gertrudis Arias valora que la tendencia en los juzgados es a relegar a un segundo plano los juicios de paternidad, de pensión alimenticia o divorcios y en su lugar se priorizan los expedientes donde hay de por medio transacciones monetarias porque representan una “entrada económica” para el Juez.
La ejecución de un embargo en materia de familia, generalmente representa “un problema” para los jueces porque las mujeres no tienen capacidad económica para costear una ejecución, por ejemplo. Caso contrario a los juicios ejecutivos donde las partes ponen a disposición vehículos y hasta pagan al judicial por ejecutar una sentencia.
“Algunos jueces cobran. No respetan el sentido de la Ley que dice que son viáticos a los que tiene derecho el juez cuando va a requerir o a embargar”, señala la juez Arias.
“Vamos a ser claros. Aquí los jueces cobran y para mí, esos son cobros ilegales”, añade.
El tema de familia desde el punto de vista legal está muy atrasado respecto a otros países del área, pero sería injusto no reconocer los esfuerzos hechos en los últimos años.
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