Roberto Pérez Solí[email protected]
La Superintendencia de Pensiones (SIP) tiene sus días contados.
El pasado 28 de octubre —en horas de la tarde— el presidente Enrique Bolaños, mediante un escrito enviado a la primera secretaría de la Asamblea Nacional, solicitó la derogación de la Ley 340 o Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones y Ley 388 o Ley Orgánica de la Superintendencia de Pensiones.
En su exposición de motivos, el mandatario asegura que por la ineficiencia social e inviabilidad financiera que produce el sistema de capitalización individual, las repercusiones negativas que ocasionaría al equilibrio fiscal del Estado en detrimento a la Seguridad Social, solicitó la derogación de ambas leyes.
La SIP en un inicio se vendió como la panacea que salvaría al deteriorado sistema de Seguridad Social del país.
Pero al final se concluyó que no era viable porque además de provocar un déficit millonario al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), el nuevo sistema de ahorro para pensiones causaría un incremento del doble en la deuda interna del país, calculada en unos 1,400 millones de dólares.
Cuando este año los diputados aprobaron las reformas a la Ley 539 o Ley de la Seguridad Social, se avizoró el fin de la SIP.
Pero al suspenderse la entrada en vigencia de las mismas hasta enero del 2007, con la aprobación de la Ley Marco, los trabajadores de la institución pensaron que el cierre todavía no se haría efectivo.
La propuesta de Bolaños posiblemente sea discutida por el plenario de la Asamblea Nacional mañana jueves o el viernes, pero desde ya cuenta con el visto bueno de los diputados sandinistas.
NO ES INCONSTITUCIONAL
“Es lógico (apoyar la derogación), es un logro de Nicaragua que las empresas privadas no manejen los fondos de pensiones, no tiene por qué existir una Superintendencia (de Pensiones)”, dijo Edwin Castro, coordinador de la bancada rojinegra.
“No sería inconstitucional la derogación de ambas leyes porque queda vigente la ley actual de la Seguridad Social, que estaba antes de las reformas constitucionales”, agregó el también diputado sandinista Gustavo Porras.
Sin embargo, el liberal Guillermo Montenegro dijo que su bancada todavía no tiene una posición clara sobre la solicitud del presidente Enrique Bolaños. “Vamos a analizarla detalladamente, pero aprobaremos lo que más le convenga a Nicaragua”, sostuvo.
LA PRENSA trató de conocer la versión del Superintendente de Pensiones, Ramiro Sacasa Gurdián, pero se nos informó que estaba fuera de la institución porque se encontraba muy enfermo.
