María José Uriarte R. yMirna Velá[email protected]
La Asamblea Nacional formará en las próximas sesiones una comisión especial para investigar el caso de la fuga de 609 mil dólares de una cuenta de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), acción en la que supuestamente están involucrados funcionarios del sistema judicial.
El diputado liberal Carlos Noguera presentó la solicitud, que fue respaldada por varios parlamentarios, pero el diputado sandinista Edwin Castro dijo que no había que precipitarse.
“Creo que hay que ser respetuoso de los poderes (del Estado), la Corte está investigando, ellos tienen sus mecanismos y yo creo que hay que esperar, ellos tienen la obligación de hacer su investigación”, opinó el diputado sandinista.
Esa posición no fue compartida por el diputado Azul y Blanco, Orlando Tardencilla, quien afirmó que de ser así, es una mala señal, porque existe un principio de que hay que preservar la integridad institucional de los órganos y, por tanto, debe ser una preocupación de todos los diputados y no de algunas bancadas esa situación.
Para el diputado Tardencilla es vital el esclarecimiento de lo que sucedió en la trama de los 609 mil dólares, que hasta el momento continúan sin aparecer, ya que es un caso donde se ha cuestionado seriamente a la CSJ, e incluso la honorabilidad personal de magistrados.
“Porque tanto lodo al Poder Judicial, creo que es algo más que un derrame de un cerro, hay mucho lodo en el Poder Judicial, y tal vez el lodo que proviene de factores externos de la Corte se pudiera refutar, como un lodo político, pero cuando el lodo proviene de actos inadecuados a lo interno del mismo Poder, ese lodo lleva doble daño porque no sólo afecta la credibilidad, sino incluso la propia honorabilidad de los que la componen, de todos los jueces y de todos los magistrados, y eso no debe ser admitido por nadie”, enfatizó Tardencilla.
Dijo que si le encuentran responsabilidades a magistrados, como podría suceder con Rógers Camilo Argüello, uno de los mencionados en el caso, podría caber su destitución, ya que es una causal para proceder en ese sentido.
El diputado liberal Donald Lacayo expresó que la moción de Noguera se origina en declaraciones de magistrados, que expresaron que no se pueden auto-investigar, por lo que corresponde a la institución que los eligió impulsar ese proceso.
Lacayo aclaró que la investigación es para determinar el origen de los 609 mil dólares, en qué juzgado fueron depositados, cómo pasaron a la CSJ, dónde se depositaron, quién los depositó y por qué desembolsaron ese dinero, bajo qué argumentos se dio todo ese proceso.
“No es a la Corte a la que vamos a investigar, puede haber varios (involucrados) pero se va a investigar el hecho, ahí no se va a señalar ni a Rogers Camilo Argüello, que lo han mencionado, ni a cualquier otro magistrado, si resultara, que es una condicional; si de las investigaciones que se hagan con elementos de juicio, hay responsables; entonces lo considerará el plenario, en su momento dirá qué es lo que procede”, adujo Lacayo.
El magistrado Rogers Camilo Argüello, uno de los implicados en toda la trama orquestada para ‘liberar’ los 609 mil dólares de una cuenta a nombre de la CSJ, continúa sin explicar a la opinión pública su participación en el caso.
Pese a que Argüello prometió brindar una entrevista a los medios de comunicación la semana pasada, después de su regreso a ese Poder del Estado, eso no sucedió y más bien hizo circular una sentencia relacionada al caso, la cual es considerada ilegal.
La salida de los 609 mil dólares se originó con un recurso de exhibición personal promovido por un grupo de abogados a favor de los procesados Luis Ángel González Largo y Leyla Bucardo, condenados a diez años de prisión por lavado de dinero. Al momento de su detención llevaban oculto el dinero en una llanta.
