- Magistrado Solís considera que pueden llegar a un arreglo con el Gobierno
Mirna Velásquez [email protected]
Contrario a lo que expresaron la semana pasada algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), el Poder Judicial dio muestras ayer de flexibilidad en torno a la interpretación del cuatro por ciento que la Constitución establece como presupuesto para ese Poder del Estado.
Luego de una reunión con el ministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, el magistrado Rafael Solís, vicepresidente de la CSJ, dijo que necesitan 880 millones de córdobas para poder funcionar en el 2006, pese a que semanas atrás defendían los 900 millones que le correspondían a la Corte, conforme a lo establecido en la Constitución.
“Va a haber flexibilidad para esa negociación y yo creo que si logramos andar por ese monto, una vez que se establezca sobre la base del cálculo, vamos a sentirnos tranquilos, (…). Hay que ser flexibles, el país necesita obviamente la flexibilidad de todos los que tenemos asignaciones constitucionales”, expresó el magistrado.
Anteriormente, el presidente del Poder Judicial, Manuel Martínez Sevilla, se refirió al tema diciendo que aspiraban a lo que la Constitución dice y que no se trataba de “complacencias o de tolerancia, sino de aplicar la Constitución”.
Arana, por su parte, explicó que hay algunas restricciones para cumplir con el cuatro por ciento, pero están “tratando de encontrar el camino para dar cumplimiento”.
“Hemos acordado, igual que hemos tratado en el caso del CNU (Consejo Nacional de Universidades), de abrir un mecanismo de comunicación para tratar de ver cómo vamos a manejar el tema de las asignaciones constitucionales a la luz de los cambios en el método de presentación del presupuesto en particular”, declaró Arana.
El presupuesto asignado para el 2006 a la CSJ es de 759.1 millones de córdobas, más de 77.8 millones de córdobas en relación al año pasado.
“Hay un compromiso del Gobierno y un reconocimiento de que los presupuestos constitucionales son claves, son elementos de nuestra Constitución y siempre hemos estado apegados a Derecho”, afirmó Arana.
“Lo que hay es una restricción financiera fiscal para manejarlo en este momento en la manera como tuvimos que haberlo manejado, entonces estamos reevaluando esta situación, intercambiando puntos de vista y esperamos llegar a alguna forma de manejar la situación que se apegue al principio jurídico”, añadió el funcionario.
El Ministro reconoció que el proyecto actual de presupuesto, puede sufrir algunas variaciones y podrían “terminar de ver los números actuales y maniobrar dentro del techo presupuestario” que en este momento tienen.
Ayer la Sala Constitucional de la CSJ notificó a los diferentes poderes del Estado, sobre una sentencia en la cual declararon la inconstitucionalidad del presupuesto asignado en el 2004 al Poder Judicial.
Solís dijo que dicha sentencia ya no puede ser aplicada ni buscarán que el Ejecutivo les pague la diferencia, pero recalcó que los montos deben ser calculados sobre el presupuesto total del país, sobre ingresos y egresos.
