Alberto L. Alemán Aguirre
Era lógico esperarlo. La versión de una nueva ley sobre la migración que endurece el trato a los indocumentados en Estados Unidos causó la preocupación de varios Estados latinoamericanos con numerosas poblaciones de sus ciudadanos que viven allá. Sus remesas tienen un papel importante en sus economías.
Como también cabía esperarlo, las organizaciones hispanas se movilizan para presionar contra este proyecto que fue aprobado por la Cámara de Representantes del Congreso el 14 de diciembre pasado. El proyecto se conoce como Ley Sensenbrenner, por el autor principal de la iniciativa, el representante republicano James Sensenbrenner.
El tema migratorio es uno de los más difíciles políticamente en Estados Unidos. Ninguna administración en las últimas dos décadas ha dado una respuesta satisfactoria. Solamente ha habido algunas amnistías para determinados grupos, o bien parches como los Estatus de Protección Temporal o TPS —permisos temporales de trabajo—, o leyes para algunos sectores de la inmigración, como fue la Ley NACARA, que cobijó a decenas de miles de nicaragüenses y cubanos y les permitió aplicar a la residencia.
La Ley de Protección Fronteriza, Antiterrorismo y Control de la Inmigración Ilegal (H.R. 4437) , pasada por la Cámara de Representantes, introduce varios elementos restrictivos: penaliza la situación de indocumentado —uno podrá ser deportado o encarcelado—, a las personas que ayuden a individuos en tal situación —o sea, al menos en teoría, dar agua a un pobre hombre que acaba de cruzar el desierto de Arizona, si es que lo ha logrado, podría ser un crimen—, dificulta la adopción de la ciudadanía.
El congresista con las posturas más antiinmigrantes, según la prensa mexicana, el republicano de Colorado, Tom Tancredo, agregó al proyecto original enmiendas drásticas: la supresión de la concesión de la ciudadanía a niños de padres ilegales que hayan nacido en EE.UU. y la construcción de una valla o muro de seguridad doble en unos 1,100 kilómetros de la frontera con México, de acuerdo con el Consejo Nacional de la Raza, un grupo de interés hispano en Washington.
La minoría hispana en EE.UU. es ahora la más grande y de más rápido crecimiento demográfico; llega a alrededor de los 40 millones de personas. Entre ella hay unos 11 millones de ilegales. Los inmigrantes envían unos 55 mil millones de dólares al año; el grueso de los ilegales son mexicanos y aportan más de 20 mil millones de dólares anuales; de ahí que las críticas más duras provengan de México.
Los nicaragüenses en el exterior envían un poco menos de 900 millones de dólares al año, según las últimas cifras oficiales, lo que equivaldría a las exportaciones en 2005.
Una cacería de indocumentados, su deportación o encarcelamiento, tendrían consecuencias muy serias para nuestra economía y sus familias aquí y allá. De igual modo se ve esto en el resto de Centroamérica, República Dominicana y Colombia.
Por ello, sus cancilleres y vicecancilleres se reunieron el lunes pasado, con el auspicio de México, para emitir una tibia declaración que muestra a Washington su preocupación.
Los firmantes del documento piden que a los migrantes se les dé , “sin importar su condición migratoria, la protección plena de sus derechos humanos y la observancia plena de las leyes laborales”, en un país que se considera a sí mismo el paladín de los derechos humanos y que acostumbra aleccionar a los demás. Abogan por soluciones más amplias al tema migratorio y ofrecen trabajar en conjunto.
La Ley H.R. 4437 debe ser vista desde dos ángulos importantes. Por un lado, responde a preocupaciones de seguridad que son justificadas. Así como narcotraficantes y coyotes utilizan la amplia frontera EE.UU.-México, los terroristas podrían tratar de entrar de ese modo.
Y desde luego, es evidente que la ley tiene un contexto político clave. Éste es un año electoral: se renueva la totalidad de los 465 escaños de la Cámara, y un tercio del Senado. Para numerosos representantes, ésta ha sido una magnífica oportunidad de mostrarse duros contra la migración ilegal, a la cual se opone la mayoría del electorado. Y no olvidemos que el grueso de los votantes siguen siendo los “WASP”: blancos, anglosajones y protestantes.
Un aspecto curioso permite reflexionar sobre la tan discutida influencia creciente del electorado hispano: es un hecho, pero son apenas siete millones de electores (en 2004) de un universo de alrededor de 160 millones, y los temas que más le preocupan son —como a la mayoría “WASP”— el empleo, la economía y la seguridad. Su situación es distinta a la de los ilegales, pues hablamos ya de ciudadanos.
El proyecto de ley tiene que ser discutido aún por el Senado. Se espera que la cámara alta apruebe una versión más benigna, pero es incierto qué pasará al final. Y una verdadera reforma migratoria, que no sea solamente represiva, seguirá esperando ver la luz.
