- La finca donde hubo tres muertos durante desalojo
Carol MunguíaCORRESPONSAL / [email protected]
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Fallo a favor de dueños de La Pañoleta
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La finca donde hubo tres muertos durante desalojo |
Carol Munguía
CORRESPONSAL / CHINANDEGA
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La Juez Primero de Distrito Civil y Laboral de Chinandega, Sara María Núñez, dio lugar a la demanda que interpusieron los socios de Agropecuaria La Cascada, conocida como La Pañoleta, perteneciente a una familia de apellido Castillo.
La juez ordenó un nuevo desalojo, de ser necesario por la fuerza pública, para restablecer la posesión del inmueble de 22 manzanas y que está dividido en las propiedades rurales Pand Brand y Los Cocos, ubicadas sobre la carretera a Corinto.
Esta propiedad, tomada desde el pasado dos de febrero por un grupo de 100 precaristas, sentó las bases para un asentamiento espontáneo, luego que el pasado 23 de febrero, en un violento desalojo policial, murieron tres civiles y siete policías resultaron heridos.
Desde entonces, sus representantes advirtieron que era muy difícil que estas personas cesaran en sus pretensiones, y más bien hasta han destruido los retoños de un cultivo existente, donde se calculaba una producción de mil toneladas de caña por manzana.
A simple vista se observa el terreno lotificado, con agua potable y viviendas construidas.
Durante los sucesos, ocurridos el 23 de febrero de este año, perecieron de disparos en la cabeza, Adilia Rivera, Walter Arata Munguía y Walter Bismark Estrada, acontecimientos que fueron utilizados como bandera de lucha del movimiento “Toma de tierra en Chinandega”, que en el mes de febrero contabilizó siete casos de tomas de propiedades.
El juicio se interpuso en contra de los señores Modesto Esteban Ruiz Osorio, Edwin Antonio López Nicaragua, Pedro José Pérez Madrigal, Pedro Pablo Miranda Martínez, Bernardo Antonio Mejía Suazo, José Ramón Gómez Dolmus, Norving Antonio Meza Méndez y Felipe de Jesús Gómez Parada, a quienes se les dirige el fallo de la juez Núñez sobre el inminente desalojo.
El apoderado general de la familia Castillo, Salvador Baca, pidió el miércoles a la judicial, aclarar si el desalojo será en contra de las ocho personas acusadas o si éste se extiende a las casi 200 familias asentadas en el reparto, que ilegalmente se posesionaron de la tierra.
Los pobladores, oxigenados por el discurso del FSLN, dijeron que no entregarán ni una cuarta de tierra y lanzaron rumores de que se encuentran apertrechados de trabucos, bombas y morteros, para resistir nuevamente el desalojo.
El comisionado Aldo Sáenz, jefe de la Policía de Chinandega, informó ayer que aún no recibe orden de desalojo de la judicial, pero si ésta llega, deberá ejecutarla.
Se estima que este fin de semana podría devolverse la propiedad a la familia Castillo, y hay mucha tensión por esta resolución judicial en Chinandega.
