- Defensa de Hernández dice que policías contaminaron a su cliente con pólvora
Elízabeth Romero y Mercedes [email protected]
La herida aún está sangrante. El dolor por la muerte de la periodista María José Bravo ha marchitado los rostros de sus seres queridos: su madre Antonia Sánchez y su hermana Esperanza Sevilla Sánchez, para quienes el crimen sigue siendo un enigma.
A un año de ocurrido el asesinato de la corresponsal de LA PRENSA, el llanto es el único consuelo que queda para su progenitora y su hermana, mientras el culpable Eugenio Hernández, ex alcalde del Partido Liberal Constitucionalista (PLC), en el municipio de El Ayote, se esconde en los barrotes de su celda en el penal de Cuisalá, Juigalpa, para evitar confesar la verdad.
Mientras, la defensa trata de sostener una apelación con los viejos argumentos del accidente y la “bala saltarina”, sin que el Tribunal de Apelaciones de la Circunscripción Central emita su fallo.
“Personalmente creo que lo que ocurrió fue un accidente, lamentable”, afirma Julio Abaunza, defensor de Hernández, en declaraciones a LA PRENSA, quien repite casi las mismas palabras que dijo ante la Juez de Distrito Penal de Juigalpa, Rosa Inés Osorio, durante el juicio oral y público realizado el 25 de enero del presente año, a quien no convenció con sus argumentos.
“El tiro primero impactó en la acera, en la pared y hasta después al fraccionarse, al desprenderse se fue el núcleo alojado en el cuerpo de María José, y este núcleo fue encontrado por la forense y se lo entregó a uno de los policías…”, sostiene Abaunza, quien asegura que basa sus alegatos en un peritaje de balística realizado por los peritos Noel Chavarría Lezama y Marvin Quintero Carcache.
Abaunza refiere que según el análisis practicado al núcleo de plomo encontrado en la víctima, por los peritos Chavarría y Quintero, señala en parte que: “Al tocar la primera barrera no existió penetración, sino impacto y en ángulo tal que deforma la punta y la superficie lateral cilíndrica”.
La Policía había emitido un informe de balística antes de la audiencia inicial en noviembre del 2004, conocido como “bala saltarina”, según el expediente firmado por los mismos peritos. Pero no fue tomado en cuenta durante el juicio y entre otras cosas mencionaba la existencia de “dos brechas de rebote, una sobre el andén a ocho centímetros del muro y otra sobre el muro, 20 centímetros hacia el este de la brecha antes descrita… en dirección sureste rebotó contra el piso y ascendiendo rebota contra el muro siempre en dirección sureste, desviándose hacia el noreste coincidentemente del punto donde se encontraba la víctima al momento de ser impactada…”
Abaunza igual menciona las conclusiones del perito en química del Laboratorio de Criminalística, Emilio José Hernández, quien determina que el proyectil que rebotó en la acera del Instituto Nacional de Chontales, “pegó en la pared, se fraccionó la camisa del proyectil, quedó en el piso y que el núcleo del proyectil que siguió su ruta hasta impactar en el cuerpo de María José, estaba con adherencia de pintura blanca, pintura roja acrílica y con adherencia de cemento de la pared”. Este peritaje no fue conocido en el juicio.
En el juicio el abogado acusador particular Mario Orozco Scott (q.e.p.d.), defendió que el peritaje de balística demostraba que la bala rozó dos superficies y que las huellas en el plomo extraído del cuerpo mostraban minúsculos restos de algodón y huellas de dos colores: rojo, como el bolso desde donde dispararon y blanco, como la camisa de algodón que usaba la víctima el día del crimen.
Este alegato fue tomado en cuenta para que la sentencia en contra del ex Alcalde del municipio de El Ayote fuera tipificado por el delito de asesinato.
El , indica que “los argumentos que presenta el abogado defensor para sustentar su recurso de apelación son inconsistentes porque se está hablando de pruebas no incorporadas al juicio”.
INSISTE EN ACCIDENTE
Abaunza insiste en que hubo testigos que corroboraron la versión del accidente y menciona la declaración del adolescente Leslie Álvarez, quien acompañaba a Hernández esa tarde del 9 de noviembre de 2004, donde la corresponsal de LA PRENSA fue asesinada de un disparo a la altura de la región torácica.
“Agarré el bolso, lo pusimos entre los dos en la malla, en frente de mí, estaba recostado en la malla, el bolso se suelta, de un agarradero, vuelvo a ver, miro para abajo, el bolso echaba humo. Eugenio agarró el bolso. Yo le dije a la Policía él anda conmigo…”, fue el testimonio de Álvarez.
La juez Osorio indica en la sentencia del 26 de enero del presente año que desestimó la declaración de Álvarez, debido a que el testimonio de Quintero lo contradecía.
Durante el juicio Quintero fue convocado a declarar para corroborar el informe pericial que establece que el revólver calibre 38, marca Astra, ocupado a Hernández, estaba apto para el disparo y a través de manipulación humana.
En su intervención Quintero llegó a sostener incluso que el disparo en contra de la víctima “fue directo”, y manifestó que hicieron experimento en el sitio del crimen y el arma “no se logró disparar”. “Este tipo de arma tiene que estar cargada, hay que accionarla con fuerza… él solo no se dispara”, afirmó Quintero.
ALEGATO VIEJO
Otro alegato que Abaunza sigue defendiendo es que su cliente fue contaminado con pólvora por los policías que abrieron el bolso tras ocurrido el crimen. Además alega que su defendido es diestro.
El fiscal indica que esta hipótesis de Abaunza quedó desvirtuada en el juicio, pues el perito explicó que no podía contaminarse.
“Cuando el acusado fue detenido, él pretendía escabullirse dentro del colegio y el bolso se abrió hasta que llegaron los peritos y comenzaron a sacar piezas tras piezas de todos los elementos que habían allí, ese aspecto también quedó desvirtuado”, destaca García.
Desde el comienzo del proceso la Fiscalía sostuvo que en la muerte de la corresponsal de LA PRENSA, hubo “dolo, en el sentido de la intención que (Hernández) tuvo al disparar”, refirió el fiscal García.
En su sentencia la judicial Osorio tomó en cuenta el testimonio del Jorge Luis Esquivel, perito químico del Laboratorio de Criminalística de la Policía de Chontales, quien confirmó que encontró residuos de productos nitrados (pólvora) en el dorso de la mano izquierda del imputado, no así en la mano derecha, lo que significa que Hernández disparó con la mano izquierda desde el interior del bolso rojo, en el cual escondía el revólver.
ESTARÁ HASTA EL 2029
Hernández fue sentenciado a 25 años de cárcel por el asesinato de Bravo. El crimen ocurrió a las 6:30 p.m. del 9 de noviembre del 2004, en la entrada del Instituto Nacional de Juigalpa, Chontales, Josefa Toledo de Aguerri, el cual servía como centro de cómputos de las elecciones municipales, por lo que la periodista cubría las protestas que hacían simpatizantes de la Alianza para la República (Apre) de Santo Tomás y del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) de Cuapa, por los resultados electorales en esos municipios.
Hernández es uno de los 207 internos que guarda prisión en la galería número uno de ese penal de Chontales. En ese sitio deberá permanecer hasta el 2029, de ratificar el Tribunal de Apelaciones la sentencia dictada por la juez Rosa Inés Osorio.
Está en régimen laboral pero el jefe de esa penitenciaría, Dionisio Palacios, no supo explicar qué actividades concretas realiza. El jefe del penal estima que Hernández “o es demasiado inteligente o es demasiado disciplinado”, pues no les da problemas.
La apelación presentada por la defensa es un conjunto de apelaciones de incidentes y de apelación de sentencia emitida por la juez Osorio, pero fueron fusionadas en un mismo expediente, explicó el presidente del Tribunal de Apelaciones, Víctor Báez.
Ante un supuesto que el tribunal fallara a favor de las pretensiones de la defensa, la Fiscalía presentará un recurso de casación.
INDISPUESTO
El asesino Eugenio Hernández prefirió no hablar con el equipo de LA PRENSA que visitó el penal. «En este momento no estoy en disposición de dar entrevistas a periodistas… Cualquier duda que se la consulten a mi abogado doctor Julio Abaunza», refiere una nota manuscrita enviada por el reo y llevada por uno de los funcionarios del penal.
