Nadie pide vídeo de los US$609,000

Ni la Policía Nacional ni la Fiscalía ni la comisión investigadora de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) han mostrado interés en incorporar a las investigaciones un vídeo tomado en la sucursal del Banco de la Producción (Banpro) de la Carretera Norte, en Managua, en el que se revela la identidad de las personas que retiraron los 609 mil dólares que se encontraban en una cuenta a nombre de la misma Corte.

Fuentes relacionadas con las investigaciones confiaron a LA PRENSA que existe un vídeo que está en manos del Banco, porque hasta ahora ninguna de las instancias correspondientes lo ha solicitado, pese a la relevancia de esta evidencia.

El comisionado Julio González, jefe de la Dirección de Auxilio Judicial (DAJ) de la Policía Nacional, confirmó que esa institución no ha hecho la solicitud, dado que la Fiscalía es la que está al mando de las averiguaciones.

“Nosotros no lo hemos hecho porque no llevamos la iniciativa. Eso no está en el plan de trabajo. Estamos coadyuvando en las investigaciones, pero quien tiene la dirección de las investigaciones es la Fiscalía”, expresó González.

De acuerdo con la fuente, hasta ahora sólo existe una providencia hecha por la fiscal adjunta María Lourdes Bolaños, en la que solicita un informe sobre el movimiento que registra la cuenta, pero en ningún momento se menciona la cinta.

Tanto la fiscal adjunta Bolaños, encargada de las investigaciones, como el fiscal general Julio Centeno Gómez y los magistrados judiciales que lideran las averiguaciones de la trama jurídica que permitió la salida ilegal del dinero, no pudieron ser localizados ayer en sus teléfonos móviles.

“Nadie ha llegado a pedir nada”, aseguró la fuente, al referirse a la Policía, Fiscalía y CSJ.

REPARTIDERA ANTE LAS CÁMARAS

La información señala que en la cinta aparece Sergio Ramón Meléndez Aguilar, junto a tres personas más, retirando el dinero.

Las investigaciones han revelado que Meléndez Aguilar consiguió retirar el dinero como apoderado generalísimo de los procesados Luis Ángel González Largo también conocido como Jorge Eliécer González Hernández, y Leyla Bucardo, a quienes les fue incautado el dinero en el 2004.

Según la fuente, la repartición del dinero se hizo entre las cuatro personas mencionadas, y esta escena fue captada por la cámara. “Cada uno agarraba una parte”, dijo la fuente.

Un día antes de que esto ocurriera, los interesados llegaron a la sucursal bancaria con intenciones de sacar el dinero, pero en vista de que el Banco no tenía esa cantidad en efectivo, preguntaron cuándo podrían regresar, y lo hicieron al día siguiente.

Los 609 mil 540 dólares fueron pagados en seis cheques, todos por el valor de 100 mil dólares, más uno por los 9,540 dólares restantes, detalló la misma fuente.

Los cheques estaban a nombre de González Largo, condenado a diez años de prisión por lavado, y su novia Leyla Bucardo. Se presume que el dinero proviene de actividades ligadas al narcotráfico.

JUEZ BONILLA CONTRADICTORIA

La Juez Penal de Tipitapa, Julissa Carolina Bonilla Martínez, una de las implicadas en el caso, envió un informe el 20 de octubre pasado, al Consejo Nacional de Administración y de la Carrera Judicial, que investiga la trama, en el cual justifica su participación.

La juez, quien fue suspendida por decisión de la comisión investigadora —conformada por cuatro magistrados—, intentó explicar en el escrito, que los poderes concedidos por los procesados a Meléndez Aguilar, no son falsos, como se supone.

Según Bonilla Martínez, el 9 de agosto, día en que supuestamente ella elaboró los poderes, no quedó registrado su ingreso en el Sistema Penitenciario Nacional (SPN) porque obtuvo un “permiso especial”.

“Mi ingreso al Sistema Penitenciario Nacional fue autorizado de manera especial, por amigos funcionarios que no puedo estar dañando su nombre y prestigio por simples rumores y falsas afirmaciones en los medios de comunicación”, señala parte del escrito de Bonilla.

Según la documentación en poder de LA PRENSA, los dos poderes fueron hechos el 9 de agosto pasado. El primero fue elaborado a las 4:30 p.m. y el segundo, a las 5:00 p.m.; situación materialmente imposible, porque González Largo y Bucardo se encontraban en dos centros penitenciarios distintos y a una distancia considerable.

El alcaide José Mora, vocero del SPN, declaró que en respuesta a una petición de la Corte, informaron que ese día Bonilla no ingresó a la Cárcel Modelo, ubicada en Tipitapa, ni al Centro Penitenciario de Mujeres La Esperanza, situado en el kilómetros 14, en la Carretera a Masaya.

Agregó que, aunque un funcionario permitiese el ingreso al penal a determinada persona, todos los visitantes deben identificarse y presentar su acreditación en el portón de entrada; descalificando así la versión de la juez.

Por otra parte, Bonilla argumentó que el día 5 de octubre, otra de las fechas en que supuestamente visitó a González Largo en la cárcel, éste firmó en su protocolo un poder general judicial en el cual el reo cedía dicho poder al abogado Israel Zelaya Rivas, en el Tribunal de Apelaciones de Managua; sin embargo, no hay certeza de que su dicho sea como ella lo plantea.